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Por Zulema Alanes B. Fotos: Los Tiempos.-
La violenta expulsión de un contingente policial de la región del Chapare, ha reavivado las sospechas sobre los planes conspirativos que despliega el Movimiento Al Socialismo (MAS) en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
Chapare, 16 de abril. El MAS expulsa a la policia de Shinaota.
Tras cinco meses, el Gobierno ordenó el retorno de la Policía a la zona cocalera para garantizar el cumplimiento de la cuarentena decretada a nivel nacional como parte de las medidas para evitar la propagación del Covid-19. El dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos, Omar Claros, advirtió que tenían 24 horas para abandonar la zona, y sus amenazas se cumplieron cuando a horas de su arribo, 85 policías fueron agredidos, amenazados de muerte y expulsados la noche del jueves 16 de abril del municipio de Shinaota, lo mismo ocurrió en Villa Tunari y Chimoré.
Los cocaleros negaron que hubieran instruido las violentas acciones y apuntaron al Gobierno. Leonado Loza, dirigente de la Federación Intercultural de Chimoré, declaró: "Siento que esto es organizado, manejado y manipulado desde el Ministerio de Gobierno. Nosotros nos hemos autoorganizado con el Ejército y sin mayor coordinación introducen a los policías a tres, de los cinco municipios del Trópico. Se ha caído en una trampa del Gobierno, para acusarnos y salvarse de los errores que cometen".
Las declaraciones del dirigente no son creíbles no sólo ante las evidencias de los hechos sino porque es bien conocido el dominio que la cúpula sindical ejerce en las seis federaciones de productores de coca.
Una escalada de acciones de desestabilización
El investigador del Centro de Documentación e Información (CEDIB), Marco Antonio Gandarillas, aseguró a Cabildeo Digital que el Chapare es un dato más en la escalada de acciones impulsadas por el MAS desde la crisis de octubre y noviembre de 2019 que, en su opinión, “tienen como eje el uso político de los derechos humanos”.
Dijo que lo hace “con los saldos que tienen en el Estado, diputados y senadores, así como la prorrogada defensora del Pueblo, pero también a través de la acción directa de los dirigentes que todavía tiene activos en enclaves históricamente dominados por ese partido”.
Gandarillas, recordó que, en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus, la dirigencia del MAS alentó el desacato a la cuarentena y desplegó una campaña de desinformación: “en sectores donde tiene arraigo difundió que la pandemia ‘no es tan grave’ que ‘el actual Gobierno busca pretextos para prorrogar su mandato’, y logró activar algunos focos de resistencia”.
Ante las primeras limitaciones de circulación para evitar la propagación del coronavirus, la Federación de transporte libre del trópico de Cochabamba determinó desacatar la medida. En la ciudad de El Alto también resistieron la cuarentena y el toque de queda. En Riberalta se organizó una marcha supuestamente por la falta de alimentos. Otro foco de resistencia fue Yapacaní donde la Policía desactivó una marcha y detuvo a varios dirigentes que supuestamente reclamaban por la canasta familiar. En la frontera con Chile, el Gobierno denunció que 35 activistas del MAS se infiltraron entre los migrantes bolivianos que pedían retornar a Bolvia .
Según Gandarillas, las cúpulas del MAS no sólo alentaron esos hechos, sino que “se atrincheraron en el discurso de la defensa de derechos humanos, concordante con la idea de ‘Golpe de Estado y Gobierno de Facto’ que instalaron con mucha fuerza a nivel internacional”.
Añadió que “ese discurso tuvo cierto eco de parte de la comunidad internacional en general y de algunas instituciones en particular, que como la CIDH se pronunciaron sin corroborar su veracidad, sin verificar fuentes y hechos, y se han tomado de manera poco seria la obligación de indagar las denuncias”.
Dijo que además de los núcleos de resistencia territorial, el MAS cuenta con “los restos del aparato estatal que todavía domina”, en clara alusión a la Defensoría del Pueblo y a los dos tercios que controla en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, respaldó cada una de las acciones denunciadas como conspiración y desacato por el Gobierno, y en su afán de justificarlas llegó al extremo de asegurar que en septiembre de 2019 Bolivia sabía del Covid19. Cuando le recordaron que en septiembre de 2019 el gobierno estaba a cargo del expresidente Evo Morales, dijo que sus declaraciones “fueron descontextualizadas”.
A todo ello se suma la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley para las acciones de la emergencia sanitaria por los casos de coronavirus que abre la posibilidad de establecer juicios ordinarios a efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía por acciones contrarias a los derechos humanos.
Gandarillas aseguró que este punto es polémico porque “estamos en una situación de excepción, la propia CIDH y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han elevado recomendaciones de cómo actuar durante esta pandemia, dejando en claro que nadie tiene derecho a incumplir las disposiciones que protegen la salud pública, y aunque no está demás llamar a no abusar del uso de la fuerza, es innecesario y redundante incluir este tema en la ley y hacer de esto un tema central es un indicador de acción política”.
Además de la manifiesta intención de desestabilización, según el investigador del CEDIB, el accionar político del MAS apunta a “lograr impunidad para la cúpula que dominó el país durante 14 años y cometió no sólo graves violaciones a los derechos humanos sino también delitos”.
El día después de la cuarentena, en modo solidaridad
La violenta expulsión de la Policía en el Chapare fue uno de los momentos de mayor tensión. La primera respuesta oficial fue que se organizaría una incursión policial militar para retomar el control de esa región, pero luego se instruyó el cierre de las entidades financieras del Trópico de Cochabamba y, en las últimas horas, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que se estudia encapsular a esa región y afirmó que “no vamos a ir a la confrontación”.
Para Gandarillas “el Gobierno nacional ha tenido problemas graves para comunicar la gravedad del Covid19, especialmente en las áreas rurales, es momento de hacerlo y cambiar de estrategia también para combatir los diferentes frentes de la conspiración”.
Planteó que es urgente “pensar en el día después de la cuarentena, porque persistirá el desafío mayor que será salvar la vida de todos los bolivianos”.
Pronosticó que “este año no se podrá volver a la normalidad, pero parte de los desafíos será concertar y ponerse de acuerdo para que las disputas mezquinas no cuesten miles de vidas, hay que lograr el cese de hostilidades”.
Sostuvo que, para lograr ese objetivo, “el gobierno tiene que escuchar a la oposición y también a la sociedad, generar canales de participación y de concertación amplios, porque los desafíos son de largo plazo, esto no se acabará en mayo. Estamos entrando a una etapa muy compleja, que exigirá apertura al diálogo y la concertación”.
Dijo que, a contrapelo de las conspiraciones políticas, “la palabra solidaridad será el único asidero frente a la magnitud de la crisis que dejará la pandemia”.
Shinaota, después de 5 meses, la efectivos de la Policía regresaron al Chapare. 24 horas después fueron expulsados de ese territorio controlado por el MAS.
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