Foto: El Deber |
El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) acelera la aprobación legislativa de la Ley N° 218/2020-2021 “contra la legitimación de ganancias ilícitas”. Se trata de una nueva herramienta de persecución política para los opositores a la administración de Luis Arce.
Tras su aprobación por la Cámara de Diputados, la norma pasó al Senado Nacional para su tratamiento la próxima semana.
Pese a que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aclaró que la intención de esta normativa es unificar, ordenar y estandarizar las competencias que ya tenía la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en el marco de acuerdos internacionales firmados por Bolivia, los opositores señalaron que el MAS ahora tiene una nueva herramienta de persecución política ya que autoriza la apertura del secreto bancario y la eliminación de la mínima cuantía.
Al respecto, el diputado Edwin Bazán, de la alianza Creemos, este hecho deriva en el allanamiento de dominio privado sin notificación previa a las personas que sean consideradas sospechosas, según informó El Deber.
“Primero lo meten preso y luego lo investigan, esos son los abusos y excesos del MAS, es un proyecto de Ley abiertamente inconstitucional”, apuntó el diputado Edwin Bazán de la alianza Creemos, al cuestionar las nuevas y excesivas atribuciones que tendrá la UIF.
En esa misma línea, legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) observaron que en el listado de organizaciones, obligadas a entregar esta información, no figuren los sindicatos y advirtieron amenazas a la libertad de expresión con la vigencia de esta normativa que deriva en el ajuste de varios artículos del Código Penal.
"Este proyecto es una suerte de super ley ya que modifica delitos, incorpora tipos penales, recorta atribuciones judiciales y otorga facultades especiales al Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Procuraduría , concentrando decisiones en el Órgano Ejecutivo, pero principalmente desconociendo la Constitución Política del Estado, Código Penal y Código Procesal penal", afirmó el diputado Óscar Balderas (CC).
El proyecto de Ley N° 218/2020-2021 “contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales” también señala que “toda persona natural o jurídica, pública o privada” debe informar a la UIF sobre sospechas de legitimación de ganancias ilícitas. Además, debe emitir la información que la entidad estatal requiera para fines investigativos sin orden judicial.
Con la ley, asociaciones civiles, organizaciones religiosas y de creencias espirituales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones nacionales y extranjeras, organizaciones políticas, agrupaciones y toda organización sin fines de lucro debe entregar información, informó el diario cruceño.
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