Por: Zulema Alanes B |
Radio Juan XXIII y canal TV9 de San Ignacio de Velasco, están bajo amenaza. El obispo de la Diócesis de San Ignacio de Velasco, Roberto Flock, denunció que, de forma arbitraria, el Ministerio de Defensa procedió a la expropiación del predio donde están instaladas las antenas de esos medios de comunicación de larga trayectoria al servicio de la comunidad.
El hecho fue calificado como un atentado contra la libertad de prensa y de información y la iglesia anunció que extremará todos los recursos para revertir la medida gubernamental que afecta directamente a los más de 30.000 pobladores del municipio de San Ignacio de Velasco pero que también repercutirá en un amplio espectro de poblaciones aledañas.
En su homilía dominical, el obispo Flock leyó un comunicado en que se detalla que mediante Resolución Ministerial N° 0129, de 5 de marzo 2021, el ministro de Defensa Edmundo Novillo determinó expropiar el cerro donde se erigen las torres para la transmisión de ambos medios de comunicación.
UNA SEÑAL HOSTIL
La Diócesis de San Ignacio rechazó la expropiación porque amenaza con interrumpir las transmisiones de la radio y del canal de televisión y calificó la medida gubernamental como una acción hostil y “una señal de la creciente dictadura en el país”.
En un comunicado, recordó que en 2019 se acordó ceder una parte del predio (0,4365 hectáreas) de manera que no afecte las instalaciones de los medios de comunicación, el acuerdo se plasmó en la Resolución Ministerial No. 0389 de 7 de octubre 2020.
Por lo anotado, según el pronunciamiento de la iglesia, la resolución firmada por Novillo es “unilateral, arbitraria y sin negociación previa” y pretende expropiar todo el terreno donde se encuentran las instalaciones.
“La Diócesis luchará para defender sus intereses y derechos, pero es posible y probable que en cualquier momento interrumpan nuestras transmisiones”, advierte el comunicado y finaliza señalando que la acción del Ministro de Defensa “es una señal de la creciente dictadura en el país”, por lo cual lo declaran persona no grata en la Diócesis.
AL ESTILO DE LAS DICTADURAS
El presidente de la Asociación de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic, calificó la medida como “una seria amenaza a la libertad de difusión y de prensa” y advirtió que “al privar a esos medios de los terrenos para sus antenas, también se afecta el derecho al trabajo de periodistas y del resto de trabajadores”.
El representante de los periodistas colegiados del país dijo a Cabildeo Digital que “es una pésima señal” y aseguró que “ya habíamos perdido la memoria de ese tipo de medidas que eran típicas de las épocas de dictaduras”.
Destacó la amplia trayectoria de los dos medios que resultarían afectados de persistir la medida gubernamental y recordó que durante varias décadas han trascendido el área de la comunicación y han aportado de manera invaluable al ejercicio del derecho a la información y han formado a varias generaciones con programas en el ámbito de la educación.
Radio Juan XXIII ha sido fundada hace 53 años y el canal 9TV ya lleva 38 años de trabajo ininterrumpido, “sería la primera vez que en democracia se afecte el normal desarrollo de los medios de comunicación”, puntualizó Glasinovic.
Dijo que “en reiteradas oportunidades el gobierno se ha comprometido a respetar la libertad de prensa y, por tanto, debe revertir la resolución ministerial” y recordó que la Constitución Política del Estado garantiza en su artículo 106 garantiza “el derecho a la comunicación y a la información, a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medios de difusión”.
Glasinovic insistió que “solamente en gobiernos dictatoriales y autoritarios se han acallado a los medios de comunicación, exigimos respeto a la CPE y exhortamos a no usar artimañas para tratar de acallar la voz de medios de comunicación que han hecho importantes aportes a la comunidad”.
En esa misma línea, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, expresó su “enérgico rechazo a la arbitraria decisión del gobierno de Luis Arce, respecto a la expropiación del espacio desde donde trasmite la Radio Juan XXIII de San Ignacio de Velasco” y aseguró que “a la hostilidad contra la Iglesia, el MAS suma ahora el intento de acallar medios de comunicación”.
La diputada de Creemos, María Rene Álvarez Camacho, formuló una petición de informe escrito en el que demanda al ministro Novillo una justificación técnica y legal de la expropiación que ha autorizado y se adelantó a rechazar “rotundamente la unilateral decisión del gobierno, de expropiar el cerro de la Diócesis de San Ignacio de Velasco”.
En su petición, solicita al ministro de Defensa detallar bajo qué acuerdos se acordó la cesión de parte del predio en 2019 y explicar en qué estado está el proceso de expropiación.
El Comité pro Santa Cruz se sumó a la protesta, calificó el hecho como una clara arremetida del MAS contra los medios de comunicación que no están alineados con el gobierno y le exige garantizar el funcionamiento de la radio y el canal de televisión.
Según reportó ANF, el gobierno pretende instalar un radar para el control del espacio aéreo en el cerro donde se encuentran las antenas de los medios de la iglesia.