Alcalde de Morochata dice que pagarán la multa si el juez sanciona a Morales

El alcalde de Morochata, Pedro Mercado, dijo que el municipio y las organizaciones sociales de esa región se harán cargo de la multa en caso de que el juez Omar Blanco decida sancionar al presidente Evo Morales, denunciado por haber ofrecido obras a cambio de votos en un acto público el pasado 18 de junio.

“Yo como alcalde considero que ha sido una broma y lo ha malinterpretado la oposición, y nosotros como Morochata estamos tomando decisiones, vamos a garantizar los votos y también vamos a ver la posibilidad de que nosotros como municipio asumamos la sanción que recaiga al señor Presidente en el proceso que están pidiendo”, dijo Mercado a Los Tiempos.

Morochata tiene una población de 13 mil habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y es uno de los 22 municipios más pobres del país.

La autoridad municipal aseveró que dejarán que la justicia haga su trabajo, que no se presionará al juez y, que en caso de que éste decida una sanción pecuniaria, el municipio se podría hacer cargo.

En el acto del 18 de junio, Morales dijo: “Si me garantizan el 100 por ciento (de votos), lo que ustedes me pidan”, por lo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitió al juez electoral, la denuncia por una posible vulneración de la Ley de Régimen Electoral.

Morales pidió disculpas cuatro días después y aseguró que se trató sólo de una broma. Sin embargo, antes, el 16 de mayo en Caranavi, el Mandatario también hizo una declaración similar: “Si es 100 por 100 (de votos) el 20 de octubre, lo que ustedes pidan”.

Según el informe técnico del TSE, Morales habría incurrido en las posibles faltas electorales por inobservancia de los artículos 116, inciso a, que refiere a al periodo de propaganda electoral en actos públicos de campaña; y el artículo 119, parágrafo I, inciso f, que señala la prohibición de la realización de propaganda electoral en actos públicos de campaña “que implique el ofrecimiento de dinero o prebenda de cualquier naturaleza”.

Según el Reglamento de Sanciones y Faltas, la vulneración de la normativa electoral tiene una sanción pecuniaria, es decir, económica, de entre cinco a 10 salarios mínimos. El salario mínimo en el país es de 2.122 bolivianos.

El caso cayó por jurisdicción en el juzgado presidido por Omar Blanco, en Morochata, que tiene seis días para emitir resolución, según el artículo 249 de la Ley 026. La denuncia fue remitida el 27 de junio.

El alcalde Mercado dijo que Morales hizo cuatro bromas ese día y que eso se debe a que el Presidente le tiene mucho cariño a Morochata.

“Nosotros no necesitamos que nos ofrezca obras por votos, nosotros somos fieles al instrumento, no existe oposición en el municipio, nosotros a conciencia sin que nadie nos obligue garantizamos el 100 por ciento de votos”, dijo.

El TSE emitió denuncia contra el Presidente por dos presuntas faltas electorales.

Norma señala que hay apelación 

Según el artículo 250 de la Ley de Régimen Electoral, una vez que el juez emita en primera instancia la resolución motivada por la denuncia de faltas electorales, como es el caso del presidente Evo Morales en Morochata, podría proceder el recurso de apelación ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) y, posteriormente, el recurso de casación y/o nulidad ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En caso de que el proceso llegue hasta el TSE, la resolución que se emita desde esta Sala Plena tendrá calidad de cosa juzgada.

Hay tres denuncias contra el MAS por faltas y delitos

El denominado caso Morochata, por las declaraciones del presidente Evo Morales en ese municipio, no es el único proceso que la oposición inició contra el oficialismo.

Los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría presentaron una denuncia contra el mandatario por uso indebido de bienes del Estado en campaña, por un acto de colectivos oficialistas que se realizó el pasado domingo en la Escuela de Salud en Cochabamba. 

La oposición también denunció al MAS por las declaraciones del dirigente de norte Potosí, Ever Rojas, quien dijo que se “envenenará” a los opositores que ingresen a hacer campaña en esa región. El dirigente aclaró luego que el envenenamiento será ideológico. El TSE rechazó estas declaraciones y advirtió con usar los mecanismos legales para garantizar el derecho a movilización.

//Los Tiempos//