EL MODELO ECONÓMICO EN BOLIVIA: REALIDADES Y PERSPECTIVAS

 

Por: M. Sc. Joshua Bellott Sáenz | 

En los últimos días hay una preocupación que se hizo muy evidente, entre economistas y políticos (por el momento), respecto a la viabilidad de un modelo económico que no ha sufrido ninguna innovación o variación desde hace 16 años, y que parece poner en riesgo la economía en esta nueva coyuntura. 

Aparentemente, el modelo fue muy exitoso porque provocó un interesante crecimiento, por lo menos entre 2008 y 2014, con altibajos. Sin embargo, a partir de 2015 sufrimos una desaceleración de la economía, alcanzando en 2019 un crecimiento de 2.2% del PIB, cuando el 2013 se había llegado a 6.8%. Por supuesto, el 2020 significó un momento malo para todos, no por el mal manejo económico -ya que no cambio nada-, sino, porque se paralizó la economía; hecho que desnudó algunos problemas estructurales del modelo. Estos son algunos de los puntos que discutiremos muy brevemente en el presente artículo.

Nos dijeron durante varios años, con reiterados discursos que, el “exitoso” modelo estaba basado en la industrialización de los recursos naturales, en la demanda, la nacionalización, y en las transferencias de dinero para los más pobres, creyendo seguramente que el “pobre” sólo sabe pedir limosna o estirar la mano, sin contar con capacidad para trabajar y crear valor. 

La pregunta pertinente es, si este modelo está diseñado para todos los bolivianos, o si sólo unos pocos son los beneficiados. Es importante dilucidar esta interrogante, en vista de que durante todos estos años la población trabajadora informal creció preocupantemente, y no conozco, un solo empresario que no tenga la tentación de tener algún negocio o trato con el Estado, porque parece ser la mejor forma de obtener buenas ganancias. Lo cierto es que, gran parte de los economistas coinciden en que el Estado (gobierno), creció demasiado durante los últimos años. 

Pruebas del tamaño monstruoso del Estado sobran, basta con saber que el PGN 2022 consigna la suma de 235 mil millones de bolivianos, siendo que el PIB de 2020 alcanzó a 252 mil millones. Por lo tanto, 93% de la riqueza generada en un año por parte de “todos los bolivianos” es confiscada para el presupuesto de gobierno.  Entonces, 550 mil trabajadores públicos se gastan cada año el 93% de la riqueza producida por 11,5 millones de ciudadanos bolivianos que no participan en la administración estatal. 

Para apuntar algunas otras cifras, desde el 2005 la participación del Estado en el PIB fue creciendo apresuradamente (Participación ajustada, en FBKF, consumo y exportaciones), de un 27% a un 55% el 2013 y 60% el 2014 (justo en el pico del crecimiento). A partir de ese año, la desaceleración de la economía fue acompañada por una menor participación del gobierno, hasta llegar a 2019, a un 44% aproximadamente. El 2020, con la caída de la economía, la participación del Estado bajó sólo 4 puntos porcentuales, y no pudo detener la caída del PIB, por debajo de (-8)%.

Por su lado, el consumo de los hogares, que fue bajando entre 2005 y 2012 (de 65% a 49%), se reactivó gradual y suavemente a partir de 2013, y en todos estos años subió hasta llegar a un 61% el 2020. Esto quiere decir que, pese a que los hogares hicieron mayor esfuerzo para contrarrestar la desaceleración, no pudieron. Por lo tanto, la economía propiamente apoyada en el gasto, ya sea de los hogares o de gobierno, no fueron capaces de detener la caída del PIB hasta 2020. 

Descomponiendo la inversión en capital reportada por el PIB, tenemos que los hogares y su inversión tuvieron una participación muy modesta en la economía. El 2005 aportaban con un 2,8% del PIB, y el 2011 llegaron a un pico en un primer periodo, con 5,9%, y de ahí en adelante hasta el 2014 dicha inversión privada, cayó hasta un 1,6% del PIB (básicamente se extinguió). Este hecho tiene connotaciones interesantes, en vista de que, en el mejor momento de la economía, y el gasto gubernamental más alto, los privados, o dejaron de invertir o fueron arrinconados por la inversión estatal. Después de ese año, mientras la participación del Estado disminuía en la economía -por falta de recursos-, los privados empezaron a reactivar su inversión en capital, tal es así que para el 2020 dicho indicador alcanzó a casi un 9% del PIB. 

En la otra cara de la medalla, el comportamiento del gasto en inversión de capital del gobierno, resulta ser el único componente de gasto en la economía que cayó de manera importante y similar al PIB. Desde el 2005, incluso hasta 2014, la inversión en capital por parte del gobierno creció aceleradamente (llegó a 44 mil millones de Bs.). De 2015 a 2017 se estancó en 40 mil millones y a partir de 2018 bajó considerablemente a 36 mil millones, y en 2019 a 31 mil millones de Bs. Para el 2020 cayó a casi 17 mil millones de bolivianos, experimentando una tasa negativa de -47%, respecto del anterior año. 

