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Vía: RFI |
El plan de busca poner en marcha el artículo 9 del tratado, según el cual cada uno de los 15 países firmantes debe garantizar «un entorno seguro y propicio» para que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales «puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad», según un comunicado difundido el martes en la noche.
La luz verde a esta propuesta se dio en el marco de la tercera reunión de las partes del Acuerdo de Escazú que termina este miércoles en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago.
Escazú es el primer tratado de América Latina y el Caribe que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afectan al medioambiente y la protección de los defensores de la naturaleza.
El plan de acción de protección de medioambientalistas fue preparado por un grupo de trabajo con participación de ciudadanos, pueblos indígenas y comunidades locales, y coordinado por Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves.
El documento, que fue aprobado tras dos años de trabajo, debe entrar en funcionamiento en todos los países del acuerdo a más tardar en abril de 2030.
En la última década, casi 2.000 defensores del medio ambiente fueron asesinados en todo el planeta. Tres de cada cuatro de esos crímenes se produjeron en América Latina y el Caribe, detalló el lunes el uruguayo Marcelo Cousillas, presidente de la mesa directiva del Acuerdo de Escazú.
Suscrito en 2018 en Escazú, Costa Rica, el acuerdo ha sido ratificado por 15 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Dominica, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
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