Desde la bancada del Movimiento Al Socialismo se presentó el anteproyecto de una ley que buscará la “No Criminalización de la Protesta Social”, según anunció Betty Yañiquez.
Las tensiones calmaron y desde el gobierno se critica que la mayoría masista pueda aprobar esta ley que beneficiaría a aquellos que están en la mira de procesos por atentar contra la salud pública en plena pandemia,
Dicha norma busca que no se vulneren los derechos y garantías constitucionales, además de “derechos más favorables contenidos en tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos a favor de los líderes sociales, dirigentes sindicales y cualquier persona movilizada” en agosto de 2020.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a tiempo de rechazar la medida, dijo que en todo caso no tendría que ser retroactiva, y que igual se va sancionar a quienes hayan portado armas o cartuchos de dinamita en las recientes movilizaciones.
Incluso indicó que la Ley 400 del 18 de septiembre de 2013 y el Decreto Supremo 2888 del 1 de septiembre de 2016 prohíben el uso y tenencia de armas de fuego y explosivos en movilizaciones sociales, normativa que será usada en contra de los responsables e instigadores.
Por 12 días, desde el 3 de agosto, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad propiciaron un bloqueo de caminos en protesta por la postergación de elecciones dispuesta para el 18 de octubre por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las movilizaciones cerraron gran parte de las vías camineras del país.