El caso “ítems fantasmas” arroja nuevos datos que involucran a al menos 10 entidades que se beneficiaron de contratos para ser ejecutados en el municipio de Santa Cruz. Mientras el alcalde Jhonny Fernández anuló la instructiva que prohibía a los funcionarios brindar información sobre el tema.
Según los concejales de Comunidad Autonómica (C-A), cada institución recibía entre dos y 150 contratos que eran destinados desde la unidad de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña.
El concejal Federico Morón (C-A) informó que en el análisis preliminar de la documentación identificaron a 4.195 personas con observaciones en su proceso de contratación; sin embargo, estos contaban con aval de distintas instituciones, entre las que mencionó a presidentes de colegios de profesionales, empresarios, exconcejales, exsecretarios, partidos políticos, control electoral, entre algunas entidades.
Morón acotó que en este grupo de funcionarios observados se identificó distintas figuras. Por un lado, hay quienes nunca aparecieron a marcar y, por otro, personal que asistía una sola vez para firmar asistencia de todo el mes.
“Cada año había personal que entraba y salía porque (la Dirección) Recursos Humanos se ocupaba como una caja de favores”, indicó el concejal Morón, a tiempo de detallar que cada institución era beneficiada por dos o más de 150 contratos, informó El Deber.
En tanto, Los Tiempos reportó que Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz, anuló la instructiva que prohibía a los funcionarios municipales brindar información sobre el caso de los presuntos 800 ítems fantasma.
“Hemos anulado esa instructiva. Los voceros para la investigación de los ítems fantasma son el doctor Ever Mérida y la doctora Adriana Pedraza de Transparencia. Ellos son los que van a dar toda la información de cómo va el caso”, indicó este sábado Fernández a los medios cruceños.
El alcalde aseveró que colaborará con “todos los que quieran y necesiten la información”.
“No queríamos que se fugue información porque esto podía traer problemas a la investigación”, afirmó Fernández.
La instructiva que generó críticas desde diferentes sectores señalaba que “se prohíbe a todos los secretarios, directores y servidores públicos del GAMSCS, proporcionar información, sin previa autorización del señor alcalde municipal. El incumplimiento a esta instrucción, será sancionada de acuerdo al Decreto Supremo N° 233”.
NUEVOS DATOS
Los documentos de las contrataciones observadas fueron entregados a la Fiscalía con nombres de beneficiarios y el supuesto aval que estos tenían para el cargo. Los datos corresponden al periodo que va desde diciembre de 2020 a la fecha. Se identifica similar proceder en anteriores gestiones, como la que se investiga en los ítems fantasmas de 2014 a 2018.
“Se trata de un mecanismo de corrupción, de un pacto de corrupción”, acusó Morón. Por su parte, el integrante de la misma bancada, el concejal José Alberti, quien el fin de semana denunció la entrega de 200 contratos a favor de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), partido político del alcalde Jhonny Fernández.
Esta semana, Marcela Terceros, fiscal de la comisión que investiga el caso de ítems fantasmas, explicó que efectivamente se tiene la hipótesis de que existen instituciones con personal involucrado en este caso, por lo que se sigue investigando los entornos de los acusados en el proceso.
A las denuncias en este caso se sumó Renzón Mendieta, dirigente de trabajadores municipales, quien cuestionó que en la gestión 2020-2021 se entregó vales por la totalidad de funcionarios registrados en la Alcaldía, pese a que un grupo “es fantasma”.
“Aparentemente también fueron beneficiados de los vales de consumo los fantasmas. Entonces, esto es parte igual del desfalco”, cuestionó Mendieta.