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La Cámara de Diputados tras aprobar el proyecto de ley que modifica el artículo 94 de la Ley del Régimen Electoral, que reduce el plazo de 150 a 120 días entre el lanzamiento de la convocatoria y la realización de los comicios de autoridades nacionales y subnacionales, remitió la norma al Senado para su sanción.
Tras siete horas de debate, el MAS aprobó la noche de este martes el proyecto de ley que fijaba hasta 150 días el término entre el lanzamiento de la convocatoria y el día de votación, después que el Gobierno propuso la modificación de la fecha de los comicios.
El Tribunal Supremo Electoral en el marco de este pedido, planteó que las elecciones se realicen el 20 de octubre y no el 27 como estaba previsto en un calendario que había sido elaborado rumbo a los procesos electorales, uno de ellos los comicios de octubre.
“La decisión de modificar la fecha de las elecciones tiene todo el respaldo legal y no hay una razón importante para no dar curso para que nuestros compatriotas puedan ejercer su derecho al voto”, declaró el presidente de la Comisión de Constitución, Lino Cárdenas.
El MAS argumentó que la modificación se sustenta en el derecho político que tienen los residentes bolivianos en el exterior a participar de los comicios, en este caso en Argentina y Uruguay donde coincidentemente el 27 de octubre también se realizan procesos electorales.
La oposición protestó y rechazó la norma. “El @TSEBolivia no tiene nada de supremo. Es una caja de resonancia del Ejecutivo”. “El jefe dice 'el Estado soy yo'”. 2/3 del MAS aprobarán esta Ley, pero habrá un costo histórico”, afirmó la diputada Rose Marie Sandoval.
En el plenario la diputada Eliana Capobianco que la imposición de la modificación de plazos en la convocatoria es un nuevo atropello del MAS. "No voy a aprobar este proyecto de Ley porque da vergüenza". "Nuevamente se burlan del pueblo boliviano abusando de sus 2/3".
La norma será remitida a la Cámara de Senadores, de acuerdo al procedimiento legislativo debe ingresar a la Comisión de Constitución para elevar un informe al plenario donde debe ser sancionado, antes de su promulgación.
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