La precariedad del empleo en Bolivia, sus efectos y desafíos son analizados por la Fundación INASET en un reporte denominado “El empleo digno, base del desarrollo sostenible”. Concluye que el crecimiento de una economía no siempre garantiza la creación de fuentes laborales que la sociedad reclama.
Dice que los modelos económicos extractivitas quedaron obsoletos frente a los desafíos para crear empleos dignos para una población que cada día se debate entre la formalidad y la informalidad.
La inversión pública que aumentó significativamente en la última década no ha satisfecho esta necesidad por lo que la inversión privada deberá jugar un rol importante para la diversificación productiva del país, generación de trabajo y desarrollo.
PRECARIEDAD
Con una estimación de 12 millones de habitantes en 2020, la población en edad de trabajar en Bolivia representa el 75% del total, en tanto que la económicamente activa alcanza al 50%, es decir, unos 6 millones.
La población rural y urbana ocupada, antes de la crisis del COVID-19, llegaba a 5,7 millones de personas (46% del total), y el desempleo abierto llegó a un 5% (urbano algo más de 6% y rural un 2%), según datos del INE.
De ese total, se tiene que 3,1 millones de personas (urbanas), no más del 60%, tiene un empleo pleno. Menos del 35% tienen un empleo formal y la tercera parte de ellos son empleados públicos. Se establece que la precariedad del empleo afecta casi a todos, alerta la Fundación INASET.
En síntesis, sólo 1 de cada 7 personas ocupadas tiene un empleo que sea productivo, formal y pleno, y, menos del 20% está cubierta por la Ley General del Trabajo; demostrando que las políticas del sector tienen escasa cobertura y que existe el peligro que alienten la informalidad.
SALARIOS BAJOS NO AYUDAN AL CRECIMIENTO
INASET se suma a criterios de expertos, autoridades monetarias y organismos internacionales, que coinciden que ninguna recuperación económica será posible ni sostenible, en tanto persista el alto desempleo y no se mejoren los salarios para recuperar los niveles de consumo.
Por ello, reflexiona que el crecimiento de la economía no siempre garantiza la creación de los puestos de trabajo que las sociedades demandan. Y que la inversión de capital tampoco se traduce en más empleo y mejores salarios en las economías que han orientado las inversiones a la especulación financiera o a las actividades extractivo-primarias, como la boliviana. Así, se demuestra que el paradigma desarrollista “a mayor inversión, mayor crecimiento y más empleo”, es falso.
EMPLEO DIGNO VS TRABAJO
En este escenario, esta fundación manifiesta que las prioridades estratégicas de las políticas de los gobiernos de turno, se limitaron a generar ocupaciones “de emergencia”, mientras que las prioridades económicas se focalizan en el crecimiento que, a su vez, se vincula a la explotación de recursos naturales y a la captación de capital financiero.
En 2001, INASET introdujo el concepto de “empleo digno” que implica una actividad o trabajo remunerado, condición esencial para que la actividad humana permita generar los ingresos, que otorguen a las personas un mínimo grado de autonomía y de autoestima personal en las relaciones económicas en la sociedad y con las estructuras del Estado.
Se trata de un concepto central para el cambio del paradigma productivo y del patrón de crecimiento necesario para el desarrollo sostenible.
SALIR DE LA CRISIS GENERANDO EMPLEO
En la misma línea, esta fundación menciona que la precariedad del empleo y su baja productividad acentúan la desigualdad en la distribución del ingreso, deprime los salarios, reduce el ingreso disponible y el consumo, y eleva el desempleo formal.
En general, mayor desigualdad implica bajas tasas de crecimiento y menor capacidad para mejorar los factores que determinan el bienestar, como la salud y la educación. De ahí que los países con mayor desigualdad tienen menor desarrollo humano; y que alternativamente, la mayor equidad promueve el crecimiento con desarrollo humano.
