Ministerio de las Mujeres

Por Jenny Ybarnegaray Ortiz.-

En el marco de los debates electorales rumbo a las elecciones del 18 de octubre de 2020, me ha sorprendido leer las conclusiones de un conversatorio auspiciado por la Coordinadora de la Mujer, en el que dos organizaciones políticas, el MAS y CC, “coinciden” en la oferta de crear un Ministerio de las Mujeres.

En el caso del MAS, la oferta resulta absolutamente demagógica porque tuvieron catorce años de gobierno durante los cuales nunca quisieron atender a esta demanda. Es más, pusieron todo tipo de excusas para minimizar la institución pública del nivel nacional (lo que en la jerga internacional se conoce como “mecanismo público para el avance de las mujeres”), reduciéndola a una simple “unidad” (cuarto nivel en la estructura del poder ejecutivo), dependiente de la “Dirección General de Prevención y Eliminación de toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional”, dependiente a su vez del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, en el Ministerio de Justicia. 

Durante los años de mayor bonanza de la economía nacional los presupuestos asignados a esta instancia fueron irrisorios, en consecuencia, nunca fueron aplicadas las políticas diseñadas para este propósito, salvo de forma parcial y una vez más ¡con recursos de donación de organismos de la cooperación internacional! Ese gobierno que se ufanaba de ser “digno” y “soberano”, de no requerir “ayuda extranjera” para la aplicación de políticas públicas, no hizo esfuerzo sustancial alguno para mejorar la situación de las mujeres de este país, salvo el de formular y reformular planes, promulgar normas sin respaldo presupuestario y una que otra acción puntual (actos de buena voluntad) reducida a fechas emblemáticas como el 8 de marzo (día internacional de la mujer), el 11 de octubre (día de la mujer boliviana) o el 25 de noviembre (día internacional para la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres). Por lo tanto, que no vengan ahora a prometer algo que no hicieron en su momento y que de seguro no cumplirán en el futuro.

En el caso de Comunidad Ciudadana, hay que señalar que la propuesta de crear un Ministerio de las Mujeres tuvo que pasar por varias instancias y largos debates antes de incluirla como oferta electoral en el programa de gobierno presentado este año al TSE. No obstante, finalmente entró y existe el compromiso personal de Carlos Mesa para hacerlo.

Ahora bien, la pregunta de rigor es ¿por qué y para qué demandamos un Ministerio de las Mujeres? A fines de 2018, Jimena Freitas y yo realizamos un trabajo de investigación encargado por la red UNITAS que fue publicado bajo el título “Laberintos institucionales de la violencia hacia las mujeres en Bolivia. Análisis del marco de implementación de las políticas públicas del nivel nacional” donde ustedes podrán encontrar abundantes explicaciones para ello. 

Baste señalar que, en lo que corresponde a políticas públicas a favor de las mujeres, “durante muchos años, Bolivia manejó el enfoque de “vulnerabilidad” –reflejado en el carácter y tipo de las entidades públicas a cargo– que invisibilizaba a las mujeres y sólo las reconocía en su condición de madres, reuniéndolas con la minoridad, con las personas de la tercera edad, con las personas con discapacidades, es decir, con todas las poblaciones que debían ser protegidas por el Estado. Desde 1993, con la creación de la Subsecretaría de Asuntos de Género (SAG) como el primer mecanismo público destinado específicamente a reducir las brechas de inequidad en razón de género, se viene dando un lento proceso de construcción institucional del mecanismo público para el adelanto de las mujeres” (Ybarnegaray y Freitas, 2018:49-50). Sin embargo, a veintisiete años de la creación de dicha entidad, se verifica que pasó varias veces de un ministerio a otro, subiendo y bajando de nivel en la estructura del poder ejecutivo, sin haber logrado hasta el presente la capacidad suficiente como para convertirse en el ente rector de dichas políticas.

Las principales debilidades de la institución pública del nivel nacional identificadas en el estudio de referencia, que explican la imposibilidad de aplicar políticas a favor de las mujeres, son (Ybarnegaray y Freitas, 2018: 92):

a. El mecanismo de adelanto de las mujeres, no se encuentra en un nivel de decisiones que permita negociar y agendar políticas a favor de las mujeres.

b. No se cuenta con capacidad ejecutiva de las políticas públicas. Se cuenta con políticas contra la violencia (y otras), pero no se logra implementarlas.

c. No existe coordinación entre los niveles nacional, departamental, municipal ni con las autonomías IOC.

d. Recursos insuficientes del TGN, sólo se estaría garantizando un número reducido de personal.

e. Se desconoce la monetización de los planes existentes (presupuestos asignados y ejecutados).

f. Dependencia de recursos cooperación internacional.

g. Reducido y poco calificado personal.

Frente a este panorama, resulta imperativa la creación de un ministerio que tome bajo su responsabilidad la aplicación de políticas públicas a favor de las mujeres, postergadas por décadas. El programa de gobierno de Comunidad Ciudadana establece mandatos específicos para esta entidad. Tendrá la misión de constituir una sólida institucionalidad pública con capacidad para diseñar, ejecutar y transversalizar políticas públicas destinadas a promover la autonomía de las mujeres, entendida como el grado de libertad que cada una tiene para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros.

Ahora bien, es evidente que la crisis económica que se avizora para el próximo quinquenio podría ser un óbice para el cumplimiento de este compromiso electoral, ya que la racionalidad económica seguramente exigirá reducir en vez de ampliar la estructura del poder ejecutivo, lo que ya ha sucedido en el pasado y podría volver a suceder. Frente a esta previsión, mi respuesta es clara y categórica: de no contar con un ministerio responsable de aplicar políticas públicas efectivas a favor de las mujeres, seguiremos lamentando el incremento de la violencia que ya ha llegado a nivel de genocidio, puesto que anualmente se contabiliza entre 100 y 140 mujeres muertas en manos de sus parejas o exparejas, y miles de víctimas de todo tipo de violencia machista sin que nada ni nadie pueda detenerlo y seguiremos observando desde el palco las múltiples formas de inequidad en razón de género; en suma, seguiremos como estamos, y eso es inadmisible desde todo punto de vista. 

Las personas de sexo femenino no somos un sector vulnerable de la población, constituimos más de la mitad de la población y el Estado boliviano tiene una deuda histórica para con nosotras, de modo que el próximo gobierno tendrá que prever cómo lo hace y con qué recursos lo hace, pero no podrá seguir postergando los compromisos nacionales e internacionales que contribuyan de mejor manera a cambiar la situación en la que nos encontramos.