Foto: Cadecocruz
Siguiendo experiencias de Perú y Chile, legisladores de partidos políticos, aportantes y economistas presentaron a la fecha seis proyectos de ley y propuestas para el retiro de aportes a las AFP.
Con el objetivo de facilitar recursos económicos para soportar la crisis económica ocasionada por la pandemia del Covid-19, las naciones vecinas afectadas optaron por la devolución de aportes a sus afiliados.
Por ejemplo, en el Perú mediante un decreto y una ley se autorizó a los aportantes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), el retiro excepcional del 25% de sus cuentas personales, desde el mes de abril.
De igual manera, el gobierno chileno el pasado mes aprobó una Ley que dispone que los afiliados a su sistema puedan retirar hasta el 10% de los recursos que tienen en sus cuentas de capitalización individual.
CUATRO PROPUESTAS DE PARTIDOS. Del 25 al 95 %.
En función a esas experiencias, en Bolivia legisladores de partidos políticos como PDC, UD y MAS presentaron a la Cámara de Diputados cuatro proyectos de ley para que los afiliados puedan retirar sus aportes y así obtener recursos para enfrentar la crisis económica ocasionada por el COVID-19.
El primer proyecto fue presentado por el PDC a través del cual se propone la devolución de un 50% de los aportes a las AFP, en cuotas, una inmediata y la otra en plazos.
La segunda propuesta fue elaborada por la Asociación de Defensa de los Fondos de Pensiones (Asoaf), y presentada por UD, la misma plantea la devolución de un 25% de acuerdo a la edad de los aportantes.
El tercer y cuarto proyectos fueron presentados por legisladores del MAS, en el primer caso proponen el retiro del 95% de los aportes para su uso en salud, educación, alimentación o emprendimientos. Y en el segundo el uso de aportes como garantía hipotecaria para acceder a créditos.
OTRAS DOS
A estos proyectos de Ley se suman dos nuevas propuestas a corto plazo relacionadas con la devolución parcial de los aportes de hasta Bs 35.000 o en su caso no mayor al 15%. La segunda está referida a una modificación del actual sistema jubilatorio.
Estas últimas fueron trabajadas por la Asociación de Aportantes a las AFP y el Senasir en coordinación con el Colegio de Economistas de Santa Cruz.
El proyecto de devolución parcial está destinado solo a aquellas personas que desde marzo no están trabajando, beneficiándolas con Bs 35.000 o de un 15% de su cuenta individual, informó a El Deber el vicepresidente del ente colegiado cruceño, Juan Pablo Suárez.
EL FRENO DE LA RENTABILIDAD
Respecto a las modificaciones del actual sistema jubilatorio, el ejecutivo explicó que “la gran falencia de las AFP es su baja rentabilidad debido a que en concepto de intereses en 2018 obtuvieron un promedio de un 1,8% cuando antes de 2000 generaban un 18% de interés”.
La baja rentabilidad también fue observada por el economista de Jubileo, René Martínez, quien señaló que los fondos que administran Previsión y Futuro de Bolivia es “bastante reducida”, entre 2 y 2,5% lo cual no permite su crecimiento en el tiempo.
LOS APORTES ESTAN INVERTIDOS
De acuerdo a datos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), en la gestión 2019, los fondos sumaron Bs 131.632 millones, de los cuales un gran porcentaje están invertidos en el sistema financiero nacional y en préstamos al sector público.
Esos recursos deben generar rentas que permitan acrecentar en el tiempo su valor para los beneficiarios, pero Martínez advirtió que esa rentabilidad en promedio en los últimos meses se ha reducido a un 2 y 2,5%. Por ello, consideró que una devolución de fondos es “complicada”, debido a que el sistema de pensiones y las posibilidades de brindar una mayor renta a los jubilados son “muy limitadas” por esa baja rentabilidad.
En una evaluación realizada para el periódico La Razón, el economista Jimmy Osorio, se refirió a las propuestas de retiro de aportes señalando que “se requiere pensar y diseñar el mejor plan de devolución indirecta” y que lo ideal es a través del sistema financiero “no de la totalidad sino un 25% a través de un préstamo”.
Explicó que en el país existen condiciones para aplicar esa opción pero que es necesaria la voluntad política del Gobierno y “sanear cuentas”, es decir, si existen los recursos de las AFP en el sistema financiero. Habla de los Bs 131.632 millones.
MAIP