BOLIVIA EN LAS URNAS, BAJO EL SIGNO DE LA INJERENCIA JUDICIAL Y LA INEQUIDAD ELECTORAL


Por: Zulema Alanes Bravo | 

Bolivia asiste nuevamente a votar, en condiciones de inequidad electoral y bajo la injerencia de la justicia penal en las decisiones de la justicia electoral, además de una deficiente gestión comunicacional, según dos expertos que siguen de cerca el curso del proceso electoral.

En declaraciones a Cabildeo Digital, la politóloga Erika Brockman y el jurista Ramiro Orías, coincidieron en que múltiples factores sembraron cierto grado de desconfianza en la transparencia y solidez del proceso electoral.

Se debilitó el principio de preclusión

Impugnaciones y habilitaciones al límite, confirmación de candidaturas casi al cierre, admisión de renuncias al filo de la elección, en criterio de Orías “derivan de la omisión del principio de preclusión, uno de los pilares sobre los que descansa en sistema electoral boliviano y que fue instituido en la reforma de la década de los 90”.

El jurista recordó que por el principio de preclusión “cada fase cerrada del proceso electoral ya no se retrotrae y se pasa a la siguiente, todos los actos quedan consagrados y son irrevisables. Así, por ejemplo, en el caso de la inscripción de candidaturas la ley establece plazos para las impugnaciones, sin embargo, bajo el argumento de causal sobreviviente se han seguido presentando impugnaciones incluso cuando la papeleta ya estaba impresa”.

Insistió que “se debilitó mucho el principio de preclusión, desde que se imprime la papeleta se debería cerrar la posibilidad de inhabilitaciones tardías, y los candidatos quedan desprotegidos frente a la persecución política y las herramientas del poder”.

En su criterio, el caso de Manfred Reyes Villa, muestra claramente cómo se socaba el derecho a ser elegido, “y al dejar a toda una región sin su candidato también se afectan los derechos de los electores”.

Manfred Reyes Villa | Foto: La Razón


Calificó de inaudito que el TSE hubiera habilitado al candidato a alcalde de Cercado, favorito en las encuestas de intención de voto, cuando ya regía el silencio electoral, el último día de plazo para hacer proselitismo y sustituir candidaturas.

Para evitar que eso ocurra, dijo, por lo menos tres semanas antes de la elección se debería cerrar la impugnación de candidaturas, “pues restar sus derechos a través de proceso penal, permite ese tipo de juego”.

En su opinión, “los candidatos deben tener blindaje desde momento que se ha cerrado la candidatura y no deberían ser perseguidos, algunos, como Reyes Villa, con casos de más de 10 años, activados con gran celeridad”.

Orías dejó sentado que la omisión del principio de preclusión genera “incertidumbre en la competencia electoral y muestra también la necesidad de ir hacia una reforma electoral y recuperar las bases del sistema electoral“.

Injerencia judicial e inequidad electoral

Las elecciones subnacionales vienen marcadas por una abierta injerencia judicial, dijo Orías, “el tribunal tiene el deber de resolver cada caso y aplicar las normas del régimen electoral y vigente, pero si la ley permite esas posibilidades, que se siga haciendo reclamos más allá del periodo establecido, muestra que hay disfuncionalidad y que hay que blindar de protección a las candidaturas y a las electores”.

Insistió que sin la preclusión, el proceso de inscripción e inhabilitación, impugnación e inhabilitación puede distorsionar todo el proceso electoral, y especialmente “es muy sospechoso que se argumente que se está a la espera del criterio de la justicia”. Y sentenció que “un poder electoral sometido al arbitrio judicial, no es confiable”.

Este domingo, 7.131.075 electores están habilitados para votar y elegir a 4.962 nuevas autoridades entre titulares y suplentes. De este total, 583 son autoridades departamentales, 27 regionales y 4.352 municipales. Se elegirán nueve gobernadores, 270 asambleístas departamentales, 337 alcaldes y más de 2.000 concejales municipales.

