"El jueves 11 de abril me notificaron con la querella penal, que fue interpuesta el 4 de diciembre de 2017, por los presuntos delitos de injuria, calumnia y difamación solamente por haber investigado y declarado a los medios de comunicación sobre el déficit de la empresa estatal azucarera. En consecuencia, asumiré la defensa de la querella por haber fiscalizado la inversión millonaria en la EASBA. En el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) parece que es delito investigar las inversiones millonarias ineficientes, que tienden a fracasar", señaló.
El legislador explicó que el mismo presidente Evo Morales, en julio de 2016, en agosto de 2017 y agosto de 2018, reconoció la insuficiencia de la materia prima para el adecuado funcionamiento y producción de la Empresa Azucarera San Buenaventura, por lo que pidió a los comunarios producir más caña, incluso advirtió con revertir tierras agrícolas para el sembradío de la caña de azúcar.
La estatal azucarera, según el informe anual de Rendición de Cuentas del 2013, se planteó el objetivo producir anualmente 1.250.000 quintales de azúcar; sin embargo, en el informe anual de Rendición de Cuentas de 2018, reportaron la producción de 220.775 quintales, incluso pidió un nuevo préstamo de 495 millones de bolivianos para garantizar la zafra y la planta de alcohol. “Esos datos demuestran la ineficiencia de la EASBA”, argumentó.
El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural no respondió a tres peticiones de informes escritos (PIE), solicitados en el 2017, con el fin de conocer a detalle la situación, el funcionamiento y la productividad de la EASBA; la Petición de Informe Oral (PIO) también fue postergada dos veces.
