Caso Murillo: World Trade Center Santa Cruz “devolverá aportes cuestionados”

Foto: Ultracasas | 

World Trade Center (WTC), ubicado en la zona del Urubó Santa Cruz, determinó “excluir” de esa compañía al empresario Philip Lichtenfeld, quien es investigado en Estados Unidos junto al exministro Arturo Murillo por presuntos delitos de lavado de dinero y soborno relacionado con la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal. Además, anticipa que “devolverá aportes cuestionados”.

Mediante un comunicado público, la firma aclaró que no participó en ninguna actividad ajena a su rubro y que de ninguna forma “ha consentido, encubierto o participado directa o indirectamente en actividades ilícitas”.

Tras conocerse que el citado empresario es investigado en Estados Unidos junto al exministro Arturo Murillo, por presuntos delitos de lavado de dinero y soborno, World Trade Center señaló “hemos activado los mecanismos empresariales adecuados para excluir a Philip Lichtenfeld de nuestro paquete accionario y del desarrollo del negocio”. 

Además, anticipó que la firma ha instruido una auditoría a los aportes cuestionados, “los cuales serán devueltos al Estado boliviano por los canales pertinentes”.

Sin embargo, especificó que todos los aportes de los accionistas del proyecto han seguido procedimientos legales y fueron invertidos únicamente en el World Trade Center, cuya construcción se lleva adelante en la zona del Urubó de Santa Cruz.

El accionar de la firma fue destacado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien a través de su cuenta de Twitter ponderó esa actitud precisando que el Gobierno busca recuperar el total del monto que habría sido desfalcado por los supuestos involucrados en el caso.

De acuerdo a un reporte de El Deber, en los días pasados, Del Castillo informó que una gran parte de los 2,3 millones de dólares de sobreprecio en esta compra de gases lacrimógenos y armamento no letal, habría sido invertida en el proyecto WTC y la inmobiliaria El Doral, de Cochabamba.

EL CASO

El Departamento de Seguridad Nacional del Estados Unidos se querelló contra el exministro Arturo Murillo, bajo la sospecha de ser parte de una conspiración para recibir sobornos y lavar dinero, dos delitos federales de “alta gravedad”, del grupo de leyes que persiguen la corrupción.

La demanda está basada en los resultados de una investigación que se desarrolló durante 17 meses, entre noviembre de 2019 y abril de este año, e identificó la captación de $us 1,2 millones en efectivo o a través de transferencias electrónicas en Estados Unidos y Bolivia, informó el diario cruceño.

Este monto representa el 50% del sobreprecio que pudo pagar el país por un lote de gases lacrimógenos y armamento no letal. La coima fue “pagada” por la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) que cobró $us 5,6 millones al Estado boliviano por esas municiones luego de haberlas adquirido a una compañía en Brasil, pero por solo $us 3,3 millones. La exautoridad boliviana está incomunicada en un centro penitenciario esperando su audiencia, que se realizará el 10 de junio en el estado de Florida (EEUU).

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