Entre errores y fallas la industrialización costó al Estado $us 2.078 millones

Foto: El Deber | 

Errores conceptuales, mal dimensionamiento, fallas en la comercialización, una errada logística pero sobre todo 2.078 millones de dólares de costo para el Estado, son los resultados de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia.

De acuerdo a un análisis efectuado por la Fundación Milenio, con base a datos extraídos de la Agenda de Reactivación Hidrocarburífera de Bolivia, del Ministerio de Hidrocarburos, de octubre 2020, el costo de la nacionalización de los hidrocarburos fue de 2.078 millones de dólares.

La investigación, realizada por Carlos Delius, expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) y empresario del sector, sostiene que pese a la gran inversión; la industrialización del gas natural “no es precisamente una historia de éxitos”, según un reporte de El Deber.

El documento de Milenio sostiene que el afán de generar un valor agregado al gas natural generó que los proyectos tengan errores conceptuales, un mal dimensionamiento, fallas en la comercialización y una errada logística.

“La inversión de $us 2.078 millones realizada en la industrialización a todas luces no cumple con las expectativas bajo las cuales fueron realizadas. Las inversiones ya deberían estar con factores de utilización más altas, algo está fundamentalmente mal”, detalla el documento.

Entre los proyectos observados están la planta de urea y amoniaco en la que se invirtieron 957,5 millones de dólares. Enclavada en la localidad de Bulo Bulo, en la región de Chapare, el proyecto petroquímico siempre estuvo en el ojo de la polémica. Antes de la caída de Morales la industria paró en cinco oportunidades, arrojó pérdidas económicas y tuvo problemas medioambientales.

Otro proyecto que opera a media máquina es la planta separadora de líquidos de Gran Chaco, Carlos Villegas. Con una inversión de $us 693,60 millones tiene una capacidad ociosa del 68%. La industria fue inaugurada en 2015, tiene capacidad para procesar 32,2 millones de metros cúbicos día (MMm3/d) de gas.

Con este volumen puede producir 2.247 toneladas métricas día de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y 3.144 toneladas métricas día de etano, además de 1.044 barriles de isopentano y 1.658 barriles diarios de gasolina natural. No obstante, su producción no llega a las proyecciones iniciales. Además, cuando fue inaugurada hace seis años, se tenía prevista que de forma anual genere hasta 500 millones de dólares por la exportación de GLP; pero la meta no se cumplió.

“Las inversiones ya deberían estar con factores de utilización más altas, algo está fundamentalmente mal”, señala el estudio.

Otro proyecto cuestionado es la planta de GNL Río Grande. Fue inaugurada en 2016, cuando entró en operación la estatal YPFB y se detalló que tiene la capacidad de procesar 12,8 millones de pies cúbicos día (MMpcd) de gas natural con los que puede producir 210 toneladas métricas día de GNL.

Pero el estudio de Milenio, basado en datos oficiales, señala que su capacidad ociosa es del 90%, pese a que la inversión fue de 213,80 millones de dólares.

A esta lista hay que sumar la planta separadora de líquidos de Río Grande. Su construcción no estuvo exenta de observaciones. Esta fue la primera iniciativa estatal para industrializar el gas.

El proyecto primero fue entregado a la empresa Catler-Uniservice, por 86,35 millones de dólares en 2008. Pero el acuerdo se anuló en 2009, tras comprobarse hechos de corrupción, que derivaron en la detención del entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez.

Finalmente, en 2010 Yacimientos adjudicó la obra a la firma argentina Astra Evangelista (AESA) por 159,46 millones de dólares. Luego el monto se elevó a $us 168,4 millones. Pero la inversión final llegó a $us 189,90 millones, según datos de la Fundación, con base a información oficial.

El proyecto también fue cuestionado después que se investigara a altos funcionarios acusados de recibir dinero por favorecer la contratación de AESA.

A pesar de esto, es el único proyecto que opera casi de forma plena, porque su capacidad ociosa llega solo al 10%.

“Esta realidad es un problema muy serio que puede constituirse en un pozo sin fondo para YPFB, es necesario darles una mirada pragmática a estos emprendimientos, y tomar las acciones correctivas”, concluye el estudio Milenio difundido por El Deber.

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