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Por: Pablo Stefanoni - Periodista
Empecemos por el final: el domingo 13 de enero, un avión con policías y agentes de inteligencia italianos aterrizó en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, y se llevó a Cesare Battisti.
El ahora escritor es un exintegrante del grupo armado de extrema izquierda Proletarios Armados por el Comunismo (PAC), que operó en los “años de plomo” italianos y fue condenado a cadena perpetua en Italia por cuatro crímenes, dos como autor material y dos como cómplice.
Llegó al aeropuerto militar italiano de Ciampino a las 11:36 del lunes. Allí lo esperaba el ministro del Interior y líder del gobierno italiano, Matteo Salvini, un neofascista que forma parte del eje xenófobo tantas veces criticado por Bolivia. Battisti, como se sabe, había huido de Brasil, donde tuvo refugio en la época del PT, a Bolivia hace unos días. Bolsonaro prometió en campaña mandarlo a Italia ¿era necesario cumplir, desde Bolivia, con la promesa del nuevo presidente brasileño de extrema derecha?
Durante casi 40 años, gobiernos de diferente signo ideológico se negaron a extraditar a Battisti a Italia. Para sorpresa de muchos, el presidente Evo Morales lo entregó en 24 horas, negándole el pedido de refugio pero, más aún, el derecho básico a un proceso de extradición en el que se pudiera analizar el caso. Y, de este modo, el Gobierno boliviano quedó inmerso en una operación armada por el nuevo eje ítalo-brasileño: ambos referentes están tratando de montar una internacional de la extrema derecha a escala global.
Según se difundió, el pedido de refugio fue tramitado en tiempo ultra-récord: menos de cinco días, incluyendo fin de semana y Navidad. ¿Quién puede creer que de verdad la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) se reunió, evaluó el caso de manera competente y decidió con ajuste al derecho? El ministro Carlos Romero utilizó el argumento del ingreso ilegal para expulsar a Battisti, pero a Italia, desde donde no vino, lo que transforma a esa expulsión en una extradición encubierta; sin un proceso en la que el italiano pudiera defenderse y eventualmente apelar las decisiones.
En ese tipo de juicios se analiza, además, las condiciones judiciales del país que demanda la extradición. Mucho se habla contra la extrema derecha pero, al parecer, el Gobierno boliviano considera que cumple con todos los requisitos democráticos para entregar sin pestañear a alguien condenado por la violencia política de los 70.
Muchos medios captaron la situación y titularon que Bolsonaro usa la detención del exintegrante del grupo italiano como un “guiño a Salvini”. Pero si el nuevo presidente brasileño le hizo su “regalo” a su colega italiano, Evo Morales le hizo su propio regalo al “hermano Bolsonaro”, como lo llamó en su tuit de felicitaciones tras su triunfo electoral. Y queda la duda: ¿esta entrega exprés fue negociada en la jura del excapitán el Brasilia en 1 de enero pasado?
Se entiende que Bolivia intente una convivencia pacífica con Brasil por necesidades de tipo económica (venta de gas) y en alguna medida política (evitar que Bolsonaro financie a la oposición). Pero es probable que, por más que Evo se incline ante el nuevo “mito” de Brasil, este conspire igual y, por otra parte, este no era un tema con Brasil, sino con Italia. Claro que Bolsonaro hubiera preferido entregarlo él mismo, pero esto fue mucho mejor para él que si Bolivia decidía tomar el caso con seriedad y garantías y no cumplir la promesa de campaña del nuevo “Mito” brasileño.
Para el gobierno el caso fue simplemente un pleito ajeno que ponía palos en la rueda en su proyecto reeleccionista, ¿esa es la única meta real que queda en pie en el “proceso de cambio”? Con esta decisión se echó por tierra un tópico caro a la cultura de izquierda: la solidaridad.
El PAC mezclaba lucha política y lucha social, la politización de los presos (bandidos) y la bandidización de los militantes, con la idea de que se trataba de una lucha común contra el sistema, con formas de hacer justicia, como solía ocurrir con estos grupos, que solía ser peor que la justicia “burguesa”. Pero acá no se trata de justificar ni simpatizar con estos proyectos, muchos de los cuales hoy nos parecen delirantes. ¿Acaso se hace con exguerrilleros como Dilma Rousseff o José Pepe Mujica? O varios otros que pasaron por La Paz y fueron cordialmente recibidos por las autoridades.
Battisti huyó a Francia en 1981 y luego a México para regresar a Francia nuevamente en 1990, bajo el gobierno de François Mitterrand. Allí el italiano se volvió un popular escritor de novelas policiales. La llamada “doctrina Mitterrand” negó la extradición de varios exmilitantes y dirigentes de la extrema izquierda italiana de los “años de plomo”. “Rechazo considerar a priori como terroristas activos y peligrosos a aquellos hombres venidos especialmente de Italia mucho tiempo atrás de que ejerciera mis responsabilidades y que integrándose aquí y allá en el extrarradio parisino se han arrepentido... a medias o del todo... no lo sé y permanecido alejados de su actividad… Francia es y será solidaria con sus socios europeos y desde el respeto de sus principios y sus leyes rechazará toda protección directa o indirecta al terrorismo real, activo y sangriento”.
