La Fiscalía General del Estado pidió este domingo a la Fiscalía de La Paz el inicio inmediato del "procesamiento y juzgamiento" de los vocales del Tribunal Supremo Electoral por los presuntos hechos irregulares expuestos en la auditoría de la Organización de Estados Americanos durante la administración de las elecciones del pasado 20 de octubre.
Ante las evidencias de fraude electoral expuestas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras entidades del país que denunciaron este delito, el Colegio de Abogados de Santa Cruz exige al Ministerio Público la aprehensión de los vocales del Tribunal supremo Electoral (TSE), quienes ya fueron denunciados, así como con otros responsables de esta situación.
"Pedimos que la Fiscalía libre los mandamientos de aprehensión para que estas personas hagan su declaración y digan quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de estos delitos. Nos interesa que haya una amplia declaración y la Ley le caiga a quien le caiga", manifestó el presidente del ente colegiado, Julio Egüez.
El jurista señaló que la Asamblea Legislativa debe hacer una convocatoria y modificar la ley electoral para conformar a los nuevos miembros del Órgano Electoral, el cual debe componerse con profesionales que garanticen la solvencia, imparcialidad y transparencia de los nuevos comicios, mismos que deben definir si Evo Morales está apto o no para participar en las siguientes elecciones.
Vale recordar que la Constitución Política del Estado (CPE) establece en el Artículo 168 que una autoridad puede ser reelecta "por una sola vez de manera continua".
Por su parte, el abogado constitucionalista, José Luis Santistevan, apuntó que el Ministerio Público debió actuar de oficio para investigar las denuncias técnicas y jurídicas que se dieron posterior al 20 de octubre.
"Los delitos electorales constituyen también delitos penales. La culminación del acto delictivo se da cuando el TSE declara ganador a Evo Morales en primera vuelta. Ese dictamen fue producto de la comisión de hechos ilícitos, donde también el Gobierno es responsable porque apoyó y promovió estos hechos", expresó Santistevan.
//El Deber//