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Foto: Cadecocruz.-
A julio los constructores calcularon que la deuda llegaba a Bs 2.500 millones por obras encargadas por los tres niveles del Gobierno. En medio de promesas de pago el sector enfrenta una crisis.
Las entidades que adeudan al sector, entre otras son: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), Fondo Indígena, entidades territoriales autónomas. Los constructores hablan de gobernaciones departamentales, las dependencias y entidades públicas descentralizadas, autónomas y semi-autónomas.
Es decir, un gran porcentaje son aquellas que llevan adelante proyectos de infraestructura en el país.
EL ALTO
Como antecedente, en medio de la pandemia del Covid-19, en mayo al menos 180 micro y pequeñas empresas afiliadas a la Asociación de Constructoras de El Alto (ACEA) reclamaron a la Alcaldía de esa ciudad el pago de una deuda que supera los Bs 100 millones.
Las constructoras buscaban garantizar su liquidez para encarar un periodo duro como consecuencia de paralización de actividades por la cuarentena.
“Lo que más nos perjudica aparte de que estamos parados, es que tenemos deudas pendientes por las planillas municipales desde 2018 y 2019 que no pueden ser cobradas”, señaló el presidente de ACEA, Limber Patón a Cabildeo Digital.
El representante de las constructoras de El Alto explicó que la deuda de 2018 asciende a 70 millones de bolivianos, mientras que por la gestión de 2019 llega a 30 millones de bolivianos. “Hay proyectos que no están inscritos en el Plan Operativo Anual (POA) institucional, por tanto no tienen presupuesto para pagar, y del último periodo son 30 millones de bolivianos en deuda por proyectos en ejecución”, dijo.
SANTA CRUZ
Tras la primera expresión de molestia de los constructores de El Alto, el presidente la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Aldo Sülzer Limpias, el 30 de julio pasado había alertado que la situación del sector es insostenible, debido a que los tres niveles de gobierno arrastran deudas por meses e incluso años a las empresas constructoras.
En ese período calculó que la deuda pública global al sector hasta el mes de julio llega a Bs 2.500 millones. Una mora que afecta en particular a las pequeñas y medianas empresas.
“La falta de pago afecta el flujo de caja de las empresas, les resta liquidez y pone en riesgo su funcionamiento y operación. Lamentablemente, varias empresas ya han tenido que cerrar ante los problemas financieros”, señaló Sülzer, a Los Tiempos.
Luego de 54 días de ese anuncio, una primera señal desesperada del sector, se observó el martes pasado cuando más de un centenar de trabajadores de empresas constructoras cruceñas tomaron las instalaciones de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) y se declararon en huelga de hambre, con carácter indefinido, reclamando a las 55 entidades territoriales autónomas de la región el cumplimiento del pago de planillas retrasadas que corresponden a más de 300 obras ejecutadas hace más de un año. Una deuda alcanza los Bs 309 millones.
Pese a que la medida extrema fue suspendida tras la promesa de pago, para la próxima semana, de los proyectos financiados por el Fondo Indígena.
Según el presidente de Adeconts, Rudy Granado, de este sector dependen más de 10.000 familias y que las empresas constructoras son víctimas de una persecución constante de los proveedores de insumos y materiales de construcción con los que tienen deudas pendientes. Hizo notar, además, que varias constructoras recibieron presiones del fisco y de las entidades financieras para regular sus obligaciones tributarias y pagos de créditos.
CABOCO
En agosto pasado, la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) reiteró su preocupación por la desaceleración de la economía nacional debido a la pandemia y sus consecuencias, que también afectan a este sector porque se redujo la inversión pública y además existe una falta de pago de obras ya ejecutadas.
El presidente de la Caboco, Luis Bustillo, afirmó que ante esta complicada situación las empresas requieren sus pagos, caso contrario el futuro en el corto y mediano plazo de muchas de ellas es el cierre inminente, habiendo agotado sus recursos de supervivencia.
