Lo que hay detrás de las horas de zozobra que se vivieron en Bogotá

Vía El Tiempo.-

Muerte de Javier Ordóñez generó protestas de indignados. Hubo presencia de Eln, y ex Farc'. 

Los ataques contra 68 Centros de Atención Inmediata (CAI) y 6 estaciones de Policía solo en Bogotá, tras el caso de brutalidad policial en el que fue asesinado Javier Ordóñez, no fueron hechos espontáneos, en su inmensa mayoría.

“Detrás de la destrucción de los CAI en diferentes ciudades hay un claro y premeditado plan de grupos como el Eln y disidencias de las Farc”, le dijo este sábado a EL TIEMPO Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz. 

Vandalismo y abuso de autoridad, estuvieron presentes en las dos jornadas que sacudieron a la capital.

“No podemos dejar que grupos armados que no quieren la paz y buscan acabar con la democracia se aprovechen de los genuinos sentimientos de protesta pacífica expresados por ciudadanos que respetan la ley y a nuestras instituciones civiles, militares y de policía”, advirtió.

El funcionario explicó que Jaime Gálvis Rivera, alias Ariel, miembro del Comando Central del Eln, dirige la estrategia conocida como Guerra Regional con Centralidad Urbana: “Se traduce en la vandalización y en la destrucción de la infraestructura de seguridad que protege nuestros barrios y ciudades, como son los CAI”, dijo.

Con un video y documentos en mano, Ceballos agregó: “El propio ‘Iván Márquez’, quien traicionó el proceso de paz en agosto de 2019 al lanzar el ‘Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia’, anunció una ‘nueva modalidad operativa’ que tiene como eje focalizarse en acciones urbanas en ciudades principales del país”.

Por eso, Ceballos, como vocero del Gobierno, no duda en señalar que destruir los CAI es una acción sistemática y premeditada que busca quitarles la seguridad a los barrios, “como parte de una estrategia perversa liderada por el Eln y por las disidencias de las Farc”.

Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz del Gobierno, dice que Eln y disidencias de 'Iván Márquez está detrás de la destrucción organizada de los CAI.

Uno de los documentos incautados al Eln dice textualmente: “Requerimos de una guerrilla capaz de trasladar el conflicto militar a escenarios urbanos. De no ser así, en el campo se podrían seguir librando mil combates que muy seguramente los medios se encarguen de invisibilizar y el enemigo, de minimizar su impacto real”.

De hecho, un oficial de inteligencia le dijo a EL TIEMPO que los CAI iban a ser destruidos en una movilización planeada para marzo, pero que la pandemia frenó.

Los señalamientos hacia grupos subversivos también los hizo Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, quien señaló que hubo “organización y sistematicidad” en los ataques a los 68 CAI que quedaron siniestrados en la capital.

Agregó en declaraciones a este diario: “Esto no lo hacen los ciudadanos, esto lo hacen personas interesadas en crear el caos. Se están investigando este tipo de hechos. Pero para nadie es un secreto que en Bogotá hay presencia del Eln hace muchos años (...) Y, desde luego, el Eln es una de las organizaciones delincuenciales que realiza este tipo de actos”. A lo que anoche agregó a través de twitter: “Debemos estar atentos ya que ese grupo (el Eln)pretende capitalizar las protestas legítimas de la ciudadanía”.

 

El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, concidió en que el Eln es un factor desestabilizador en la capital.

Hubo un plan para ataque de CAI

Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, también lo dijo este sábado con todas sus letras: “Hay que señalar que el carácter organizado y sistemático de lo que hemos vivido recientemente es producto, también, de las infiltraciones.

Infiltración del Eln, infiltración de las disidencias de las Farc e infiltración de otros grupos con distintas denominaciones de anarquistas y terroristas que no hacen más que destruir la propiedad pública y la infraestructura ciudadana dedicada a la seguridad, como ocurrió recientemente en Bogotá y en otras capitales”.

Por su parte, el general Gustavo Moreno, director encargado de la Policía, señaló que se detectó la presencia de “colectivos populares” que actuaron de forma coordinada en Bogotá y otras ciudades. Las autoridades trabajan en la identificación de al menos cuatro grupos que tendrían la misma estructura y funcionamiento de los colectivos chavistas que actúan en el país vecino y que son parte de la defensa estratégica del régimen de Nicolás Maduro. Las autoridades evidenciaron que esos grupos han tenido incluso acceso a armas de fuego que se habrían usado en las protestas.

“No permitamos que estas personas que se están encubriendo y están utilizando la indignación y el dolor sigan generando vandalismo y actos de terror”, dijo el general Moreno.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo el viernes que, sin desconocer la “justa indignación y protesta de la ciudadanía”, es claro que en los hechos hubo “manos criminales”.

