El Ministerio Público en Sucre inició de oficio una investigación contra autor y autores de la supuesta alteración del Auto Supremo 75/2015 que fue modificado para frenar la detención preventiva con fines de extradición del narcotraficante Pedro Montenegro Paz, ahora detenido en Palmasola; ayer declararon algunos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se citará a otros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Este diario conoció ayer que algunos funcionarios judiciales declararon en el Ministerio Público, información que fue confirmada por la noche por el fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, quien señaló que fue notificado con la sentencia constitucional 0711/2016, de julio de 2016, que establecía el inicio de investigaciones sobre la supuesta existencia de dos autos supremos el caso Montenegro.
En dicha sentencia, el TCP revocó la resolución de un juez de Cotoca (Santa Cruz) que otorgó tutela a Montenegro dejando sin efecto el auto supremo que disponía la detención del supuesto narcotraficante que era requerido para ser extraditado a Brasil.
Además, el mismo fallo, disponía “que el TSJ y el Ministerio Público inicien acciones destinadas al esclarecimiento de los hechos que determinaron la falta de correspondencia de la versión digital con el documento físico del Auto Supremo 75/2015 que resultó determinante para la otorgación de tutela mediante acción de libertad del extraditable”.
Esta última disposición no fue cumplida por el TSJ ni por el Ministerio Público, desde julio de 2016, y la Fiscalía recién fue notificada que inició la investigación de oficio contra autor y autores por los delitos de incumplimiento de deberes y falsedades, según confirmó el fiscal Nava Morales.
Una vez identificada la supuesta existencia de dos autos supremos, la versión digital que no coincide con el original, el Ministerio Público solicitó informes al TSJ y al TCP para esclarecer esta presunta alteración de una sentencia y establecer por qué no se notificó con las disposiciones constitucionales a la Fiscalía y al TSJ dentro del plazo razonable para su esclarecimiento oportuno.
Hace dos semanas, el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, denunció que algunos funcionarios judiciales habrían modificado el Auto 75/2015 para paralizar la detención de Montenegro y dijo que instruyó el inicio de una investigación interna para establecer responsabilidades.
EN SANTA CRUZ
En la capital oriental, en la vía penal el Ministerio Público convocó al vocal Darwin Vargas y a su esposa, la magistrada suplente Joyce Lizeth Choquerive para que declaren por su supuesta vinculación con Montenegro.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, señaló que hacen seguimiento de este proceso; el único juez cesado es Juan José Paniagua por haber contraído una deuda de Bs 350 mil con el supuesto narco.
El Consejo todavía averigua si amerita un proceso disciplinario contra el vocal Vargas, no tiene ninguna denuncia formal en su contra.
Este escándalo se desveló tras la aparición de fotografías que involucran a exjefes policiales, jueces y magistrados con el narcotraficante Montenegro.
En las fotografías también figuran el expresidente del TCP Oswaldo Valencia y su exsecretaria que recibían constantemente la visita de Montenegro, según comentaron exfuncionarios a este diario.
El magistrado del TCP, Gonzalo Hurtado, también fue implicado en esta supuesta red aunque él rechazó cualquier conexión y dijo que se apersonaría ante el Ministerio Público.
//Correo del Sur//