El INRA bajo sospecha: “Es un nido de ratas”

Por Zulema Alanes B.- 

El director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, ha puesto bajo sospecha al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y ha demandado que sea intervenida para transparentar los procesos de titulación de tierras que autorizó desde hace más de diez años.

La gota que rebalsó la paciencia de la institución que desde hace décadas hace el seguimiento al saneamiento y titulación de tierras en el país, fue la consolidación de dos propiedades agrarias, la Empresa Agropecuaria ‘Laguna Corazón’ de 12.480 hectáreas en la Provincia Guarayos y la Empresa Agropecuaria ‘Tierras Bajas del Norte’ de 21.000 hectáreas en la Provincia Chiquitos, sumando un total de 33.480 hectáreas a favor de la familia de Branko Marinkociv, exministro de Economía durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.

Apuntó a Añez como responsable de esa adjudicación irregular porque “firmó la Resolución Suprema que consolidó los predios Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte para beneficiar a la familia de su exministro”.

Detalló que “eso no sólo es cuestionable sino ilegal porque la Ley 3545, Artículo 47, prohíbe a Ministros de Estado y otros funcionarios públicos favorecerse con la adjudicación o dotación de tierras estando en funciones y durante el año siguiente a la cesación de sus funciones”.

Colque dijo a Cabildeo Digital que “este un caso flagrante de tráfico de tierras, pero no es el único” por lo que demandó “la intervención del INRA y la paralización de todo trámite agrario. Se debe ordenar una auditoría técnico jurídica, para develar lo que se hizo desde el anterior gobierno del MAS”.

Todo el mundo tiene las manos manchadas

El director de la Fundación Tierra aseguró que la corrupción en esa entidad tiene una larga data “hace más de diez años se ha formado toda una estructura que facilita el tráfico de tierras, incluso cometiendo flagrante violación a la Constitución que establece que la extensión de las propiedades privadas no puede exceder las 5.000 hectáreas”.

Colque no se reservó adjetivos para calificar la dimensión de la corrupción en el INRA y aseveró que “todo el mundo tiene las manos manchadas, han sacado tajada, de una u otra manera se han beneficiado jueces agrarios, tribunal agroambiental, funcionarios del INRA y dirigentes que debían hacer control social. Es un nido de ratas”.

Según el director de la Fundación Tierra, la auditoría del INRA no sólo debe incluir la gestión de Añez sino también, al menos la última década del gobierno de Evo Morales.

Detalló que, en su gestión interina, Añez entregó miles de títulos agrarios en el departamento de Santa Cruz, de muchas propiedades medianas y grandes que tenían problemas judiciales, ya sea por intentar consolidar propiedad sobre tierras fiscales o por incumplir la Función Económica y Social (FES), “esas adjudicaciones deben revertirse”.

Informó que la institución que dirige tiene una litas de al menos 200 propiedades agrarias de más de 5000 hectáreas de extensión que han sido ilegalmente tituladas, y añadió que todos esos casos fueron detectados a través de un “arduo trabajo de control social, pero son muchísimos casos y es difícil verificar la información porque el INRA la maneja bajo reserva, como ‘secreto de Estado’, por eso es importante la intervención para auditar los procesos de adjudicación”.

Tierras fiscales en manos extranjeras

La Fundación Tierra demandó la intervención de la Procuraduría General “porque de por medio están los intereses del Estado que esa institución tiene la obligación de defender”.

Colque dijo que esa intervención permitirá emitir un informe técnico jurídico, caso por caso, para establecer cuántas propiedades de más de 5.000 hectáreas han sido saneadas vulnerando la Constitución, “sólo una comisión especializada puede transparentar los hechos irregulares, no son casos aislados, han distorsionado el proceso agrario y lo han convertido en un mecanismo de tráfico de tierras”.

Insistió que el caso que involucra a la familia Marinkovic no es el único, “hemos demostrado cómo las tierras del caso Bolibras, que pasaron a propiedad fiscal han vuelto a privatizarse y han sido adjudicadas a empresas argentinas y brasileñas”.

El caso Bolibras se remonta a 1992, cuando el entonces ministro de Educación, Hedim Céspedes, intentó beneficiarse de 96.337 hectáreas en el municipio de Pailón, Santa Cruz, hecho que provocó que sea intervenido el Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA). Años más tarde, en 1996, se aprobó una nueva normativa agraria que dio lugar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y al posterior proceso de saneamiento de tierras, incluyendo las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Sobre esta normativa se inscribe la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria del año 2006.

Negocio redondo con beneficios millonarios

Según Gonzalo Colque, en todos los casos se juegan “millonarios beneficios, todos los involucrados en la cadena de corrupción sacan alguna tajada.” 

“Hay mucho dinero”, insistió, y aseguró que en el caso de las tierras saneadas en beneficio de la familia Marinkovic “es obvio que no han sido tituladas gratuitamente, son propiedades que cuestan mucha plata. Las dos propiedades juntas están valuadas en 33 millones de dólares.

El director de la Fundación Tierra, insistió que se trata de “un negocio redondo, en tanto no se intervenga el INRA para revertir, van a intentar congelarlo, que pase el tiempo y se olvide de todo, esa es su estrategia”.

Dijo que el INRA actúa al margen de la ley, “incumplen las prohibiciones establecidas en la Constitución y las leyes, está prohibido vender tierras, ningún extranjero puede ser propietario en un perímetro de 50 km de la frontera, la ley establece resguardos para proteger la propiedad de los bosques y de la tierra, pero la institución que debe hacer cumplir esas prohibiciones facilita el blanqueo de tierras”.

Colque informó que Fundación Tierra remitió al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, informes y documentación sobre el saneamiento y posterior titulación de dos predios por 33 mil hectáreas en favor de la familia Marinkovic y solicita la conformación de una comisión de alto nivel para iniciar la intervención del INRA y revisar todas las actuaciones jurídicas y técnicas de los últimos diez años.