De las calles a las urnas.

Por José Rivera.-

En octubre de 2019 los jóvenes salieron a las calles a exigir pacíficamente el respeto de su voto que estuvo siendo desconocido por segunda vez; paulatinamente nos sumamos a la movilización la mayoría de la población exigiendo el respeto de nuestro voto, el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia; luego de largas jornadas enfrentando la respuesta violenta del gobierno y los grupos afines, se logró sentar las bases para restaurar la democracia y el Estado de Derecho, pues renunció al cargo el Presidente y abandonó el país; los responsables del fraude electoral entraron en pánico renunciaron a sus cargos y algunos abandonaron el país, pidieron asilo político y otros bajaron el perfil; se declaró la nulidad de las elecciones, se recompusieron los tribunales electorales y se convocó a nuevas elecciones.

Lamentablemente, pareciera que algunos líderes y una parte de la población ha creído y cree que con la renuncia de Morales a la presidencia y el abandono del país ha desparecido el MAS; subestimando a un estructura política que en 14 años ha desarrollado una estrategia de captura del poder para permanecer en él y que, fruto de ello, aún mantiene su presencia en las estructuras del poder político como en la Asamblea Legislativa, niveles medios y rangos menores del Ejecutivo, el Órgano Judicial, Ministerio Público, los gobierno departamentales y municipales; espacios desde donde ha desplegado las acciones necesarias para ejecutar su estrategia de recuperar el poder político; principalmente la mayoría parlamentaria del MAS está obstruyendo la labor del Órgano Ejecutivo, aprobando leyes inconstitucionales para, en caso de no recuperar el poder, blindarse y evitar que se establezcan las responsabilidades penales por el fraude electoral y los actos de corrupción cometidos en 14 años de gobierno. Lo real es que el MAS aún mantiene un voto duro del 30 al 33%.

La realidad es que los bolivianos y bolivianas concurrimos a las elecciones generales divididos en dos fracciones. La primera, con un 33% (MAS) que pretende recuperar el poder que usufructuaron por 14 años despilfarrando los recursos económicos financieros del periodo de bonanza, infringiendo la Constitución y violando los derechos humanos, aplicando la política de la “zanahoria y el garrote” y con altos índices de corrupción. La segunda, el 67% de los bolivianos y bolivianas que desean restablecer el Estado constitucional de Derecho y el régimen democrático, con un gobierno que ejerza el poder con apego a la Constitución y las leyes, con polen a vigencia de los derechos y las libertades ciudadanas.

Lo lamentable es que, por diversas razones, entre ellas ideológicas, ese 67% de los bolivianos y bolivianas estamos divididos; así se refleja, no solo en las encuestas, sino en el comportamiento cotidiano y las posiciones asumidas y hechas públicas a través de las redes sociales y los diferentes medios de comunicación social masivos. Esa división nos coloca ante la peligrosa y latente posibilidad de que en las elecciones de 18 de octubre la minoría del 33% se impongan frente a la mayoría del 67% y el MAS recupere el poder político; de ser así, validará su teoría de que “en noviembre de 2020 hubo golpe de Estado” y desplegará una persecución penal despiadada en contra de quienes lideraron y protagonizaron las movilizaciones pacíficas de octubre y noviembre de 2019 y adoptará todas las medidas necesarias para perpetuarse en el poder. Aún en el caso que no gane la presidencia en la primera vuelta, sí ganarán casi el 50% de los senadores y diputados; de manera que aún pierda la presidencia del Estado en la segunda ronda electoral hará inviable el gobierno desplegando una oposición dura e irresponsable en el Legislativo y generando convulsión social del próximo gobierno, para generar el caos que le permita recuperar el poder en las próximas elecciones, como aconteció en la Argentina.

Frente a la dura realidad descrita, a los bolivianos y bolivianas que constituimos ese 67% que desea restablecer el Estado Constitucional de Derecho y el régimen democrático, no nos queda otro camino que reflexionar y emitir nuestro voto razonado para obligar a los líderes políticos deponer sus apetitos personales o de grupo y trabajar por el bien común y el interés general; estamos obligados, a través de nuestro voto razonado, a impedir que la minoría nos gane en las elecciones, recupere el poder para liquidar la democracia e instaurar la autocracia; estamos obligados a garantizar que el 67% de los ciudadanos y ciudadanas gane en las urnas y se constituya un gobierno verdaderamente democrático; tenemos la obligación de no desperdiciar nuestro voto, ya que ello permitiría el retorno al poder de aquellos que nos llevaron a la crisis social, económica y política que vivimos; por lo que no votemos por resentimiento, rencor, regionalismo o antipatía, votemos por una Bolivia democrática con respeto de los derechos y libertades ciudadanas; votemos por la opción que nos garantice derrotar al MAS.