¿Argentina dejará de comprar gas boliviano?

Como resultado del desarrollo de Vaca Muerta, el segundo yacimiento más grande del mundo de gas no convencional, Argentina en al menos tres años dejará de requerir gas boliviano para cubrir su demanda interna.

A esta conclusión arribó el analista en hidrocarburos Álvaro Ríos, quien mencionó a Los Tiempos que las empresas privadas que operan en Vaca Muerta tienen la estrategia de suministrar gas al norte argentino y chileno en los próximos tres años.

De acuerdo a la información del diario de Cochabamba, el norte argentino es la región que demanda gas boliviano, por ello la quinta adenda al contrato firmado entre los gobiernos de Argentina y Bolivia, el 31 de diciembre de 2020, establece envíos de 8 millones de metros cúbicos día (MMm3d) en época de verano y 14 MMm3d en invierno.

“La señal clara: que Vaca Muerta está despertando y el gas boliviano ya no es imprescindible y poco a poco se lo va a necesitar menos en Argentina”, sostiene Ríos.

Según el analista, el aumento de la producción energética en el vecino país y el avance del suministro hacia el norte debe ser un factor de preocupación para las autoridades bolivianas, puesto que se estaría perdiendo un mercado de exportación.

Añade que el problema de Bolivia no sólo se relaciona con los mercados, sino también con la capacidad de producción de gas que se encuentra en declive. Ante ello, sugiere considerar a futuro el transporte de gas argentino por los ductos bolivianos que conectan con el mercado brasileño. De ese modo, Bolivia obtendría ingresos por ser un país de tránsito.

Sin embargo, el analista en hidrocarburos José Padilla consultado por Los Tiempos considera que Argentina todavía necesitará del gas boliviano por al menos 10 años, dado que la producción de Vaca Muerta todavía tiene costos elevados en relación al combustible boliviano.

Fundamenta su criterio afirmando que Bolivia tiene elementos a su favor como la infraestructura, puesto que el gasoducto que conecta con Argentina ya está pagado, lo cual reduce los costos de logística y le permite a la estatal YPFB jugar con precios.

Se trata de dos criterios que difieren pero que al final alertan a las autoridades que se debe impulsar nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos y trabajar en políticas de acceso a otros mercados, lo antes posible.