Técnicamente, Battisti no fue incluido formalmente en esa “doctrina” por sus delitos de sangre, pero fue en la práctica protegido de la extradición (tuvo el apoyo de figuras como Bernard-Henri Lévy) hasta 2004, cuando debió huir y recaló finalmente en Brasil, donde pasó tiempo en prisión y finalmente fue liberado.
En Bolivia, el ministro Carlos Romero se pareció a un ministro del interior de cualquier gobierno de la “derecha alternativa”. Como dijo el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto: “(a Battisti) no se le tomó una entrevista ni se le hizo conocer una resolución denegatoria (del refugio), aspectos fundamentales del debido proceso (...) lo que vulnera los principios de ‘no devolución’ y ‘no expulsión’”.
Pero la entrega, que Bolsonaro/Salvini vivieron como su plan Cóndor de opereta, tiene un agravante político adicional. La historia del propio vicepresidente, Álvaro García Linera, debería haber actuado como un freno a una decisión de esta naturaleza. Y más aún: Antonio Negri, el popular intelectual italiano, tan celebrado en Bolivia, que compartió mesas y fue publicado en la Vicepresidencia, fue acusado en Italia de pertenencia al grupo Potere Operaio y a las brigadas Rojas y de haber sido el cerebro de atentados, también fue beneficiado por la doctrina Mitterrand hasta que finalmente negoció una entrega y reducción de pena en Italia. Battisti, claro está, ya no pudo “negociar” nada, fue directo a las manos del jefe de facto del gobierno, alguien que gusta citar a Mussolini y alardear sobre sus posiciones ultrarreaccionarias.
Pero la “doctrina boliviana” no responde solo a una falta de solidaridad, refleja también un desprecio a los derechos “democrático-burgueses” a un proceso justo. La decisión que tomó es parte de un funcionamiento del sistema judicial que combina corrupción endémica, falta de independencia y decisionismo presidencial en cualquier cuestión trascendente. Eso es lo que no entienden los opositores que en las redes sociales se alegraban –con o sin ironía– de que Battisti hubiera sido entregado de este modo a los italianos. Por ejemplo, el líder opositor Samuel Doria Medina condenaba la detención arbitraria del presidente de la Asamblea Nacional venezolana Juan Guaidó por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y acto seguido tuiteaba “De pronto les llegó la cordura. #EvoMorales entrega terrorista prófugo a #Italia”. No primó la cordura, la negación del proceso de extradición, apelando a la entrega exprés, es parte de la misma arbitrariedad que mañana podrá jugar contra la oposición boliviana. Es el problema del liberalismo a geometría variable de los antipopulistas vernáculos.
Y esta necesidad de defender derechos tampoco la ven, a menudo, algunos de quienes se indignaron, con razón, por la expulsión pero por considerar que Battisti era un comunista heroico entregado por la Revolución boliviana. El propio hermano del vicepresidente, Raúl García Linera, escribió que la entrega de Battisti constituye el primer acto contrarrevolucionario del gobierno de Evo Morales.
De todos modos, comparado con la mayor parte de los funcionarios, que guardaron un silencio indigno frente a la decisión de mandarle su regalito al neofascista milanés, al menos García Linera hermano expresó sus divergencias de forma clara y pública, lo que no ocurrió con infinidad de oficialistas que suelen indignarse por el funcionamiento de la justicia en los países gobernados por la derecha.
Y Salvini recibió el trofeo como corresponde: El “comunista asesino” se va a “pudrir en la cárcel”, dijo vestido con chaqueta de la policía (¿esto no habrá generado alguna náusea en nuestras autoridades, aunque fuera un poquito?). Un día antes, el hijo de Jair Bolsonaro había anunciado que iba el “regalito” hacia Italia, aunque Battisti había sido detenido en Bolivia, y el propio Bolsonaro prácticamente se atribuyó la captura. Brasil intentó hasta último momento que Battisti pasara por su territorio antes de ir a Italia, para que Bolsonaro se ganara los honores de la captura y entrega y no un gobierno de izquierda.
“El ministro de Justicia italiano Alfonso Bonafede explicó que como Brasil no prevé cadena perpetua en su derecho penal, Italia había accedido a reducir la condena a 30 años de cárcel con la esperanza de recuperar al fugitivo. Un compromiso jurídico que ya no corre al regresarlo directamente a Roma, aunque la diferencia entre cadena perpetua y 30 años no tenga relevancia para un hombre de 64”, informó La Razón. Es decir, que la entrega boliviana habrá agravado más sus condiciones.
Así, el presidente, que protestó porque un diputado bolsonarista dijo que los que les gusten los indios vayan a Bolivia, terminó como convidado de piedra de la fiesta de otros: la de la nueva internacional de la extrema derecha. Incluso el mensaje de Bolsonaro “agradeciendo” a Bolivia tuvo sus tonalidades humillantes: le agradeció a “las autoridades” haber atrapado al protegido del “gobierno más corrupto de la historia de Brasil”. Es decir Lula, es decir el aliado del proceso boliviano condenado a 12 años por el actual ministro de Justicia de Bolsonaro.
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