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Por: Zulema Alanes B. |
La legalidad y legitimidad de la Defensoría del Pueblo está bajo vigilancia de activistas y organizaciones de la sociedad civil en medio de desacuerdos entre oficialistas y opositores que han puesto en tensión a la Asamblea Legislativa.
La intención del Movimiento Al Socialismo (MAS) de controlar la elección de la nueva autoridad, ha provocado la resistencia de la oposición y ha derivado en grescas al interior de la Asamblea Legislativa que han obligado a un cuarto intermedio, sin fecha de reanudación de las sesiones del Congreso.
No es poco lo que está en juego: se trata de recuperar la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo malograda como consecuencia de la elección en 2016 de David Tezanos Pinto por los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que fue forzado a renunciar en 2019 acusado de utilizar ambientes estatales para exponer sus problemas conyugales y comparar su caso con el de Evo Morales y Gabriela Zapata.
En su reemplazo fue designada Nadia Cruz con 95 votos del MAS en la Asamblea Legislativa que, en los más de tres años de interinato, ha sido cuestionada por su afinidad con el oficialismo y por callar graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno.
Tras seis años de descrédito, la elección de la Defensoría del Pueblo implica el desafío de restablecer su misión de defensa y protección de los derechos humanos y las garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, el expresidente y actual jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, expresó su preocupación por “el aumento exponencial de la violación de #DDHH en Bolivia” y aseguró que se debe “a la inacción y obsecuencia de la Defensoría del Pueblo que en las gestiones de Tezanos Pinto y Nadia Cruz se dedicó a defender al MAS y no al Pueblo. Debemos recuperar esa institución para los bolivianos”.
VETOS, GRESCAS Y DESACUERDOS
El tratamiento y aprobación del proyecto de reglamento de selección y designación del Defensor del Pueblo, empezó mal por la imposición del MAS de una cláusula que veta la postulación de los actores de 2019.
Entre los 18 criterios de incompatibilidad para la elección del próximo Defensor del Pueblo del proyecto aprobado por la Comisión Mixta de Constitución, con mayoría masista, se incluye el veto a quienes hubieran participado en la “ruptura del orden constitucional”.
Los factores de inelegibilidad que establece el proyecto aprobado por el MAS, detallan que quienes postulen a la Defensoría del Pueblo “no deben haber participado o estar involucrados en actos de gobiernos militares o de facto” en una manifiesta intención de cerrar el paso a activistas que denunciaron el fraude electoral y fueron parte de las movilizaciones ciudadanas que obligaron a Evo Morales a renunciar y autoexiliarse.
Comunidad CiudadanaComunidad Ciudadana (CC) y Creemos, las dos fuerzas de oposición en la ALP, plantean al menos 12 observaciones al proceso y han denunciado la manifiesta intención de burlar los dos tercios que exige la Constitución para la elección del cargo, lo que ha derivado en enfrentamientos entre oficialismo y oposición y ha obligado a la suspensión de la sesión de Congreso que debía aprobar el reglamento y la convocatoria para la elección del Defensor del Pueblo.
Entre gritos y empujones, el miércoles se estancó el debate. El rechazo al pedido de Comunidad Ciudadana (CC) de aplicar la fórmula de los dos tercios en todo el procedimiento de selección y designación del Defensor del Pueblo derivó en una gresca que obligó a un cuarto intermedio, sin fecha, de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Ante el cuarto intermedio los opositores se declararon en vigilia temiendo que se trate de una nueva artimaña del oficialismo para dejarlos por fuera de las decisiones como ocurrió para la aprobación de ascensos militares en el Senado y para la elección de la Comisión de Ética en Diputados.
El senador de CC, Rodrigo Paz, twitteó: “Se fueron!! Apagaron la luz y se fueron del parlamento. Tienen control en todos los poderes del estado y mando en las fuerzas del orden y defensa, pero la incapacidad de consenso en algo tan importante como el Defensor del Pueblo es defender al estado abusivo y no al pueblo”, reiterando la desconfianza de la oposición en la transparencia del proceso.
Este jueves, oficialismo y oposición acordaron que no se reanudará la sesión hasta una nueva reunión con el presidente nato del Congreso, David Choquehuanca que, por su recargada agenda, no asistió a la reunión que él mismo convocó para intentar allanar las diferencias.
“No se reanudará la sesión de Asamblea mientras no llevemos adelante una segunda reunión”, anunció el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, en tanto el presidente de la comisión Mixta de Constitución, Rubén Gutiérrez, senador del MAS, dijo que, si bien existe predisposición para atender las observaciones de la oposición, el oficialismo insistirá en que no se debe aplicar los dos tercios en la fase de selección de los candidatos.
Carlos AlarcónPara la oposición en la ALP no hay lugar a equívocos ni interpretaciones puesto que el Art. 220 de la Constitución establece que el Defensor del Pueblo debe designarse por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
SELECCIÓN BASADA EN MÉRITOS
En medio de la disputa al interior de la ALP, la sociedad civil boliviana articulada en redes, plataformas, activistas de Derechos Humanos y colectivos ciudadanos, demandaron modificaciones al proyecto de Reglamento en debate en la Asamblea Legislativa.
En un pronunciamiento público aseguran que los 10 criterios de evaluación (Art. 17) del proyecto de Reglamento “no permitirá una evaluación objetiva de los méritos y carrera profesional de los postulantes” y recuerda que anteriores procesos similares como la designación del Fiscal General del Estado en 2018, y la selección de postulantes para el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional en 2017, “incorporaban en la convocatoria criterios para la evaluación y un baremo con puntajes que permitían discriminar los mejores perfiles”.
Advierten que la selección del titular defensorial “tendrá un impacto importante en la credibilidad” de la población frente a la nueva autoridad y condicionará tanto la legalidad como la legitimidad de la elección y designación.
Ana María Romero de Campero la primera Defensora del PuebloPlantean “que la selección del titular de la Defensoría del Pueblo se realice en base a la lista de las y los postulantes con condiciones más probas, calificadas e idóneas es un desafío compartido entre el Órgano Legislativo y la ciudadanía” e instan a “seleccionar a postulantes cuyas notas ¬ hayan superado los 70 puntos, puesto que consideramos que los criterios de evaluación bajo los parámetros planteados no reflejarán la calidad profesional del o la postulante”,
Solicitan que “se garantice la publicidad de la información y se asignen plazos adecuados para que la ciudadanía ejerza su derecho a impugnación de candidatos/as que no cumplan con el perfi¬l establecido en el reglamento” y piden “cumplir en la selección con los criterios de paridad de género y participación de representantes de pueblos y naciones indígena originario campesinas y afrodescendientes”.
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