Ahora sí, ¡guerra al COVID!

Por Enrique Velazco Reckling.-

Hace tres semanas (Ajustar salarios…, Brújula Digital, 01.04.20), propuse reducir sueldos en la administración pública para ayudar a financiar los bonos más importantes. En días recientes, el candidato y algunos asambleístas del MAS se han pronunciado proponiendo bajar los sueldos en un 50%, o limitarlos a 10 mil bolivianos mensuales. Desde el Ejecutivo, adelantándose a la lenta ALP, se anuncia que la Presidente y sus ministros donarán parte de sus sueldos (50%) con ese fin. 

Como un aporte que facilite a la ALP poner en práctica sus prédicas, hemos estimado la magnitud del posible ahorro que lograría la ALP si se adopta la propuesta de limitar sus sueldos a Bs 10.000 toda vez que, a diferencia del Órgano Ejecutivo que tiene una mayor proporción de tecnócratas, la Asamblea está compuesta fundamentalmente por políticos “comprometidos con el servicio al país y la sociedad”. 

Con base en las curvas salariales publicadas para el Senado y Diputados en el presupuesto 2020 para sueldos (no incluye aguinaldo, otras bonificaciones ni prestaciones sociales), aplicamos una relación matemática que permite ajustar continuamente los sueldos de la curva salarial desde 4 mil bolivianos hasta el tope de 10 mil. Comparando el total de la actual planilla con la planilla ajustada, obtenemos el ahorro posible en seis meses (de abril a septiembre, cuando se esperaría algo de “normalidad”). 

El ahorro calculado en la ALP sería el 20% de la partida de sueldos de 106 millones. Pero en Servicios Personales hay además 41 millones en aguinaldos, previsión social y otros beneficios; y una gran cantidad de "eventuales" –otros 57 millones que, según dicen (no me consta), eran para “otros gastos de control social”. Eliminando el 75% de eventuales, a los diputados “supra nacionales” y a los suplentes de diputados y senadores hasta la elección de la nueva ALP, el ahorro podría llegar a 70 millones, que es el 35% de toda la partida de servicios personales. 

Para proyectar las estimaciones de ahorro en la ALP al total de la administración pública, debemos notar que, a pesar de tener 175 asambleistas suplentes y una gran cantidad de eventuales, los 204 millones de su presupuesto anual en servicios personales son apenas el 0.42% del presupuesto total en servicios personales de la administración pública (49 mil millones). En consecuencia, si los ajustes promedio en las curvas salariales (con tope de 12 mil bolivianos, respetando la decisión de la Presidente y sus ministros) llegaran al 20%, el ahorro en 6 meses sería de unos 10 mil millones de bolivianos (1.500 millones de dólares, superior en un 50% a los préstamos que el gobierno negocia con el BID, CAF y FMI).

Al respecto, en otro comentario hace pocos días, destaqué que, independientemente de que existan fuentes internacionales a las que podamos recurrir para acceder a los recursos necesarios, endeudarnos para superar la crisis es “patear la lata hacia adelante”, pasando la factura de nuestras imprevisiones a nuestro hijos y nietos. Esta ha sido una práctica habitual que debemos proscribir porque, además de ocultar las (ir)responsabilidades –muy especialmente de los cercanos al poder político, concentra el grueso de los sacrificios en los más vulnerables. 

Los bonos con endeudamiento tienen el estigma de posicionar en las personas la idea de “el derecho sin el deber” y la “virtud” de ocultar inequidades e iniquidades. La carga del endeudamiento caería sobre los que trabajan –formal o informalmente, creando ingresos en la economía: ellos terminarían pagando los bonos de 500 bolivianos a las personas de la tercera edad o a una joven madre soltera, pero también 22.000 bolivianos a un parlamentario que trabajó 4 días al mes, más de 30.000 bolivianos a un dirigente de la COB que, según se denunció, los percibe estando “en comisión”, o quizás el doble de eso a ciertos ejecutivos en YPFB; los bancos tendrán utilidades prestando dinero público para que la economía real se endeude para pagar los sueldos a sus trabajadores; y no faltarán empresarios (de “micro a mega”) que subirán precios –y bajarán sueldos, para pescar en río revuelto.

Eso no es ni correcto ni racional. El COVID-19, por su magnitud y consecuencias, debe ser enfrentado con las medidas que impone una sociedad en emergencia: responsabilidades compartidas, con mayor peso en quienes más tienen en recursos o en capacidades; uso óptimo de lo que tenemos; y recurrir a fuentes externas sólo con la claridad sobre cómo afectamos a las generaciones futuras. 

En particular, además de gobernar con el ejemplo, implica reconocer como un error el inducir la creencia que podemos superar la crisis “sin despeinarnos”. Para ello, el gobierno de transición debe decretar la racionalización salarial por la emergencia –en toda la administración pública, sin excepciones, bajo una arenga con el poder de convocatoria de la célebre frase de Winston Churchill: “nada puedo ofrecerles que no sea sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”. 

Con ella, Churchill formó el gobierno de unidad con el que, el Reino Unido, logró primero frenar la invasión a su territorio y, al final, la victoria.