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Urgen medidas de protección para los periodistas en el país que están permanentemente al filo de la hostilidad, el acoso judicial y la violencia, según el balance de un jurista y un periodista de la RAPP –Red de Apoyo y Protección a Periodistas– entrevistados por Cabildeo Digital.
En el Día del Periodista, que se conmemora cada 10 de mayo, Ramiro Orías, jurista y asesor legal de la RAPP, aseguró que “Bolivia registra una alta tasa de impunidad en materia de vulneración al trabajo de los periodistas y ataques a la libertad de expresión”.
En su criterio, “uno de los temas críticos es que el sistema de justicia no protege la libertad de expresión como un derecho fundamental que requiere de garantías reforzadas que protejan su ejercicio”.
El balance fue compartido por Renán Estensoro, periodista y director de la Fundación Para el Periodismo (FPP) que aseguró que “vivimos un tiempo de hostilidad, acoso judicial y violencia contra los periodistas”.
Refirió que, debido a la sistemática vulneración de la libertad de prensa y a la repetición de los ataques a periodistas, la FPP lanzó recientemente la RAPP – Red de Apoyo y Protección a Periodistas–, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la UNESCO y que tiene el objetivo de “brindar a los trabajadores de la prensa un espacio para realizar denuncias de agresiones, vulneraciones y acosos a su labor, pero también para capacitarse en derechos humanos, autorregulación, seguridad física e informática”.
ALTA TASA DE IMPUNIDAD
A la luz de los hechos, según Orías, está demostrado que “cuando hay obstrucción al trabajo de los periodistas el sistema de justicia no responde con la debida diligencia en las investigaciones y el procesamiento de los casos” y añadió que una muestra de la impunidad es que no existe una sentencia que aplique el Artículo 296 del Código Penal que tipifica los delitos contra la libertad de prensa.
En su criterio un ejemplo es el caso Las Londras – el secuestro de 17 personas entre ellas varios periodistas ocurrido el 28 de octubre de 2021– que derivó en un proceso en el que “se abrieron investigaciones por lesiones menores, lesiones graves, incautación de equipos, destrucción de cámaras, pero no como un delito contra la libertad de prensa”.
Subrayó que los casos se repiten y muestran que “hay una práctica extendida de obstrucción al trabajo de la prensa” y lamentó que el “Ministerio Público no aplique la norma penal vigente para tipificar los ataques a la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa libre y quienes deben sancionarlos tampoco se rijan por la Constitución y el bloque de constitucionalidad que rige en estos casos”.
Opinó que la impunidad “hace que se perpetúen los ataques a los periodistas porque no hay un precedente que inhiba a que se sigan cometiendo estos delitos”.
Por su parte, Estensoro recordó que en la última década “vienen ocurriendo repetidos hechos de violencia, amedrentamiento o intimidación a periodistas que incluyen amenazas de toma de oficinas de medios de comunicación”.
Atribuyó el recrudecimiento de la vulneración a la libertad de prensa, a “las fuertes campañas en contra del periodismo, que vienen alentando ataques a los periodistas por parte de movimientos sociales y simpatizantes de partidos”.
Dijo que las agresiones son recurrentes, “se ha llegado al extremo de maltratar y agredir a periodistas en algunas instituciones del Estado, hace poco se detuvo y enjuició a un periodista inventando cargos”
UN PATRÓN DE VULNERACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Según Orías y Estensoro se advierte un patrón de vulneración a la libertad de prensa en el país que está ampliamente documentado.
Ambos refirieron el reporte del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS que, en lo que va del año, registró 61 vulneraciones a la libertad de prensa en el país.
Según el Observatorio, entre las vulneraciones los casos más recurrentes fueron la estigmatización a periodistas (16 casos) y el impedimento al acceso a la información (16 casos), agresiones a periodistas (15 casos), amenaza a periodistas (siete casos), el ataque a un medio de comunicación (cuatro casos) y la censura (tres casos).
