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Por: Amalia Pando |
La Wiphala es símbolo de la dominación del MAS y flamea entre los cocaleros leales a la dictadura de Arce/Evo. Mientras que la tricolor boliviana acompaña a los rebeldes que pretenden recuperar el edificio de ADEPCOCA y entre los vecinos de las Villas Fátima y El Carmen que marchan y hacen barricadas exigiendo el retiro de la Policía que gasifica a más no poder y protege a los oficialistas que atacan, incendian y lanzan dinamitas.
Es un cuadro similar al que toda Bolivia vivió hace dos años, en octubre 2019.
La dictadura del MAS no permite las protestas en su contra. Ese derecho fue abolido “de facto” pero la gente no se da por enterada y sigue saliendo a defender sus derechos como lo viene haciendo desde siempre.
La estrategia de la dictadura es aplastar a la oposición, sea política o social. A veces finge negociar, pero no negocia, gana tiempo y luego arremete usando policías, jueces y paramilitares armados, la trilogía del terror.
LA UTILIDAD POLÍTICA DE MATAR OPOSITORES
En el caso de los cocaleros de Los Yungas, es evidente que está buscando muertos para liquidar el conflicto como lo ha hecho, por ejemplo, en el caso de los cooperativistas mineros, allí en Panduro sobre la carretera hacia Oruro, cuando mataron a cinco y sacrificaron a su propio viceministro, Adolfo Illanes.
Los muertos le permiten a la dictadura amedrentar y pasar a la ofensiva, pues siempre responsabiliza a los dirigentes de los movilizados y los hace cargar los muertos para encarcelarlos por muchos años.
Ese también fue su plan cuando ocurrieron las multitudinarias protestas contra el fraude y aparecieron las barricadas con pititas. Pero, a pesar de todos los que mataron y al centenar que resultó herido a piedra o bala a manos del masismo, Evo Morales fracasó por la magnitud de la protesta y la constatación del fraude.
Ese octubre permitió establecer la forma sistemática con la que actuó el régimen y que hoy se está repitiendo en ADEPCOCA.
EL USO DE LA POLICÍA
Cuando la policía comete excesos en el uso de la fuerza, el gobierno queda mal y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos puede responsabilizarlo por la violación de los Derechos Humanos.
Después de la represión en Chaparina cuando la policía actuó sin medida ni clemencia, Evo Morales siguió los consejos de Maduro y Ortega, dejar el trabajo criminal a los paramilitares del régimen.
En octubre de 2019 la policía lanzaba gases para dispersar a los manifestantes, abrir paso a los grupos de choque del MAS encargados de romper cabezas y lanzar dinamitas y luego protegerlos para permitir que se dieran a la fuga.
En La Paz hubo una nutrida concentración en la Cervecería que pedía la renuncia de Evo Morales. Estaba rodeada por la policía. De pronto el cordón policial se abrió, como una puerta corrediza, para dar paso a un grupo de masistas que lanzó a la multitud petardos y dinamita y rápidamente desapareció. Los policías volvieron a cerrar filas en medio del pánico y el caos entre los manifestantes que no encontraron escapatoria.
Este papel, de abrir paso a los vándalos y agresores para luego protegerlos y dejar en la indefensión a los manifestantes convertidos en presas, es la causa de fondo que indignó a los uniformados y los condujo al memorable motín nacional ocurrido dos días antes de la renuncia de Evo Morales.
Hoy, bajo la conducción de su nuevo comandante, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, la Policía ha vuelto a ocupar ese penoso lugar en la represión.
En Villa Fátima y El Carmen, los vecinos los encontraron infraganti protegiendo a los civiles que lanzaron dinamitas. No los pudieron agarrar porque los policías cerraron el paso y los agresores pudieron darse a la fuga. Y esto ocurrió una y otra vez.
La colaboración es tal que un joven que vino de Los Yungas a recuperar el mercado de la coca terminó al fondo de un barranco de 30 metros donde lo lanzaron pensando que estaba muerto. Los paramilitares al servicio de la dictadura lo majaron a palos y la policía se deshizo del cuerpo, según testimonio del sobreviviente.
Nuevamente, como hace dos años antes del motín, la policía es blanco del desprecio y la bronca de los ciudadanos.
Los vecinos cansados de los gases que causaron el incendio de un edificio, gases que penetran hasta en las cunas de sus guaguas y no les dejan trabajar, han salido a la avenida principal, ondeando la tricolor, para encarar y hacer retroceder a la policía.
Más de un grito se escuchó pidiendo la renuncia del ministro Castillo y del dictador Arce.
LOS POLERAS AZULES
Los grupos de partidarios organizados y armados aparecieron también en octubre de 2019.
Para contrarrestar las movilizaciones contra el fraude, Evo Morales usó a los empleados públicos que ocuparon el Aeropuerto de El Alto para impedir la llegada del cívico cruceño Luis Fernando Camacho, y también los disfrazó de mineros para resguardar la Plaza Murillo y hacer demostraciones de fuerza por el centro de la ciudad.
No fue suficiente. Tanto en La Paz como en Cochabamba, trasladaron a las capitales a miles de campesinos y los dotaron de palos cortados en barracas, suficientes para acabar con los bloqueos de las “pititas” que no se rendían ni cansaban.
A estos grupos de campesinos se sumaron grupos entrenados en el manejo de armas de fuego. Se los vio en acción conjunta en Vila Vila donde impidieron el paso de los buses con mineros y estudiantes que querían reforzar la resistencia en La Paz.
Hoy, los paramilitares del MAS, las poleras azules, unos son militantes, otros vienen de la policía y otros son mercenarios profesionales, son los que entrarán en acción cada vez que la oposición se movilice.
Evo Morales dispone de un destacamento de ellos, uniformados de negro, que no son policías y que no se sabe quién les paga.
En el conflicto de ADEPCOCA han secuestrado y torturado al dirigente Armin Lluta y al joven que lanzaron al barranco, han lanzado dinamitas, y han quemado tres vehículos y un puesto policial, un ataque que sirva de pretexto para perseguir y encarcelar a los cocaleros rebeldes.
El sometimiento vergonzoso de la Justicia, el uso de la Policía en actividades ilegales, inclusive narcotráfico, robos y asaltos, y la presencia campeante e impune de los paramilitares, prueban que este gobierno se ha convertido en una dictadura al servicio de intereses ajenos a los de Bolivia.
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