Causas múltiples

No obstante estas evidencias, diversos analistas consultados por EL TIEMPO señalan que detrás de la violencia vivida en estos últimos días, y que dejó 13 muertos en Bogotá y Soacha, 175 heridos y 147 policías lesionados, hay también causas más de fondo que se deben analizar y solucionar.

El consultor en temas de seguridad y defensa Jairo Libreros señaló que además de la indignación por el asesinato del abogado Ordóñez y la palpable inconformidad de quienes han visto desmejoradas sus condiciones económicas en esta pandemia, fue clara la presencia de grupos de vándalos.

Según el experto, estos últimos aprovechan cualquier oportunidad para protagonizar actos violentos e intentar generar caos, y se juntan a redes criminales que vieron la posibilidad de salir a saquear locales y cajeros electrónicos confiados en la dificultad de judicializarlos en medio de tanto desorden público.

Pero sin duda la problemática no se queda solo en la delincuencia o la presencia de los grupos armados.

En la sociedad colombiana hay un inconformismo palpable que proviene de diferentes causas y que también se expresa a través de un rechazo hacia las instituciones del Estado. Y en toda esta “multicausalidad” hay factores que no se deben desconocer ni opacar, dice Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional y actual rector de la Universidad Externado.

Henao señala que también se deben tener en cuenta causas como las siguientes: “uno: la fatiga por la pandemia y su impacto económico; dos: a esa fatiga no le ayudan las noticias catastróficas de los últimos días, como las atrocidades de la policía; tres: la frustración por la interrupción repentina de las manifestaciones democráticas que se estaban produciendo; y cuatro, la falta de un discurso vehemente del gobierno nacional frente a las malas noticias como los asesinatos de líderes sociales, el desplazamiento de tierras, asesinato de miembros desmovilizados de las Farc Ep y la corrupción, lo cual no ayuda a distinguir, en una sociedad tan laxa como la colombiana, entre el bien y el mal”.

La analista Sandra Borda opina que las protestas de los últimos días son la continuidad de las marchas que se iniciaron el 21 de noviembre del año pasado, que incluyeron inusuales cacerolazos y cuyos móviles ahora se han agravado por los efectos sociales y económicos del aislamiento.

Algunos factores la analista señala como importantes en las manifestaciones son: un alto índice de desempleo de la población más joven (según el Dane, el desempleo juvenil es de 29,7% a junio, superior al promedio que es de 20, 2 %); las pocas oportunidades de educación (se calcula que para el próximo semestre se matricularon a las universidades un 25 % menos de estudiantes y que la deserción ronda el 50 %) y los espacios laborales que cerró la pandemia.

Todo esto, dijo Borda, se entrelazó con los abusos de los policías que a diario enfrentan cientos de jóvenes conducidos a estaciones de policía y a las Unidades Permanentes de Justicia (UPJ), que “son tierra de nadie”.

Otro punto es que desde cuando se inició la cuarentena obligatoria, la Policía se convirtió en el organismo que multaba y sancionaba a las personas que estaban en las calles, generando un constante estado de tensión entre los ciudadanos y los uniformados. Lo que habría agudizado la desconfianza y el resentimiento de la gente frente a la policía.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió perdón por los excesos de algunos miembros de la Policía.

Disparos en las protestas

Uno de los temas más preocupantes de lo sucedido esta semana es el impresionante número de heridos a bala: 72.

En protocolos internacionales avalados por Naciones Unidas desde 1979 y suscritos por Colombia se establece que el uso de las armas de fuego es excepcional.

“No deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas”, señala el protocolo.

El general Moreno aseguró que no hubo una orden a los uniformados para utilizar sus armas y que, de hecho, ya está en marcha una investigación con el apoyo de hombres de contrainteligencia y la Inspección de la Policía para establecer quiénes actuaron frente a una amenaza real y dispararon y quiénes lo hicieron indiscriminadamente. Ya se recogieron las minutas de cada unidad para saber quién estaba en servicio durante las protestas, se ordenó un censo de las armas y municiones usadas y se revisan videos de las manifestaciones.

La Procuraduría ya ofició a la Policía para que entregue un reporte de las armas y municiones usadas, incluyendo a los que estuvieron de civil en las protestas. Y la Alcaldesa López entregó videos donde aparecen varios policías disparando.

Sin obviar que la Policía seguramente no fue el único actor que disparó, y menos tras lo revelado por el Ceballos y otras fuentes oficiales, la investigación de estos hechos es clave, pues urge establecer con certeza si las balas que ocasionaron la muerte o heridas a civiles fueron disparadas por agentes del Estado. Saber la verdad podrían ayudar mucho a recomponer la maltrecha relación de confianza entre un sector de la ciudadanía y la Policía.

Y la recuperación de la confianza entre las partes es un asunto sin duda prioritario.

UNIDAD INVESTIGATIVA Y REDACCIÓN JUSTICIA

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Lo que hay detrás de las horas de zozobra que se vivieron en Bogotá
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