EL GOBIERNO ACORRALADO HABLA DE AJUSTAR LA LEY 1386

Foto: Opinión | 

Ante la presión de los movimientos cívicos de Potosí y Santa Cruz así como de gremiales, el Gobierno da un paso atrás y anunció este miércoles su disposición para escuchar observaciones y sugerencias para cambiar la Ley 1386 que dio vida a la Estrategia de lucha de ganancias ilícitas.

El primero en salir al paso frente a las marchas de rechazo, enfrentamientos y el paro de actividades fue el ministro de Economía, Marcelo Montenegro al señalar: “Creemos que el diálogo es el mejor camino para este tipo de sugerencias de cambios a las normas que se están planteando. Se lo ha hecho, no hoy, esto está abierto hace más de tres semanas y esperamos que los sectores puedan hacer esas solicitudes de cambio a la ley 1386”.

La postura de la autoridad fue planteada en un momento de movilizaciones y protestas en  al menos seis regiones del país, donde se pide abrogar la Ley 1386 que fue promulgada en agosto. La normativa de nueve artículos tiene un anexo de 51 páginas que activa la política pública contra el lavado de activos y prevé ajustes en Código Penal, informó El Deber.

De igual manera, desde la Asamblea legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani también indicó: “Se ha hecho una invitación a los sectores para que puedan plantear ante la Asamblea Legislativa las solicitudes de cambio a la Ley 1386 y hasta ahora no han enviado esas solicitudes”.

El ministro Montenegro también precisó que se espera que los sectores movilizados soliciten ser parte de la “socialización” de la ley así como “ajustes que pueda ejecutar la Asamblea Legislativa”.

El rechazo a la estrategia, que en su diagnóstico plantea a la informalidad como un factor de riesgo para el lavado de  dinero, provocó una declaratoria de paro nacional. Muchos de los movilizados también cuestionan el artículo siete de esa norma que abre la posibilidad de que la estrategia sea modificada por decreto.

En ese sentido, la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol) propuso hace dos semanas la modificación de ese artículo de manera que no sea usado por los gobernantes “para generar condiciones de persecución política”. La propuesta no fue respondida por el Gobierno.

Las protestas contra esa ley y otras que fueron observadas, generaron una “escalada de violencia” que fue alertada por la Defensoría del Pueblo, que también alentó la posibilidad de un escenario de diálogo para que los hechos de violencia no prosigan, especialmente en Santa Cruz de la Sierra y Potosí donde la situación es de “alta tensión” por el fallecimiento de un joven campesino.