Destaca que quienes más incurrieron en estigmatización “son exautoridades de gobierno como el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y el exministro Juan Ramón Quintana. El primero, por ejemplo, acusó a los medios de comunicación: Unitel, Red Uno, El Deber y Página Siete de ser destructivos y los asemejó de ser “peor que la bomba atómica y la OTAN” (01/03/22). García Linera, por su lado y sin presentar pruebas, calificó de “golpistas” a los diarios Página Siete, Los Tiempos y El Deber (03/03/22) y Quintana acusó a Página Siete, El Deber, Los Tiempos y radio Panamericana de “matar a la verdad”: “Sáquense de la cabeza lo que dice Página Siete, El Deber, Los Tiempos, Panamericana. ¡Sáquense! Sáquense de la cabeza porque eso es basura y forma parte del campo de batalla. (Los medios) son las herramientas, son las armas del capitalismo”, declaró el 27 de marzo pasado”.
Detalla que el Órgano Judicial es el que más incurre en el impedimento de acceso a la información y detalla que “El 28 de marzo, el administrador de la sala virtual del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz retiró a los periodistas de la audiencia de juicio del caso “Golpe II” en contra de la expresidenta Jeanine Añez. El episodio se repitió el pasado 4 de abril, cuando periodistas de Correo del Sur, Los Tiempos, Página Siete y El Deber fueron excluidos de otra audiencia de este juicio”.
El Observatorio también documenta las agresiones a periodistas, así como las amenazas y ataques contra medios de comunicación.
APOYO Y PROTECCIÓN A PERIODISTAS
Frente a este panorama Estensoro dijo que “es momento de poner un alto y comenzar a defender a los periodistas, pero también el derecho de la ciudadanía de recibir información y garantizar que este derecho no sea limitado por los amedrentamientos que sufrimos los periodistas, devolver al periodista la fortalece que necesita para ejercer libremente su profesión y su oficio”.
Orías añadió que la preocupación está instalada en la agenda internacional. Recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de expertos Independientes (GIEI) de la CIDH constató que se produjeron diversos incidentes de violencia, amenaza, amedrentamiento o intimidación a periodistas y a sedes de medios de comunicación y que formuló dos recomendaciones específicas.
“La primera exhorta al Estado a reforzar garantías institucionales, administrativas y judiciales para proteger la libertad de expresión y el ejercicio libre de periodismo y, en caso de concretarse violaciones y daños, garantizar la sanción de los responsables y el resarcimiento de las víctimas y, la segunda, crear una instancia no estatal para brindar apoyo legal, administrativo y psicológico a periodistas cuyos derechos sean vulnerados”, puntualizó.
Señaló que, en el marco de la segunda recomendación, se lanzó la Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP) “periodistas protegen a periodistas, porque son los propios trabajadores de la prensa los que habilitan espacios para recibir denuncias y proporcionar el maletín de primeros auxilios legales para que los periodistas tengan herramientas jurídicas para la protección de sus derechos”.
Estensoro detalló que “el observatorio de la RAPP hará seguimiento a los casos de agresiones a periodistas para documentar las denuncias en el país. Cuenta también con un consultorio legal que recibirá las denuncias sobre agresiones y vulneraciones de derechos, las mismas que serán evaluadas y verificadas para brindar orientación legal y sugerencias de acción, pero no necesariamente patrocinará servicios jurídicos, salvo en casos emblemáticos o que acusen extrema gravedad “.
Dijo que también emprenderá procesos de capacitación para fortalecer las capacidades de periodistas, porque el objetivo es “generar un contexto más seguro y favorable para el ejercicio del periodismo, que la ciudadanía y especialmente las instituciones del Estado, entiendan, valoren y respeten el rol del periodista”.
Orías dejó sentado que la capacitación es vital para la defensa de la libertad de expresión que “no es una tarea solo de los periodistas sino de la ciudadanía porque “protege el derecho a buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás, tiene tanto una dimensión individual como una dimensión social poseen igual importancia y deben ser garantizadas plenamente en forma simultánea “.
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