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PRONUNCIAMIENTO DELA SALP FRENTE AL ECOCIDIO PERPETRADO CON PREMEDITACIÓN Y ALEVOSÍA EN LA CHIQUITANIA BOLIVIANA
La Sociedad de Arqueología de La Paz, en su calidad de protectora del patrimonio natural y cultural de nuestro país, hace público el presente pronunciamiento.
Al igual que otras organizaciones aliadas dedicadas a la defensa del patrimonio, hemos seguido con preocupación el accionar del gobierno, tendiente a favorecer proyectos lesivos a la Madre tierra, las poblaciones indígenas y el patrimonio cultural de los territorios amazónicos y chaqueños. Accionar que se ha visto legalizado a través de una serie de leyes, decretos y resoluciones que violan la esencia de los preceptos constitucionales, como las Ley Nº 337 que perdona los desmontes ilegales perpetrados por grandes y pequeños terratenientes, ; la Ley Nº 741 que autoriza y amplia el tamaño de los desmontes; la Ley 1098 que promueve la producción de etanol como aditivo combustible; la Ley 1171 que autoriza el "uso y manejo racional de quemas" y finalmente el DS 3973, que autoriza los desmontes para incrementar la frontera agrícola y ganadera de los departamentos de Beni y Santa Cruz a fin de cumplir con metas irracionales de exportación de carne a China y la producción de etanol como combustible vehicular. Medidas que han desembocado en una catástrofe ambiental con la destrucción de más de un millón de hectáreas de bosque, la muerte de innumerables animales y flora nativa.
Indignados por los resultados criminales de esta quema anunciada del bosque chiquitano, planificada y ejecutada por el actual gobierno, en asociación con el agronegocio depredador, los empresarios ganaderos y exportadores de carne vacuna, demandamos:
La declaratoria inmediata de Desastre Nacional por el ecocidio del bosque chiquitano y otras áreas protegidas de la Amazonía y el Chaco bolivianos.
La promulgación de una Ley que establezca una pausa ecológica indefinida hasta la recuperación del bosque afectado, congelando toda actividad extractiva y productiva sobre estos espacios.
La anulación del DS 3973 y derogación de las Leyes 1171, 1098 y 337 y 741 a fin de evitar mayores daños contra el patrimonio natural y la madre tierra; y la creación de un fondo financiero nacional e internacional para atender al programa de recuperación de la selva y bosque, con un marco institucional independiente y autónomo, necesario para asegurar la recuperación del territorio y los bosques consumidos por los incendios.
El inicio de un juicio de responsabilidades a los promotores del terrible atentado sufrido por nuestros bosques y áreas protegidas.
Mientras estas demandas no se atiendan, la Sociedad de Arqueología de La Paz se encuentra en Estado de Emergencia y trabajará con todas las instituciones y movimientos ecologistas y ambientalistas que luchan por la protección y conservación del bosque chiquitano y las áreas protegidas amenazadas por el fuego y los oscuros intereses de empresarios y funcionarios gubernamentales.
La Paz, 28 de agosto del 2019
//Foto Opinión//
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