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Por: Zulema Alanes B. |
La exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Rosario Baptista advirtió que el país se enfrenta a “la consolidación de un gobierno tirano, que ha desmantelado la democracia” y aseguró que la falta de independencia de los Órganos del Estado garantiza la impunidad de Evo Morales.
La exautoridad electoral detalló una serie de irregularidades cometidas por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), reconoció que “ni aún desde adentro se pueden corregir las cosas” y convocó a “la participación responsable, activa y comprometida de la población” para recuperar la soberanía e iniciar un nuevo momento “libre de presiones, extorsión y manipulación del poder gobernante”.
En una carta que titula “Mi compromiso con Bolivia” no descartó que para recuperar el Estado de Derecho “es posible ejercer el derecho a recurrir al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión que considera la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando sus derechos no son protegidos por un régimen de Derecho”.
En su mensaje al país planteó que para cambiar las cosas es necesario “romper los círculos de impunidad y corrupción” y advierte que “no pueden gobernar quienes han secuestrado la democracia para desmantelarla”.
SE EVITÓ QUE SE CANCELE LA PERSONERÍA DEL MAS
Rosario Baptista que renunció a su cargo hace más de una semana, dijo que en los últimos 15 años se ha consolidado un partido único y reveló que el TSE no resolvió dos causales que pudieron derivar en la pérdida de la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Una por uso de bienes del Estado para la campaña electoral de Evo Morales” y la otra “por discriminación, explícita en el Estatuto Orgánico del MAS-IPSP aprobado el año 2012, que determinaba que el acceso a la función pública corresponde sólo a militantes del partido”.
Según Baptista, “el mismo partido confesó que la disposición, por la que en una anterior elección se canceló la personalidad jurídica a una organización política del Beni, pocos días antes de la jornada de votación, era inconstitucional y esto fue reconocido oficialmente por el Tribunal Constitucional, que en la anterior ocasión encontró una salida para evadir decirlo”.
La exvocal también detalló que no se actuó correctamente ante la denuncia presentada por la oposición en julio de 2020, contra el entonces candidato del MAS, Luis Arce, por haber difundido resultados de una encuesta interna de su partido.
Recordó que el artículo 136 de la Ley 026 de Régimen Electoral establece que “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica; además, serán sancionadas con una multa equivalente al doble del monto resultante de la tarifa más alta inscrita por el medio de difusión en el Órgano Electoral Plurinacional por el tiempo o espacio dedicado a la difusión de tales estudios”.
Y deja sentado que “un Tribunal resuelve los casos sometidos a su conocimiento, no los oculta, no elige qué juzgar y qué no. Es su obligación procesar todo, aunque fuera sólo para rechazarlo, con apego a la ley”,
La exvocal detalla que se hizo la investigación de las denuncias que podían haber cancelado la personalidad jurídica del MAS, pero lamenta que “Se obtuvieron las pruebas, no legalizadas porque los funcionarios a cargo fueron amenazados, los ministros de turno se negaron a entregarla, y todo esto durante el gobierno transitorio”.
Baptista afirma que esta denuncia sigue hoy pendiente de tratamiento. “Se resolvieron muchas otras presentadas con el mismo propósito, pero con diferentes causales y sin fundamentos válidos, todas fueron resueltas en plazo; esta no”.
Y añade que “es por este partido único que el Tribunal Supremo Electoral eligió no procesar una denuncia. Un Tribunal resuelve los casos sometidos a su conocimiento, no los oculta, no elige qué juzgar y qué no. Es su obligación procesar todo, aunque fuera solo para rechazarlo, con apego a la ley. En este caso concreto, se denunció la existencia de dos causales que podrían haber dado lugar a la cancelación de su personalidad jurídica, una por uso de bienes del Estado para la campaña electoral de Evo Morales, y la otra por discriminación, explícita en el Estatuto Orgánico del MAS-IPSP aprobado el año 2012, que determinaba que el acceso a la función pública corresponde sólo a militantes del partido".
SE HA SECUESTRADO LA SOBERANÍA DEL PUEBLO
En su mensaje al país, la exvocal Baptista, asegura que “No hacer las correcciones al sistema que conforma a todos los Órganos del poder público, distorsionado por una voluntad dolosa que ha secuestrado la soberanía del pueblo a favor de un partido político”.
Alerta respecto a que se “persistirá en sostener impune a quienes, como Evo Morales, se aferran al poder engañando y traicionando a la propia gente que dice representar, a quienes no ha hecho otra cosa que dividir, basado en la mentira”.
Denuncia que la actual distribución de escaños está diseñada para que el MAS siempre obtenga la mayoría en la Asamblea Legislativa y en las asambleas departamentales, logrando lo votos necesarios para nombrar a autoridades del Órgano Judicial y Electoral.
“Los órganos del Estado con competencia jurisdiccional, es decir, el Electoral y el Judicial, así como el Tribunal Constitucional, son conformados a través del Órgano Legislativo, que es eminentemente político, con mayoría absoluta de un solo partido político, el voto ciudadano en elecciones judiciales sólo legitima a los candidatos del partido, manteniendo sobre ellos una férrea sumisión”, explica.
La exautoridad ratifica sus denuncias sobre irregularidades del padrón electoral para beneficiar al partido en función de gobierno y asegura que, entre otras razones, eso se debe a que el TSE restringe la información a la población y revela que existen aspectos que se mantienen en reserva.
Puntualiza que “No existen los medios para que la población pueda verificar las condiciones de una elección o impugnarla. Los algoritmos debieran ser públicos, abiertos, el de cómputo, el de sorteo de jurados, visibles para que ciudadanos que entienden puedan verificar que están bien; las sesiones, grabaciones y actas de cada sesión de Sala Plena deben ser públicas, son elementos esenciales para generar la confianza ciudadana, al igual que los procesos de contratación de notarios electorales, y muchos”.
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