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PARA ABOLIR EL MINISTERIO DE JUSTICIA

Por: Ricardo Calla Ortega | 

El “modelo de economía plural” del régimen de Evo Morales (2006-2019) fue una conjunción de estatismo y de mercado libre y desregulado con la que el MAS dio continuidad parcial al ciclo histórico de 1952. Ese régimen prolongó, por una parte, el impulso dado por el “nacionalismo revolucionario” desde la Revolución Nacional al desarrollo del capitalismo de Estado. Por otra, el régimen dio continuidad  a las políticas neoliberales de libre mercado –impuestas en Bolivia desde 1986 a través del Decreto 21060–, favoreciendo desembozadamente el crecimiento del mercado ilegal de la cocaína, la expansión sin frenos de la economía y los mercados informales, el aumento irrestricto del transporte privado, el más abierto ensanchamiento en las tierras bajas de Bolivia de los mercados y la propietarización privada vía avasallamientos de la tierra, y la más libre penetración del capital transnacional asiático en el país. 

Pero no ha sido solamente a  través de su modelo económico que el MAS ha dado continuidad al neoliberalismo que en Bolivia se abrió paso desde 1986 con el 21060. También el modelo político de gobierno del MAS muestra a este régimen prolongando el neoliberalismo en un aspecto crucial: manteniendo la existencia –y el uso y recurso cada vez más prepotente y despótico– del Ministerio de Justicia, un órgano de intervención directa y abierta desde el poder Ejecutivo sobre el poder Judicial en el armado del Estado en el país. Este Ministerio, el Ministerio de Justicia, debe ser clausurado, abolido, cerrado cuanto antes si se pretende una reforma sustantiva del poder Judicial en Bolivia que garantice de modo efectivo la independencia del órgano Judicial en tanto poder de Estado con la capacidad de contribuir a la vigencia real de un sistema de contrapesos y balances en la operatoria práctica del Estado boliviano.  

Fue el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) el que inventó el Ministerio de Justicia, creándolo a través de una Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo del 17 de agosto de 1993. Instituido con la competencia de “actuar en todo lo inherente a las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial”, el Ministerio de Justicia –desde su nacimiento vinculado al quehacer de los órganos de represión y control político gubernamental ya que tenía como su más inmediato antecesor a los Viceministerios de Justicia, unas reparticiones de rango inferior de los Ministerios del Interior o de Gobierno del Estado–, pasó a ser desde su inicio un órgano de Estado con el potencial no solamente para hacer fuerte sombra sobre el órgano Judicial del país, sino también para generar un fuerte paralelismo con respecto de diversas de las competencias que le incumben al poder Judicial como poder en principio autónomo e independiente del Ejecutivo.

Con el Ministerio de Justicia ya funcionando, el poder Ejecutivo pasó paulatinamente a entrometerse cada vez más en el quehacer del poder Judicial y el ejercicio operativo de los sistemas de provisión de justicia en el país. A la fecha, tras cerca de treinta años de existencia, el Ministerio de Justicia es uno de los factores principales –no el único– para que se haya dado el descalabro y total descrédito del sistema judicial en Bolivia. Convertido en un órgano de abierta interferencia e injerencia del poder Ejecutivo sobre el poder Judicial en el país, el Ministerio de Justicia es ya una enorme agencia del Ejecutivo con abundante personal profesional pagado que se encarga básica y principalmente de intervenir como Ejecutivo en el quehacer de la justicia ordinaria y del cotidiano judicial del país que en principio debiera corresponder como atribución solamente del órgano judicial. La nula independencia del poder Judicial respecto del poder Ejecutivo en la actualidad es resultado directo –entre otros, como la corrupción y la partidización política como escalera de ascenso jerárquico en el sistema y la carrera judicial– de la intromisión durante ya tres décadas del Ministerio de Justicia, es decir del mismo poder Ejecutivo sobre la justicia en Bolivia. 

Tan grave es la situación, que finalmente el Ministerio de Justicia ha quedado consolidado en el tiempo como una agencia que no sirve ya para nada más que para interferir sobre el poder Judicial, sofocándolo y politizándolo a favor de un Ejecutivo que encuentra en el Ministerio de Justicia su principal instrumento de coerción sobre un sistema Judicial ya directamente subordinado y sometido a los intereses políticos y de poder de cualquiera que sea el gobierno de turno. Con el paso del tiempo, el Ministerio de Justicia se ha ido revelando cada vez más y más como una Fiscalía Política de alcance nacional y como un órgano de prejuzgamiento de sus acusados, siendo los acusados siempre los del bando opositor. Esta Fiscalía Política, en tándem con la Fiscalía General –hoy también una entidad sin la menor muestra de independencia y autonomía respecto del poder Ejecutivo–, se constituye en el principal órgano de la represión política en el país, habiéndose incluso sobrepuesto a un Ministerio de Gobierno en el que los ministros ya han pasado a ser meros operadores prácticos del encarcelamiento y la persecución de los opositores. Concebido como una agencia de intervención sobre el poder Judicial del país, el Ministerio de Justicia es hoy en Bolivia el nido en el que se forman y reproducen los represores, los perseguidores y los carceleros. Debe ser abolido, cerrado y clausurado por ser ya una vergüenza institucional y un peligro cada vez mayor para el Estado de Derecho en Bolivia.         



| Ricardo Calla Ortega es sociólogo

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