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Entre amenazas de marchas y denuncias de protección a bancarios, el Ejecutivo tiene 48 horas para promulgar una ampliación del diferimiento de créditos hasta diciembre.
Las próximas horas serán claves. Dos poderes del Estado nuevamente enfrentados por la promulgación de leyes, mientras los prestatarios se desesperan por la presión de los bancos.
Agobiados por las deudas y la falta de ingresos, este lunes artesanos de El Alto se crucificaron mientras que en Cochabamba se llevó adelante una marcha de transportistas y diferentes organizaciones sociales, exigiendo a la presidenta Jeanine Añez la promulgación de la Ley 720/2019 que modifica la Ley Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos (Ley 1294 de 1 de abril de 2020), ampliando el plazo hasta el 31 de diciembre próximo.
Salustio Alcón, ejecutivo del Concejo Central de Federaciones y Asociaciones de Artesanos El Alto (Cocedal), aseguró que la nueva norma será un alivio para su sector, que tiene obligaciones bancarias y no podrá cumplirlas debido a que no existe actividad económica por la pandemia.
En la sede de Gobierno, la presidente de la Comisión de Planificación, Políticas Económicas y Finanzas de la Cámara de Diputados, Otilia Choque, también pidió al Poder Ejecutivo acelerar la promulgación de esta norma y denunció que “la banca ya está haciendo los cobros a las personas que adeudan créditos”.
Argumentó que la citada ley busca ayudar a la población más necesitada que “no ha podido trabajar por la pandemia” pero que “hasta el momento no fue promulgada por la presidente”, tras ocho días de su aprobación por la Asamblea Legislativa.
En medio de las protestas, después de superar la enfermedad del Covid-19, reapareció en plaza Murillo la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, para denunciar que la nueva ley de diferimiento del pago de créditos no es promulgada por el Ejecutivo porque “corren intereses bancarios de por medio”.
La máxima autoridad de la Asamblea Legislativa también advirtió a la presidenta, Jeanine Añez, que tiene plazo hasta el miércoles para la promulgación de la norma, caso contrario ella lo hará en los siguientes días.
La Ley 720/2019 que modifica el diferimiento de pagos de créditos hasta el 31 de diciembre, fue sancionada por el pleno de la Cámara de Senadores el pasado 12 de agosto y enviada al Ejecutivo el mismo día para su promulgación, que de acuerdo a la normativa vigente tiene 10 días (hábiles) para hacerlo, cumpliéndose el plazo este miércoles.
“Si no lo van a promulgar lo voy a tener que promulgar el día jueves. Y esto lo tiene que tomar en cuenta el Gobierno que no es el gusto de un partido o de otro, es por la necesidad de la población boliviana y hay que dar respuesta”, afirmó al hacer un llamado a la administración de Áñez para que cumpla su responsabilidad y no acuda a la “chicanería” para dilatar la aplicación de leyes.
Asimismo, descartó que el Ejecutivo lleve a consulta esta ley al Tribunal Constitucional debido a que no es proyectista de esta norma.
MARCHA NACIONAL
Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Agustín Mamani, anunció que el jueves ese sector junto a otras organizaciones se movilizarán a nivel nacional, exigiendo el diferimiento del pago de créditos hasta 31 de diciembre.
“El día jueves estamos haciendo una movilización a nivel nacional, no solamente como confederación de la micro y pequeña empresa, nos estamos uniendo con otros actores sociales que también se han visto afectados por esta falta de decisión de este Gobierno”, aseguró al lamentar que las autoridades actúan "con soberbia" al tratar este tema y sin considerar el problema laboral que enfrenta el país por la crisis ocasionada por la pandemia.
EQUILIBRIO
El ministro de Economía, Óscar Ortiz, informó la pasada semana que la citada ley está siendo revisada por el gabinete económico a fin de encontrar un equilibrio que beneficie a prestatarios y entidades financieras.
“Se está haciendo el análisis de esta norma tal cual ha sido sancionada en la Asamblea Legislativa, tanto para el beneficio de los prestatarios como de los ahorristas y las mismas entidades financieras. El Gobierno siempre va a buscar los equilibrios para que se respeten los derechos de los ahorristas como también las necesidades de quienes han tenido dificultades, menos venta y menos ingresos”, declaró Ortiz señala un informe de El Deber.
MAIP