El presidente haitiano, Jovenel Moise, reafirmó la noche del miércoles su legitimidad, desafiada en unas mortales protestas callejeras en las que la oposición pidió su dimisión y que fueron seguidas por tres días de huelga general.
En su primera aparición pública tras las manifestaciones del domingo, Moise, llegado al poder en febrero de 2017, dijo: "Durante los cinco años de mi presidencia, nadie, digo bien nadie, bajo ningún pretexto, puede amenazar los intereses del país ni poner a la nación en peligro".
Rodeado de su primer ministro, Jean-Henry Céant, los ministros del Interior y Justicia y las máximas jerarquías de la policía nacional de Haití, Moise llamó al diálogo y la calma.
"Pido al primer ministro que se reúna con todo el mundo, de todas las tendencias, como yo siempre lo hice. El diálogo debe unir a todas las capas de la sociedad, en el respeto de la Constitución", dijo durante un discurso de seis minutos pronunciado en creole.
"La Constitución lo exige"
"La democracia demanda que las reglas del juego sean respetadas, como la Constitución lo exige", reiteró vigorosamente en su discurso difundido por la televisión estatal.
La alocución había sido anunciada para el martes, pero a la hora programada un mensaje en las pantallas anunció su postergación.
Ese fallo en la comunicación fue ampliamente criticado en las redes sociales por los ciudadanos, ya que algunos se niegan a creer que haya existido un problema técnico, mientras otros lamentan la incompetencia de los servicios de la presidencia.
La declaración fue la primera del presidente tras las masivas manifestaciones ciudadanas del domingo en las principales ciudades del país, en las que según la Policía Nacional de Haití (PNH) tres personas murieron por disparos. Aunque la oposición denuncia una cifra de 11 muertos en total en todo el país.
Desde entonces, las escuelas, comercios y las empresas privadas han permanecido cerradas en las principales ciudades, tras una convocatoria a huelga general lanzada por la oposición.
"Se ha derramado mucha sangre"
En la tarde del miércoles, comenzó a verse algo de circulación en las calles de la capital, Puerto Príncipe, generalmente congestionada por los embotellamientos. Algunos vendedores informales habían retomado sus labores sin encontrarse con los clientes habituales, pues pocos ciudadanos se arriesgan a salir a realizar sus actividades.
"Solamente cuando las calles están vacías los políticos comienzan a ver que hay un problema", dice resignado Alix Bernardin, de 27 años y habitante de un barrio popular de la capital. "Se ha derramado mucha sangre en el país, es necesario que (el presidente) Jovenel se vaya", continúa.
"No podemos seguir viviendo así, frustrados, porque sabemos bien cómo vive la gente en el extranjero. Nosotros no tenemos agua potable, hospitales", dijo Jean Junior, de 30 años, al considerar que el presidente solo hace promesas "que no puede sostener".
La presencia policial sigue siendo notable en las principales zonas y tiendas de la capital, aunque muchas barriadas populares del centro siguen paralizadas por las barricadas.
Argumentando que la situación escapa al control de Moise, algunos grupos opositores han hecho propuestas para superar la crisis que incluyen la salida del presidente, aunque sin lograr formar una coalición.
En los últimos meses, las manifestaciones se han multiplicado para reclamar una rendición de cuentas sobre el caso de Petrocaribe, un programa lanzado por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez para que países latinoamericanos y caribeños obtuvieran productos petroleros a un costo ventajoso.
Frente a una pobreza creciente, el movimiento ciudadano "Petrocaribe Challenge" fue lanzado en agosto en las redes sociales para exigir que se explique cómo fue utilizado el dinero de ese programa.
Dos investigaciones del Senado haitiano llevadas a cabo en 2016 y 2017 sobre el mal uso de 2.000 millones de dólares de ese fondo habían concluido con la acusación de una docena de exministros pertenecientes al partido actualmente en el poder, pero ninguno de ellos fue objeto de procesos judiciales.
AFP / Pagina Siete
