La Fiscalía notificó hoy a cuatro personas para que rindan su declaración por las publicacionesque hicieron en redes sociales presuntamente en contra del ministro de Gobierno,Carlos Romero, quien se declaró "víctima" por las críticas en el caso Montenegro.
"Ya se está notificando a las personas involucradas a través del fiscal Fabián Jiménez; se está realizando las actividades preliminares a efectos de establecer si existe o no responsabilidad. Son cuatro personas", informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave
La autoridad no brindó los nombres de los citados; sin embargo, detalló que no son políticos, ni personalidades públicas, sino son personas particulares.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer que en calidad de "víctima" envió documentos al Ministerio Público para que inicie una investigación por las publicaciones en redes sociales referidas a a su actuar sobre los nexos de la Policía con el narcotraficante Montenegro.
Muchas emitidas por "anónimos" que "ya fueron identificadas", según declaró.
"Este tema ha sido perversamente deformado. En algunas redes sociales se han dicho tantas cosas, todos los documentos de redes sociales los estoy remitiendo en mi condición de víctima, judicialmente, para una profunda investigación y aquellos que han escrito anónimos, también estoy enviando al Ministerio Público, con la identificación de los anónimos", señaló Romero entrevistado en el programa El Pueblo es Noticia de Bolivia TV.
El titular de la cartera de Gobierno amenazó con una investigación y un proceso judicial contra quienes se pronunciaron en redes sociales respecto al caso de Pedro Montenegro, extraditable a Brasil y que se entregó voluntariamente el pasado sábado a la Policía boliviana.
"Afortunadamente, se ha hecho un peritaje a través de detección informativa y se ha podido dar en muchos casos con anónimos que han escrito muchísimas cosas de descalificación en este tiempo", agregó el ministro.
En abril se conoció la existencia de una red de narcotráfico que presuntamente articulaba Montenegro, en la que se involucra a altas autoridades policiales y judiciales. La develación del caso provocó una crisis dentro de la Policía que obligó al Ministerio de Gobierno a reestructurar sus unidades.
En Bolivia la Constitución Política del Estado (CPE) y los derechos humanos en vigencia garantizan la libertad de expresión, por cualquier medio. Sin embargo existen un antecedente de aprehensión por el uso de las redes sociales denunciadas por el ministro Romero.
El 2017 dos personas fueron enviadas al penal de máxima seguridad de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por la publicación en redes sociales de “memes” ofensivos contra el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
//Los Tiempos//