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Vía: Publico.bo |
Las ambulancias adquiridas para la emergencia del Covid-19 en Potosí se embarcaron en el puerto de Jebel Ali (de Emiratos Árabes) el 23 de noviembre de 2021, según la hoja de ruta que declaró la naviera surcoreana Eukor. Tres días después, el gobernador JoHnny Mamani y la empresa Estefals Logistics firmaron el contrato 215/2021 de 20,5 millones de bolivianos por esos bienes, informa este jueves el diario El Deber.
De acuerdo con la declaración de la naviera, la carga está compuesta de dos partidas, una de 24 vehículos y otra de 20 (44 en total). Todos ellos corresponden ambulancias Toyota Land Cruiser que en total suman 44 unidades.
La Gobernación de Potosí había adquirido 41 motorizados, una para cada municipio potosino, pero anuló el contrato debido a irregularidades durante todo el proceso.
Durante el primer tramo, el navío Morning Prosperity 040 transportó la encomienda para Potosí hasta el puerto de Gunsan, en Corea del Sur, el 16 de diciembre de 2021. Allí se hizo el transbordo al navío Bess 037, que zarpó el 11 de febrero de 2022. El arribo del navío está previsto para el 19 de marzo al puerto chileno de Iquique.
Para esa fecha, el gobernador Mamani ya había anunciado la anulación del contrato, pero fue recién el 14 de marzo cuando informa oficialmente a la Asamblea Legislativa de Potosí sobre la anulación de ese trato y el inicio de acciones legales contra el Humberto Huanca, el dueño de la empres Estefals Logistics. Este reporte es el 0173/2022.
El Deber accedió a la documentación emitida por la Aduana de Chile. En el manifiesto de carga, conocido en el ámbito internacional como Bill of Lading (BL) figuran las empresas “proveedoras” con las que trabajó Huanca para cerrar el trato, pero no así el nombre del gobernador. Eso sí, el nombre de la autoridad figura en la carátula que identifica la operación.
Huanca, propietario de Estefals Logistics, dijo a El Deber a mediados de enero que las ambulancias fueron compradas en Dubái y que había sufrido una demora por efecto del itinerario de la naviera, pues no existen viajes directos hacia Iquique. Reveló que estaba solicitando una ampliación de plazo para la entrega de esos bienes.
El contrato, firmado el 26 de noviembre de 2021, estableció 40 días para la entrega, un plazo que venció el 6 de enero.
El 14 de enero, ya con los tiempos de entrega vencidos, saltaron las irregularidades en la contratación; por ejemplo, una comisión técnica de la Gobernación y del Servicio Departamental de Salud (Sedes), la unidad solicitante de estas ambulancias, firmó el acta de recepción el 31 de diciembre dando fe, precisamente, de la llegada de estos vehículos.
Además, la empresa presentó un Número de Identificación Tributaria (NIT) que no era suyo y se acreditó apenas tres meses de experiencia en Fundempresa con un capital de Bs 100.000, que representa el 25% del costo de una ambulancia.
De hecho, el informe de la Comisión de la Asamblea Departamental que investigó este caso llegó a establecer un sobreprecio de Bs 777.000 en el proceso de contratación, pues habían propuestas más bajas y planteadas por compañías importadoras con más tiempo en el mercado y acreditadas por los fabricantes.
Pero Mamani, en el informe que envió al presidente de la Asamblea Departamental, Marcial Ayali (0173/2022) descarga toda la responsabilidad en Estefals Logistics; asegura que se cometieron “errores administrativos que viciaron de nulidad todo el proceso de contratación”.
Además, señala que tras la anulación del contrato no se ejecutará la boleta de garantía por Bs 1,4 millones que puso Estefals, una compañía unipersonal que acreditó Bs 100.000 de capital cuando se registró ante Fundempresa, en septiembre de 2021, tres meses antes de pactar con la Gobernación potosina un millonario contrato.
“No es pertinente la ejecución de garantías, porque esto significaría reconocer la legalidad del acto. Sin embargo, a los fines de precautelar los intereses del Estado, se procedió con el inicio de una acción penal en contra de la empresa Estefals Logistics ante el Ministerio Público, solicitando la imposición de una medida cautelar de carácter real a los fines de una posible existencia de daños causados al Estado”, señala el reporte remitido al ente legislativo.
La asambleísta Azucena Fuertes, que forma parte de la minoritaria bancada de oposición regional, señaló que al no ejecutarse esta garantía también se producirá un daño económico al Estado y lamentó la lentitud en la investigación que ejecuta la Fiscalía.
EL DEBER buscó un contacto con el gobernador Mamani, pero en su despacho señalaron que se había designado al funcionario Aldo Efén como portavoz del caso. El funcionario señaló que estaba fuera de su oficina, en el Norte de Potosí, y solicitó “agendar una reunión con temas específicos”, pero en el curso de los próximos días.
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