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Foto: ASP-B |
El conflicto tarifario entre la Empresa Portuaria Arica (EPA) y Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) persiste y podría agravarse porque venció el plazo para la ampliación excepcional de plazo para programación y despacho de mercadería en tránsito a Bolivia. Además, la empresa chilena reclama el pago de 3,5 millones de dólares a la empresa estatal.
La EPA informó que la ASP-B le debe 1.340.000 dólares por los servicios de agosto y septiembre, pero también existen otras deudas: de 1,6 millones de dólares por diferencia de facturación y pago del 10,7 por ciento entre los años 2016 y 2019, además de una cartera de facturas impagas de 660 mil dólares por servicios a la minera Vinto y otras, según un reporte de Los Tiempos.
“No entendemos por qué ASP-B ha dilatado esta situación, si es por todos sabido que los dineros están en su cuenta corriente, ya que los importadores le pagaron con mucha anticipación estos servicios”, dijo el gerente de EPA, Rodrigo Pinto.
Debido a esa deuda, la EPA aplica desde el 20 de septiembre el cobro anticipado a la carga de importación boliviana.
El 5 de agosto, la EPA elevó el precio de los servicios que presta a la carga boliviana. En septiembre, ASP-B comunicó que por la elevación arbitraria de tarifas no pagará los servicios prestados en agosto a la carga boliviana.
Al respecto, el gerente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, indicó que a la fecha no hay solución al conflicto tarifario, por lo que los importadores y exportadores piden certidumbre para poder planificar sus operaciones de comercio exterior.
El viernes pasado, el gerente de la ASP-B, Dante Justiniano, solicitó a la EPA firmar un contrato temporal por tres meses; la propuesta fue rechazada por la chilena y la CNC.
“No estamos en esa línea porque tres meses es muy corto plazo y lo más probable es que se volvería a generar un conflicto y en una etapa alta de importación, que es antes de fin de año. Bajo estas circunstancias de gestión deficiente de la ASP-B no garantizan certidumbre”, dijo Jáuregui.
La semana pasada, los importadores bolivianos tenían más de 15 mil toneladas de carga inmovilizada en Arica, que generaba una pérdida económica de 630 mil dólares. Los contenedores pudieron salir porque la ASP-B aplicó una ampliación excepcional de plazo para programación y despacho de mercadería en tránsito a Bolivia; esta excepción vence hoy.
Los empresarios temen que después del 5 octubre la carga de importación boliviana tenga dificultades para salir del Puerto Arica por el conflicto tarifario y de deuda que hay entre ASP-B y EPA.
SIN DIÁLOGO
La Empresa Portuaria Arica informó que la ASP-B, que representa a los importadores bolivianos, no presentó ninguna solicitud formal para realizar una visita o una reunión en Arica para tratar el tema tarifario.
El gerente de EPA, Rodrigo Pinto, precisó que “nos llama la atención que se hagan emplazamientos públicos para alcanzar un acuerdo, pero que en la práctica no hay nada concreto. Si la ASP-B quiere de verdad suscribir el acuerdo de descuentos, debe anunciar formalmente su visita al Puerto, donde lo recibiremos con la mejor disposición. Mantenemos toda la disposición para firmar un acuerdo; sin embargo, hasta hoy la ASP-B no ha concretado ninguna solicitud formal”, informó el diario
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