.jpg)
Foto: La Razón |
En días más el gobierno promulgará la ley que envió a la Asamblea Legislativa sobre el retiro del 15 % de los aportes a las AFPs.
El objetivo es usar parte de este ahorro privado para lanzar circulante al mercado, como medida paliativa a la recesión.
Sin embargo, sólo los desempleados y trabajadores independientes podrán efectuar ese retiro. Es decir, una minoría de los aportantes quienes a cambio del retiro renunciaran a otros derechos.
LUIS ARCE, el Ministro de Finanzas
El presidente Arce ha manejado durante 12 años la política pensiones en su condición de ministro de Finanzas del gobierno de Evo Morales.
Dispuso, por ejemplo, de 150 millones de dólares de estos aportes privados para abrir una línea de crédito para la agroindustria oriental.
En 2015 decidió que las AFPs pasen a ser administradas por una Gestora Estatal que debió entrar en funcionamiento en junio de 2016. De entonces para acá, la transferencia se postergó tres veces, y con seguridad habrá una cuarta, pues en septiembre de este año la Gestora todavía no tendrá el indispensable software que requiere para iniciar su trabajo.
Arce compró dos veces ese software y debió ser procesado por ello. Pero ganó las elecciones y el caso está cerrado.
Primero, contrató por 5 millones de dólares, sin licitación, a la empresa panameña Sysde a la que le entrego 3, 5 millones de dólares a cambio de nada.
“Nos falló” , dijo Arce para justificar esta pérdida para el Estado de la que se lava las manos. Para el mismo software ordenó la firma de un segundo contrato, también sin licitación, con otra compañía, una colombiana, la Heinsohn Business, por 10 millones de dólares que no se pagaron gracias al “gobierno de facto”.
Durante seis años la Gestora Estatal vivió del Tesoro derrochando dinero público y sin administrar pensiones. Entre otros contratos, que Arce no pudo justificar, figura el pago de un millón de dólares a tres ejecutivos de la Gestora y la compra de 3 oficinas en el edificio Gundlach por dos millones de dólares.
Y ahora Arce vuelve a echar mano de los aportes para cumplir fines ajenos a la seguridad social.
RETIRO DE FONDOS
La Fundación Milenio, en un estudio sobre este proyecto de Ley, pone en evidencia que sólo la minoría de los aportantes, desempleados y trabajadores independientes, podrá retirar el 15 % de sus aportes a las AFPs.
LOS QUE NO
El 90 % de los aportantes son asalariados y este grupo no podrá tocar sus ahorros. Tampoco los que entraron a trabajar en la Administración Pública durante el gobierno de Jeanine Añez.
LOS QUE SÍ
Este proyecto permite a un grupo, próximo a cumplir la edad de jubilación, y con aportes bajos, retirar el 100% de sus aportes, pero a cambio, perderán el derecho a la jubilación vitalicia y al seguro de salud.
Con este “ incentivo” se liberarán de la rentan bajas que a la larga deberán subvencionar con el Fondo Solidario.
Y otro grupo, con aportes de hasta 100 mil Bs que no sean asalariados, podrán retirar el 15 % , es decir un máximo de 15 mil Bs y cuando se jubilen no podrán acceder al Fondo Solidario, que compensa los bajos aportes con una renta mínima.
-A continuación reproducimos partes del estudio de Milenio.
Las personas próximas a jubilarse serían perjudicadas
El su artículo 2 del proyecto legislativo establece la devolución de aportes de:
a) Hasta el 15% del Saldo Acumulado para los asegurados que tengan ahorrado en el Sistema de Pensiones para su jubilación un monto menor o igual a Bs. 100.000, independientemente de la edad;
b) El 100% para los asegurados que tengan ahorrado hasta Bs. 10.000 y cuenten con 50 o más años de edad. El artículo 8 señala que los asegurados que accedan a la devolución de aportes no podrán beneficiarse del Fondo Solidario.
Recuérdese que el Fondo Solidario fue creado por la Ley de Pensiones Nª 065 para contribuir al financiamiento de las pensiones para las personas más vulnerables. A agosto de 2019, el 64% de los jubilados accedieron a la pensión financiada con el Fondo Solidario.
El tratamiento de la Ley discriminatorio
El artículo 6 del proyecto excluye de la devolución parcial o total de aportes a los asegurados que hubieran efectuado aportes desde diciembre de 2019 como dependientes del sector público. La exclusión está dirigida expresamente para todas las personas que trabajaron en el sector público durante el gobierno de transición, lo que constituye un atropello a sus derechos políticos y sociales.
Asimismo, excluye de la devolución parcial o total de aportes a los asegurados que se encuentren percibiendo una remuneración del sector público o privado. Los proyectos parecen ignorar que más del 90% de los asegurados en el Sistema Integral de Pensiones son asalariados.
%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(2).jpg)
.jpg)
