Por: Mateo Rosales Leygue |
El totalitarismo cristaliza el poder del Estado absoluto en el contexto de una sociedad que va perdiendo su tradición democrática a través del uso de la fuerza y su ejercicio por todos los medios. El poder absoluto del Estado se acentúa cada vez más con el uso de sus Órganos (Legislativo, Judicial, Electoral) de forma unilateral.
Este mecanismo, de cuya experiencia son testigos ciudadanos que carecen de cualquier garantía constitucional y tienen sus libertades mermadas en países como Rusia, Cuba o Venezuela, ha sido probado en muchas ocasiones a lo largo de la historia y en algunas ha permanecido inamovible como un sistema de gobierno totalitario que perdura hasta nuestros días.
Este ejercicio para la obtención del poder absoluto se ejecuta por medio de una serie de mecanismos de diversa índole: la aniquilación del adversario a través de la persecución política y la ilegalización jurídica del capital político de la oposición; la captura total de los poderes constitucionalmente establecidos -que funcionan como un equilibrio para el ejercicio del poder que permita la regulación y el control institucional-; la creación de un aparato burocrático sostenido por prebendas para tener a su disposición un equipo de movilización permanente; la compra de lealtades de las Fuerzas Armadas que funcionan en base a una tradición de jerarquías; y el despliegue de un aparato propagandístico con el objetivo de apropiarse del relato vigente y reescribir los hechos y la historia.
Sobre este último punto, que se expresa como característica ineludible para identificar los movimientos totalitarios, Hannah Arendt escribió en sus Orígenes del Totalitarismo: “La propaganda totalitaria puede atentar vergonzosamente contra el sentido común sólo donde el sentido común ha perdido su validez (…) Una vez que los movimientos han llegado al poder, proceden a modificar la realidad conforme a sus afirmaciones ideológicas. El concepto de enemistad es reemplazado por el de conspiración, y ello produce una mentalidad en la que la realidad ya no es experimentada y comprendida en sus propios términos”
Es, precisamente, la apropiación de la historia un mecanismo conocido y perpetrado que hoy, topemente, intenta replicar el gobierno de Luis Arce. Pero además subyace en esta falsa retórica el mecanismo de persecución ejercido desde las propias instituciones del Estado, en concreto, desde el Poder Judicial.
Así, la falaz categoría de golpe de Estado y el mensaje que establece un desequilibro entre la realidad y la ficción, a favor de lo segundo, va acompañada y justificada por el aparato represor que busca la desarticulación de la oposición política para convertirse en el asidero de la amenaza constante con el beneficio de la impunidad.
Porque el verdadero desafío es, en definitiva, identificar el origen del problema: no son solo algunos políticos que se han visto envueltos en una especie de batida vengativa los sujetos de la persecución despiadada, sin ninguna garantía. En la lista también están líderes cívicos, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y ciudadanos de a pie. Todos los que en algún momento se han opuesto al régimen, no necesariamente bajo el barniz de un interés particular, sino en la salvaguarda de la seguridad de los ciudadanos y la protección de las instituciones democráticas, o lo que entonces quedaba de ellas.
Equivocados estamos si pensamos que en Bolivia impera un régimen democrático y las instituciones representan verdaderamente las aspiraciones del pueblo, en el marco de la libertad y el Estado de Derecho. Al contrario, Bolivia esta siendo gobernada por un grupo autoritario con tintes totalitarios que busca, a través de la mentira, la propaganda, el odio y la persecución, instalar una autocracia emanada del beneplácito del caudillo.
El pasado es el prólogo. Por ello, es importante prestar atención a los errores que nos anteceden y considerar los desafíos, que en gran medida siguen siendo los mismos, para enfrentar la arremetida que el gobierno del MAS promueve y que irá en crecimiento.
En base a ello, el papel de la oposición y la organización de la lucha pacífica y cívica serán claves para los próximos meses, y en ese contexto debemos ser capaces de defender aquellos valores que han caracterizado a la sociedad boliviana en su tradición de defensa de su democracia y su libertad.
Mateo Rosales es abogado. Radica en Madrid.