Desde esta perspectiva, considera que una agresiva creación de empleo productivo es la primera condición para salir de la encrucijada de la pobreza y el bajo desarrollo.
DEL EXTRACTIVISMO AL DESARROLLO SOSTENIBLE
Las estrategias enmarcadas en modelos “extractivitas” de crecimiento, han fracasado en reducir la pobreza y la desigualdad porque las tasas de crecimiento son bajas e insuficientes, y tienen un ritmo demasiado volátil para planificar y realizar acciones orientadas por metas a mediano y largo plazo, afirma esta fundación.
En consecuencia, en tanto no se modifique ese modelo que determina las insuficientes tasas y ritmos del crecimiento, las políticas sectoriales no tendrán impacto real en el desarrollo, ni incidirán en la capacidad emprendedora necesaria para revertir la pobreza y la exclusión social.
Cualquier acuerdo estrictamente político para financiar autonomías con nuevos impuestos locales, que no tome en cuenta toda la complejidad de la problemática productiva, empleo e ingresos, puede ser funesto para la diversificación productiva y para institucionalizar los nuevos modelos y roles que plantea la CPE, en particular, para la Economía Plural, que tiene la responsabilidad de crear ingresos (valor agregado), empleo digno y bases reales para la sostenibilidad de los procesos sociales y políticos.
CRECIMIENTO POR DECRETO
En el caso de Bolivia, las políticas públicas “decretan” los aumentos salariales en lugar de promover las condiciones estructurales para mejorar las remuneraciones sobre la base de aumentos sostenidos del valor agregado y la productividad, la equitativa distribución del ingreso y la preservación del poder adquisitivo real del salario.
Alientan el ahorro especulativo no productivo e incentivan al mercantilismo y al comercio formal e informal. Las inversiones en sectores como el inmobiliario, importaciones de vehículos y ropa usados, etc., generan rentas, pero sin agregan valor a la economía.
Además, que, al margen de proyectos de empleos de emergencia, Bolivia nunca ha encarado el desafío de adoptar políticas reales de creación de empleo productivo, de incentivar la remuneración justa del trabajo y la equitativa distribución del producto.
10 MIL DOLARES POR EMPLEO
Las necesidades de crear puestos de trabajo urbanos, en sectores de transformación o turismo, con incrementos significativos del valor agregado, de la productividad y de la participación de la remuneración al trabajo en el valor agregado, implican que las inversiones por puesto de trabajo sean compatibles con estas condiciones.
Tomando como referencia la manufactura liviana actual, la inversión necesaria por puesto de trabajo oscila entre $us 10.000 y $us 20.000 de forma que, crear 100.000 puestos de trabajo cada año, supondría inversiones del orden de $us 1.000 a 2.000 millones anuales, razona esta entidad.
Un financiamiento que puede ser asumido por la Inversión Extranjera Directa (IED) pero que por razones de mercado, calidad y costo de los servicios, competitividad, calidad de vida, seguridad jurídica, infraestructura y servicios de apoyo, no llegará para crear puestos de trabajo en los sectores urbanos de transformación o en el turismo.
Respecto a la Inversión Pública Nacional, esta tiene como primera responsabilidad atender los servicios sociales de educación, salud, caminos, energía, agua, etc., demandas que comprometen prácticamente toda su capacidad de inversión.
En los últimos 15 años, la inversión pública ha pasado de $Us 500 millones a $Us. 6.000 millones, y sin embargo no ha tenido impacto real alguno en la creación de empleo productivo y sostenible.
Por tanto, la inversión Privada Nacional, con base en el análisis precedente, y por exclusión, es necesaria para crear los 100.000 o más puestos de trabajo y tendrá que provenir del sector empresarial privado tradicional.
Sin embargo, observando objetivos con transparencia en las acciones, el problema del desempleo en Bolivia puede abordarse razonablemente orientando preferentemente el ahorro interno nacional como la fuente principal de inversión para la diversificación productiva, finaliza el reporte de INASET.