CENSO: ¿UN FALSO DEBATE?

 

Por: Johnny Nogales V. | 

Anteayer, en declaraciones al periódico CORREO DEL SUR, de Sucre, el recientemente reelegido presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, demandó al gobierno tener “mayor seriedad” en el tratamiento de la discusión sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda, y consideró que se ha producido un “falso debate” en cuanto a su fecha de realización. Al mismo tiempo, el segundo hombre en la línea de sucesión constitucional recordó que la Asamblea Legislativa cumplió con su deber al aprobar los préstamos para asegurar el desarrollo de la actividad censal.

¿Qué es lo que ha ocurrido para que nos encontremos hoy en medio de un virtual estado de guerra, en una penosa situación de pugnacidad y enfrentamiento que amenaza con extenderse a lo largo y ancho del país?  Tratemos de recapitular los hechos:

El 25 de julio de 2021, hace prácticamente un año y medio, se emite el Decreto Supremo 4546, mediante el cual el presidente del Estado Plurinacional y su gabinete establecieron que el censo se llevaría a cabo el 16 de noviembre de 2022.

Por mandato de la Constitución Política del Estado (Art. 298), esa es una competencia privativa del gobierno nacional, cuyo brazo ejecutor es el Ministerio de Planificación, del cual depende el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Este es el órgano encargado de llevar adelante el relevamiento de los datos estadísticos actualizados sobre las características demográficas, sociales, económicas y las condiciones habitacionales existentes en el país.

El 9 de mayo del año en curso, el director del INE, Humberto Arandia, presentó renuncia al cargo por motivos de salud. En conferencia de prensa respondió airadamente a la versión de que su alejamiento estaría relacionado con la imposibilidad de cumplir con la meta encomendada. Dijo que, bajo ningún aspecto, permitiría que se melle la dignidad de su institución. Defendió la “responsabilidad y profesionalismo” de la entidad a su cargo y GARANTIZÓ que el censo estaba en marcha; afirmó que la actualización cartográfica ya había comenzado, las socializaciones continuaban y la boleta se encontraba literalmente concluida. Dio garantías a la población de que “el censo no corre ningún riesgo” y que “va a continuar avanzando, bajo estándares internacionales y el cumplimiento estricto de parámetros técnicos”. Concluyó afirmando que todo el trabajo del INE estaba avalado por la comisión de alto nivel. A pesar de su estado de salud, su renuncia no fue aceptada.

Como lo señala Andrónico Rodríguez, el 15 de junio de este año los legisladores otorgaron su asentimiento para que FONPLATA otorgue un crédito de 40 millones de dólares, con destino a la prosecución de las actividades programadas por el INE, y tres semanas después, el 8 de julio, autorizaron un nuevo endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por otros 100 millones de dólares, con el mismo propósito. Eso indica que estaban asegurados los recursos económicos para cumplir con el mandato.

En junio del presente año, Gabriela Mendoza, titular del Ministerio de Planificación, fue sustituida por Sergio Cusicanqui. En el acto de posesión, el presidente Luis Arce dijo que el cambio era para “reforzar la delantera”, semejando a su gabinete con un equipo de fútbol. Entre otras tareas, le encargó específicamente llevar adelante el censo 2022. Después de tomar las riendas de esa cartera de estado, el 23 de junio, Cusicanqui ratificó que el censo se haría en noviembre de este año.

Sin embargo, apenas tres semanas más tarde, intempestivamente se convoca al Consejo de Autonomías, y, junto a gobernadores y alcaldes (el gobernador de Santa Cruz no concurrió), se decide postergarlo hasta el 2024 y se emite el Decreto Supremo 4760. Las justificaciones para tomar esta determinación han sido escuetas e insuficientes, a tal punto que los propios diputados del MAS no conocen y no pueden explicar el motivo de la medida. Daniel Rojas, un parlamentario masista que trataba de defender la postura oficial, reconoció ayer: “ni nosotros, los diputados, sabemos por qué lo han llevado al 2024”.

La falta de claridad en los motivos de esta determinación dio pábulo a que se disparen una serie de interpretaciones sobre la conveniencia política del gobierno para adoptar esa medida. Entre ellas, retacearles recursos a algunos departamentos, cuyo crecimiento poblacional es evidente, así como impedir que regiones que son bastiones de oposición al discurso socialista, como Santa Cruz, tengan una mayor representación parlamentaria. Como colofón, surgió la susceptibilidad de que se quería evitar que los datos del nuevo censo contrasten o pongan al descubierto un Padrón Electoral viciado, que sería la fuente de fraudes electorales. En contraparte, la estrategia oficial consistió en tratar de invalidar las voces contrarias al aplazamiento del acto censal, etiquetándolas con el sello de “políticas. Hubo varios intentos fallidos por encontrar una salida negociada, no exentos de ciertos rasgos de imposición, con gestores obstinados y un cuestionable manejo comunicacional, colindante con la manipulación.

Lo evidente es que este aplazamiento ha provocado reclamos, paros y manifestaciones, y, desde hace dos semanas, Santa Cruz está crispada, inmovilizada y cercada. Los dirigentes cívicos de todo el país han anunciado una paralización general de actividades, si hasta el próximo domingo no se resuelve que el censo se realice el 2023. Esto significa, ni más ni menos, que el conflicto deja de tener un matiz regional para adquirir la dimensión de una demanda nacional.

Lo que algunos consideran que es la última carta, se juega ahora: El gobierno ha iniciado, en Trinidad, un encuentro en el que se espera que, por tiempo y materia, un grupo de técnicos defina la fecha del censo. Eso es poner la carreta delante de los bueyes, pues la decisión tendrá, inevitablemente, connotaciones políticas, son los políticos los que deben asumir su función y tomar determinaciones racionales, oportunas, que atiendan los argumentos técnicos y que resuelvan los justos pedidos sociales. El escudarse en funcionarios técnicos, que tendrán posturas siempre objetables, no los eximirá de su responsabilidad.

Ante la desconfianza que provoca una reunión en la que la gran mayoría de los invitados son militantes, aliados o proclives al gobierno, el presidente Arce la ha inaugurado con una alusión desafortunada e inoportuna: Que se quiere usar el censo como excusa para derrocarlo. Esto no contribuye a un vaticinio optimista de las conclusiones del encuentro, pero es lo que tenemos y es en lo que podemos cifrar nuestras esperanzas de encontrar, por fin, una solución razonada.

Ha llegado la hora nona. Ya no hay más tiempo que perder en sofismas, argucias ni en atrincheramientos estériles. Si no se resuelve el tema ahora, entraremos en una zona altamente riesgosa, en la que difícilmente habrá vencedores. Es el momento de ponerle trancas a todo interés que no esté en función al bienestar colectivo. Que se termine este “falso debate” y se proceda con mayor seriedad, como lo ha demandado el presidente del Senado. Recuperemos la cordura y brindémosle el beneficio de la paz a Bolivia.