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El Ministerio Público de Perú, que investiga a cuatro expresidentes involucrados en la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, ha concretado este martes la primera acusación a uno de ellos ante un juez. El fiscal Germán Juárez ha pedido 20 años de prisión para Ollanta Humala, y 26 años para la ex primera dama Nadine Heredia, por lavado de activos y por supuestamente dirigir una organización criminal. Humala, un ex oficial del Ejército, gobernó el país entre 2011 y 2016.
El fiscal del equipo especial destinado a investigar la trama de Odebrecht sostiene que la pareja, fundadora del Partido Nacionalista, dirigió una organización criminal que inyectó a la economía peruana fondos procedentes del Gobierno de Venezuela para la campaña electoral de 2006, y de la caja b de Odebrecht para la campaña de 2011, indicó una fuente de la Fiscalía a EL PAÍS.
Según el fiscal provincial, la acusación, basada en la “copiosa información” que se obtuvo en Brasil y en otros países sobre el caso Odebrecht, "está orientada a establecer que hubo un delito de lavado de activos en las campañas de los años 2006 y 2011 por parte del Partido Nacionalista, que fue instrumentalizado por los principales codenunciados [Humala y Heredia]”.
Las pruebas indican que Odebrecht aportó tres millones de dólares, procedentes del departamento de sobornos, y que el dinero fue depositado en cuentas bancarias de Heredia y de su entorno. En tanto que los fondos procedentes del Gobierno venezolano fueron transferidos a través de pequeñas empresas a Heredia, quien simuló haber realizado consultorías. La ex primera dama es acusada de lavado de activos en la forma de conversión —al igual que su esposo—, y además será juzgada por ocultamiento.
El Ministerio Público también solicita 26 años de prisión para Rocío Calderón, una exfuncionaria pública amiga de Heredia, y 20 años para un hermano y la madre de la esposa del expresidente. Asimismo, pide penas de 10 años de privación de libertad para otros siete acusados de pertenecer a la organización que blanqueó el dinero durante las campañas electorales.
El fiscal Juárez, en un vídeo difundido este martes por el Ministerio Público, explica que la acusación no es por delitos comunes, sino por un caso complejo en el que investigaron a casi un centenar de personas, y para el que levantaron el secreto bancario, bursátil y de las comunicaciones. Igualmente incorporaron testimonios de colaboradores eficaces.
“Ha sido bastante trabajoso consolidar toda esa información. Hemos recabado información de todos los 80 o 90 (ciudadanos) registrados como aportantes (de la campaña de 2011), y cuando declararon dijeron que no habían aportado al Partido (Nacionalista) nunca”, explicó Juárez, uno de los cuatro fiscales provinciales del Equipo Especial Lava Jato, que investiga a los principales políticos en Perú.
La acusación fiscal asimismo solicita al juez la disolución del Partido Nacionalista, pues fue usado por la organización criminal para el blanqueo de capitales. Dicha agrupación actualmente no cuenta con representación en el Congreso. La vocera del Partido Nacionalista, Cynthia Montes, comentó en Twitter que esa es “una medida ilegal que demuestra una intencionalidad política”.
Antes de que se inicie el juicio oral contra Humala, su esposa y el resto de acusados, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho debe convocar a una audiencia de control de acusación fiscal, en la que verificará que las pruebas correspondan con las imputaciones planteadas por el Ministerio Público.
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