Este sábado, a pocas horas de concurrir a las urnas, casi al filo de la media noche, los tribunales departamentales electorales publicaron las listas oficiales de candidatos habilitados para las gobernaciones y alcaldías.

Erika Brockmann | Facebook


“Hay fallas en el proceso”, dijo Erika Brockmann, y aunque reconoció que “no todas son atribuibles al Tribunal Supremo Electoral, sino a factores externos” y refirió que una de las amenazas a la transparencia de los procesos electorales es “claramente la injerencia política en la justicia y, por ende, en las decisiones y procesos que debe encarar el órgano electoral” y lamentó que “la justicia electoral esté sometida a la justicia penal”.

Insistió que el despliegue del TSE “ha sido muy lento, pero es una lentitud instrumentalizada desde el órgano judicial, que ha dejado las cosas hasta el último y dejó el mínimo tiempo para que responda temas álgidos”.

Puso especial acento en “la pésima gestión en materia de comunicación” y cuestionó el “sistema de comunicación muy deficitario, ha administrado bien el tema de pandemia, pero no ha sabido comunicarlo, el TSE ha fallado muchísimo en términos de comunicación”.

Uno de los graves errores, según Brockman, es que “no ha podido informar sobre la complejidad del sistema electoral que ha separado el voto del alcalde y de los concejos, ni tampoco respecto al sistema mixto paralelo que no tiene formula de proporcionalidad en las gobernaciones”.

Asimismo, dijo que el TSE, no pudo contener el oportunismo y ventajismo del partido oficialista, “las giras de Arce con los candidatos del MAS, y la campaña con la vacuna. Al único departamento que no llegó fue a Beni. Y también se dijo que el despliegue de Evo Morales que como jefe de campaña del MAS, se financió, según se denunció, con recursos estatales”. Para Orías, esas son señales de la inequidad electoral.

las giras de Arce con los candidatos del MAS


Brockman advirtió que uno de los temas que el órgano electoral dejó al aire fue “el proceso de escrutinio que será complejo por la cantidad de candidaturas y, por tanto, votos distribuidos de aquí para allá, que tienen que ser procesados”. Tampoco se debe perder de vista, dijo, el déficit de las organizaciones políticas que no tienen suficientes delegados para el control electoral “y existe el riesgo de que en algunos lugares se haga dibujo libre, y se distorsionen los resultados”.

Reconoció que la solvencia del TSE se destaca en el tema de medidas de bioseguridad. Con al menos dos candidatos contagiados de Covid, Adrián Oliva y Sandro Giordano, el TSE ratificó que las personas mayores de 60 años no están obligadas a votar, y se espera una jornada que no significará mayor peligro de contagio para los electores.

Lo que no deja de ser preocupante, son las denuncias de acarreo de votantes desde Argentina para sufragar este domingo en los recintos electorales de Bermejo y favorecer a los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS) lo que obligó a grupos de ciudadanos a instalas una vigilia para evitar que crucen la frontera. Lo propio se denunció en San Javier donde la población se organizó para vigilar los principales accesos al municipio y evitar el ingreso de personas ajenas que pretendan emitir su voto. Y para mayor sospecha, en redes sociales circuló una foto de un grupo de personas marcando boletas de votación.

Salvador Romero | Foto: Opinión Bolivia


El presidente del TSE, Salvador Romero, garantizó un “proceso transparente y limpio”, anunció que los resultados reflejarán “la voluntad expresada en las urnas” y dijo que el cómputo se realizará lo más rápido posible con todas las medidas de seguridad.

Los primeros datos a boca de urna y conteo rápido se conocerán a partir de las 20:00 horas de la jornada de votación y estarán bajo la absoluta responsabilidad de Ciesmori y Focaliza, las dos encuestadoras autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que aclaró que las proyecciones que se difundan no son “Resultados Oficiales”.

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BOLIVIA EN LAS URNAS, BAJO EL SIGNO DE LA INJERENCIA JUDICIAL Y LA INEQUIDAD ELECTORAL
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