Por: Susana Seleme - Periodista
El filósofo argentino Santiago Kovadloff, afirma que “la Democracia Republicana es imprescindible porque concilia la ética con la ley, el derecho propio con el deber colectivo, la educación con el desarrollo, la no explotación de la pobreza como recurso político. ¿Lo podemos hacer”, pregunta? “No sé si lo podemos hacer, pero es imprescindible.
Es decir, conciliar la ética en los asuntos de Estado y las finanzas públicas, con el Derecho y el imperio de la ley, con educación y salud. Imprescindibles y necesariamente posibles para un país a largo plazo, no para un proyecto de país como ‘botín de guerra’. Botín para el enriquecimiento a costa de toda la sociedad, como en el ‘proceso de cambio’ de Evo Morales, que se cobija en el populismo autoritario, desprecia al pluralismo político y rechaza la transparencia y rendición de cuentas.
En el repaso de los casos de corrupción, sobresale el llamado “caso Zapata”. El 3 de febrero de 2016, el periodista cruceño Carlos Valverde Bravo denunció el “tráfico de influencia” a favor de la empresa China National Construction and Agricultural Machinery Import and Export Corporation (CAMC). Valverde señaló que el presidente Morales y la Gerente Comercial de la empresa, Gabriela Zapata, tenían un hijo, y presentó un certificado de nacimiento, emitido por Registro Civil. Morales y Zapata fueron pareja entre 2006 y 2007. El jefe del régimen confirmó que tuvo un hijo con la joven Zapata, pero que falleció en 2007.
El ‘caso’ mezcla corrupción, tráfico de influencias, impunidad, mentiras, irregularidades en los procesos de contrataciones de obras, ausencia de fiscalización estatal, el affaire Morales-Zapata, amén de un hijo que nunca nació. A ese ‘no nacido’, los examantes lo utilizaron para sus propios fines: Morales, con apariencia de ‘padre sorprendido’ quería cuidar a ‘su hijo’. Ella, como expareja y presunta madre, para escalar posiciones en las esferas de poder político y económico. Fue condenada a 10 años de prisión por uso de instrumento falsificado y legitimación de ganancias ilícitas sin poder justificar su patrimonio de $us 8.2 millones.
¿Fue la joven Zapata víctima de un Morales depredador sexual, cuando se conocieron en 2006? Años más tarde, ella utilizaría su antigua relación, como “cara conocida” según la identificó él mismo. Hoy envueltos en una red de falsedades, quedan seis contratos del Gobierno con la empresa china, por 560 millones de dólares.
En 2012, por invitación directa, a un costo de $us 843 millones, Samsung Engineering Co. Ldta. obtuvo un contrato para la construcción de la planta de Amoniaco y Urea. Ubicada en Bulo Bulo, en el trópico de Cochabamba, zona cocalera central del país, está a más 800 kilómetros de la frontera con Brasil, su seguro mercado de exportación.
Uno de los contratos con la CAMC y el Ministerio de Obras Públicas fue precisamente la construcción de la vía férrea Bulo Bulo-Montero, por un monto de $us 1.187 millones, firmado en 2013. Recibió un anticipo de 20% del contrato original, $us 843.9 millones, sin el coste de la vía férrea, de $us 235.4 millones. “Omisión inexplicable”, si lo que se buscaba era la salida del producto, señala el senador Óscar Ortiz Antelo, en su calidad de miembro de la Comisión Mixta, creada solo para investigar los contratos con la CAMC, sin investigar otros puntos concomitantes.
Como Informe en Minoría, Ortiz subraya que hubo un “favorecimiento” a la empresa, en la que estuvo “directamente involucrada Gabriela Zapata”. Luego, ella ejercería su influencia para que la boleta de garantía, por demora en ejecución de obras, no fuese ejecutada. Gracias a presiones de la opinión pública, la empresa china tuvo que devolver más de 50 millones de pesos bolivianos por disolución de contrato y ejecución de boleta.
En ese informe, Ortiz detalla las violaciones, anomalías, incumplimiento de deberes, errores y negligencias que redundan en “graves daños a la economía del Estado”. También “afectan a la seriedad de la palabra de las empresas del Estado”, desde “la adjudicación, la contratación, ejecución, abandono de la obra, e inacción para el procesamiento de los responsables”. Hace hincapié en la concepción de la planta, que no tomó en cuenta las vías de comunicación. La ecuación parece que fue “primero construimos y después vemos cómo llegar”.
Ortiz afirma que “La Contraloría actuó con los ojos vendados” ante la “falsedad material, uso indebido de influencia, enriquecimiento ilícito y delitos penales” encontrados. Como la denuncia era solo por incumplimiento de contrato, el resto duerme el sueño de los injustos. En tanto, “la sociedad y el Estado” quedan inermes.
De ahí que “Conjugar la ética con la ley” siempre será “imprescindible” para ver algo de luz en los oscuros entresijos del poder y la corrupción. (Concluirá en la Parte III).