Una de las conclusiones importantes, es que el único componente del gasto que realmente acompañó; primero la desaceleración y luego la caída del PIB en 2020, fue la inversión de capital por parte del estado. Por lo tanto, podríamos formular la hipótesis de que la economía boliviana, llegó a tal punto, en el que el consumo de hogares, la inversión de los hogares, y los gastos generales del Estado, no pudieron detener la desaceleración económica. En cambio, la relación entre inversión en capital por parte del Estado y el PIB fue muy fuerte, cada vez que ésta decreció, la economía se desaceleró; lo cual tiene implicaciones no muy buenas para los bolivianos, dado que, si el Estado no cuenta con financiamiento para sostener la inversión pública, el PIB no crecerá. 

Pero, ¿por qué cayó la inversión pública y propiamente la inversión en capital por parte del gobierno? Por un lado, sabemos que las exportaciones gubernamentales, que significaban el 2014 el 16% del total de las exportaciones del país, bajaron en dos años y se estancaron entre un 5 a 6%, llegando de hecho, al 2020, a un 5%. Sabemos que la exportación de gas natural (el producto puntal del crecimiento), redujo su valor de exportación en más en más de 4.500 millones de dólares desde el 2014; y, además, el 2021 se exportó un poco más de 2.200 millones de dólares y se importó combustible por una cifra muy cercana a ese mismo monto. Por lo tanto, los ingresos netos del Estado se fueron reduciendo paulatinamente. 

Pero como todo tiene una excepción, el único componente del gasto que no tuvo ningún cambio o reducción en su comportamiento desde 2005 a 2020, fueron los sueldos y salarios del Estado. De hecho, representaban el 10% del PIB en 2005 y llegaron a 2020 a un 15%. Si estamos de acuerdo en que los recursos son escasos y limitados, el aumento de este indicador, provocó el decrecimiento de otro. Por eso que, en el pico del gasto público en inversión, se experimentó el punto más bajo en la inversión de privados. En términos de magnitud, es impensable que los sueldos y salarios como proporción del PIB -de 550 mil empleados públicos-, sea 6% mayor que la inversión de 11,5 millones de ciudadanos bolivianos.  Precisamente, el tamaño del Estado y los sueldos y salarios, fueron los factores que muy probablemente hayan provocado la disminución de la inversión pública en capital, y con eso, la desaceleración de la economía. 

En esta nueva coyuntura, sabemos además que, los más de 12.500 millones de dólares de deuda externa, casi 14 mil millones de dólares de deuda interna y los 18 mil millones de dólares por concepto de remesas recibidos desde el 2005, no sirvieron para contrarrestar la desaceleración del PIB. Consecuencia de esto, además de lo mencionado, es que uno de los indicadores que ha ido decreciendo aceleradamente desde 2014, fueron las reservas internacionales netas, de las cuales se dice que depende la estabilidad. En ese año llegaron a más de 15 mil millones de dólares y en la actualidad no sobrepasan los 4.500 millones de dólares.

Lamentablemente, vivimos un momento en el que las fuentes de financiamiento del presupuesto público parecen estar escasas. En estos días estamos a la espera de una recompra de Bonos Soberanos para poder postergar el pago de deuda para este año, porque no tenemos plata para pagar (pateando el problema hasta 2030 y encareciendo el servicio de deuda). Por otro lado, la caída de las RIN parece imparable, porque pese a contar con una balanza comercial positiva de 1.400 millones de dólares para 2021, un superávit en Cuenta Corriente y remesas históricas por un monto similar; entre diciembre de 2021 y enero de 2022, se perdieron cerca a 300 millones de dólares de RIN (de 4.753 a 4.483 millones de dólares), siendo sólo divisas 1.423 millones de dólares. Para estos últimos días de febrero, las RIN siguen cayendo, y se encuentran en 4.427 MM de usd, y su parte líquida en 1.336 MM de usd. Perdimos en menos de 2 meses más de 415 millones de dólares.

Muchos economistas predicen una desestabilización de la economía en muy corto plazo, una devaluación cambiaria, o por lo menos la aparición de un tipo de cambio paralelo en mercados negros. Muchos se animan también a adelantar recetas tipo 21060 (de shock); como sacadas de un libro de teoría. 

Con el análisis expuesto, si recortamos el gasto de gobierno de manera drástica, no sólo ocasionamos problemas sociales y políticos por los despidos, sino que muy probablemente, la economía se cae violentamente; si ocurre así, este evento producirá incertidumbre y miedo en los ciudadanos, lo cual hará que compren mayor cantidad de dólares. Esto provocará una escases de divisas, y probablemente una corrida bancaria. En otras palabras, la receta podría acelerar el proceso de desestabilización y la caída de la economía. 

Lo cierto es, que el modelo implantado desde el 2005, ojalá haya llegado a su fin para bien de todos los bolivianos. Este modelo, definitivamente sólo benefició a los que trabajan para el Estado o tienen una relación estrecha con el poder, expulsando de la economía y del desarrollo a gran parte de los bolivianos. Mayor deuda externa y divisas frescas para la economía sólo prolongarán la agonía, agonía que vale la pena sobrellevarla, siempre y cuando se empiece con la tarea que siempre quedó pendiente, un cambio en la estructura productiva de nuestra economía. 

| M. Sc. Joshua Bellott Sáenz es economista