Por: Gonzalo Rodríguez Amurrio |
A propósito del último y sensible fallecimiento de dos periodistas en Cochabamba, el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa exteriorizó su molestia con los servicios de salud, dando lugar a los siguientes cuestionamientos: ¿por qué las cajas de salud solo extienden recetas y no así los medicamentos a sus pacientes en estado crítico por la COVID-19? Y ¿por qué sus familias tienen que sufrir las enormes dificultades para conseguir esos medicamentos a precios generalmente inaccesibles?
Nunca hubo respuesta oficial al respecto, menos compromiso alguno para superar esta anomalía, misma que se replica de igual o peor forma en el Sistema Único de Salud (SUS).
Fue por intermedio de dirigentes del sector médico que se conoció que las cajas de salud compran la medicación especial para COVID-19 con “caja chica”, es decir de forma improvisada, con riesgo de no obtener oportunamente los mismos, más aún si por su carencia en las farmacias resultan con precios especulativos; por lo que la tarea es encargada a las familias y a su costo, bajo la esperanza de ser repuestos tales gastos, lo que no siempre ocurre.
La esperada respuesta de las autoridades de salud debiera ser clara y precisa al respecto, porque no hay nada más indignante que el silencio o complicidad con algo que anda mal y, peor aún, que no exista la voluntad de resolverlo.
La adquisición de medicamentos para las cajas de salud y el sistema público de salud, en la última década, ha estado orientada, o más propiamente restringida, por la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (LINAME); que es el referente obligatorio para las grandes contrataciones de provisión de fármacos para las cajas de salud y otras entidades del sistema público de salud.
Dicha Lista Nacional de Medicamentos Esenciales es aprobada por el Ministerio de Salud y la última que se conoce es la que fue aprobada el 16 de marzo de 2018, mediante la Resolución Ministerial N° 104 de dicha cartera de Estado (https://www.agemed.gob.bo/reg-far/doc_reg_far/liname.pdf) Es decir dos años antes de la pandemia que nos aflige y por tanto, respecto a ella, lamentablemente desactualizada.
Entonces cabe preguntarse: ¿acaso pensaron que esta pandemia muy pronto iba a desaparecer de la faz de la tierra para no incorporar las nuevas medicaciones necesarias para encararla como parte de la LINAME? ¿Esa fue o aún es la lógica del Ministerio de Salud que es la entidad rectora del Sistema de Salud del país y garante del derecho a la salud?
El 6 de enero de 2021, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud – AGEMED, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud, emitió la Resolución Administrativa 001 (https://www.agemed.gob.bo/circulares/2021/CIRCULAR-1-2021.pdf), por la que aprueba la “Lista de precios de medicamentos e insumos en el contexto de la pandemia por COVID - 19" pero en su parte final procede a ratificar el defecto del que hablamos: “OCTAVO. La presente Resolución Administrativa no sustituye ni modifica la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales - LINAME …”.
En función de esos datos la conclusión es obvia, no es que el Ministerio de Salud no sepa de la urgencia de modificar la LINAME, para la provisión adecuada y oportuna de medicamentos para la seguridad social y el sistema público de salud, frente a la pandemia COVID-19, sino que no tiene la voluntad política de hacerlo; en un atentado inadmisible a los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social y cuando, además, por un mínimo sentido de humanidad y responsabilidad ya debió haberlo hecho.
Gonzalo Rodríguez Amurrio es ex dirigente obrero, abogado y uno de los promotores de Línea Democrática.