La entidad también ratificó que la época de crisis política y de pandemia ha ensombrecido al empresariado privado nacional, llevándolo en los últimos años a un "descenso dramático", no obstante, el repunte registrado en 2016, los siguientes tres años han transcurrido en medio del debilitamiento de las actividades constructivas en el país, señala un informe de ABI.
El Centro de Estudios Económicos y Desarrollo de Cadecocruz proyectó para este año una caída de la actividad de la construcción en Bolivia de por lo menos -5%, por lo que es urgente tomar medidas contundentes e importantes, como el pago de las deudas al sector.
En resumen, la reactivación de la construcción y su efecto multiplicador en diferentes niveles de la economía avanza lentamente, aguardando superar su iliquidez. La pregunta es hasta cuando.
La Caboco recomendó una serie de acciones para encarar la actual situación:
1. Honrar el pago de planillas adeudadas al sector constructor en todos los niveles del Estado.
2. Permitir la sustitución de garantías y la dación en pago -evaluada y no ventajosa- con procedimientos ágiles y que interrumpan las acciones de cobranza judicial por parte de la Entidad de Intermediación Financiera.
3. Ampliar el alcance del Artículo 82° de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, para que el límite de la cobranza judicial por parte de las Entidades de Intermediación Financiera, sea el valor producto del remate judicial del bien hipotecado, con cuyo producto la entidad pueda dar por extinguida la acreencia, aun cuando el monto recuperado fuera menor a la liquidación del crédito, siendo improcedente y nula cualquier afectación patrimonial adicional al prestatario.
4. Posibilitar la modificación de los contratos de préstamo con tasas de interés preferentes para el sector de la construcción, que se equiparen a las que rigen para los créditos de vivienda de interés social.
5. Suspender temporalmente todas las medidas de cobro coactivo por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, debido a la situación actual de los flujos de efectivo de las Empresas del Sector de la Construcción.
6. Actualizar el procedimiento establecido por el Servicio de Impuestos Nacionales mediante Resolución Normativa de Directorio 10-020-14 (Procedimiento para la Donación en Pago como oposición a la Ejecución Tributaria), incorporando los siguientes aspectos:
- Que el alcance no se limite a la aplicación únicamente en la etapa de la ejecución tributaria ya que esto imposibilita el beneficio de la reducción de sanciones.
- Que los bienes susceptibles de Dación en Pago no sean únicamente los inmuebles sino también bienes muebles que posean un valor comercial.
7. Viabilizar una Ley de Regularización Tributaria que prevea la condonación total de las siguientes deudas tributarias y multas existentes:
- Por concepto de todos los tributos de dominio nacional cuyos vencimientos se hayan producido en la gestión 2015 y anteriores.
- Por concepto de contravenciones tributarias generadas en la gestión 2017 y anteriores.
8. Negociar con los sectores de manera general y no así individual.
Los constructores se desmovilizaron después de preacuerdo
Fuente: El Deber.
La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) y la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia (Cstcb) se declararon en emergencia y anunciaron medidas ante la falta de pago de instituciones públicas por concepto de planillas de avance de obras, que desató una situación insostenible en este sector.
El presidente de la Cadecocruz, Aldo Sülzer Limpias, informó ayer que los tres niveles de gobierno arrastran deudas por meses e incluso años a las empresas constructoras, por un monto global que hasta el mes de julio llega a 2.500 millones de bolivianos.
“La falta de pago afecta el flujo de caja de las empresas, les resta liquidez y pone en riesgo su funcionamiento y operación. Lamentablemente, varias empresas ya han tenido que cerrar ante los problemas financieros”, señaló Sülzer, a tiempo de mencionar que esta situación afecta más a las pequeñas y medianas empresas que tienen mayores dificultades para acceder al sistema financiero.
El presidente de Cadecocruz aseguró que las medidas adoptadas por el Gobierno, como el Decreto 4272, no solucionan el problema provocado por el paro de actividades a raíz de la Covid-19, por lo que indicó que se deben tomar medidas contundentes con carácter de urgencia.
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