Reactivación económica de América Latina solo “aplanando” contagios del Covid-19

Foto: CEPAL - OPS.-

En su último informe conjunto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguran que solo si se aplana la curva de contagio de la pandemia se podrán reactivar las economías de la región.

Para ello proponen un enfoque con tres fases que incluye la adopción de políticas económicas, productivas, sociales y para la salud dirigidas a controlar y mitigar los efectos de la pandemia, reactivar con protección y reconstruir de manera sostenible e inclusiva.

En los últimos días se han registrado más de 4,5 millones de casos de Covid-19 y casi 190 mil muertes en América Latina y el Caribe. Una importante cantidad de países está lejos de alcanzar un aplanamiento sostenido y significativo de la curva de contagios. En el plano social y económico, la pandemia ha desatado una inédita crisis económica y social, y si no se toman medidas urgentes, podría transformarse en una crisis alimentaria y humanitaria.

Según el informe de CEPAL y la OPS, la pandemia ha afectado profundamente no solo la vida diaria de las personas en la región sino también sus medios de vida.

En lo inmediato, la pandemia ha provocado la recesión más abrupta de la historia que, de acuerdo con las proyecciones de la CEPAL, implicará una caída del crecimiento regional de -9,1% en 2020, acompañado de un alza en el desempleo alcanzando una tasa cercana a 13,5%, un incremento de la tasa de pobreza de 7,0 puntos porcentuales para alcanzar el 37,3% de la población y una agudización de la desigualdad con un alza promedio en el índice de Gini (una medida de la desigualdad) de 4,9 puntos porcentuales.

Añade que los sistemas de salud de los países de la región, que ya estaban subfinanciados y fragmentados antes de la llegada de Covid-19, enfrentan la respuesta a la pandemia con debilidades en el ejercicio de la función de rectoría de las autoridades de salud. El gasto público en salud solo alcanza en promedio el 3,7% del PIB, por debajo del 6% recomendado por la OPS como base. Una tercera parte de la población todavía enfrenta algún tipo de barrera para acceder a los servicios de salud que necesita.

De acuerdo con el informe presentado el jueves, los altos grados de desigualdad acompañados por elevados niveles pobreza, informalidad, desprotección social y limitado acceso a salud oportuna y de calidad, explican los altos costos sociales que la pandemia está teniendo en la región.

En la dinámica de los contagios también influye el alto grado de urbanización y metropolización -más de un tercio de la población vive en ciudades de un millón o más habitantes- y los déficits acumulados en las urbes en materia de hacinamiento, falta de servicios de agua y saneamiento, y transporte público atestado. Y más allá del compromiso y entrega del personal de salud, las debilidades históricas del sistema público de salud también contribuyeron a la vulnerabilidad de la región.

El informe sostiene que la matriz de desigualdad en la región posiciona a ciertos grupos en especial situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas mayores (85 millones), trabajadores informales (54% del empleo regional), mujeres (mayoría en actividades informales, con trabajo no remunerado aumentado y mayor exposición a violencia doméstica), pueblos indígenas (60 millones de personas y con comunidades que pueden desaparecer), personas afrodescendientes (130 millones de personas en 2015), personas con discapacidad (70 millones de personas) y migrantes. Todos estos grupos requieren una atención especial que mitigue sus condiciones especiales de vulnerabilidad.

En materia de salud, los hogares financian más de un tercio de los gastos en atención de salud con pagos directos de su bolsillo, cerca de 95 millones de personas deben afrontar gastos catastróficos en salud y casi 12 millones se empobrecen debido a estos gastos. La disponibilidad promedio de médicos y de camas hospitalarias no llega ni a la mitad de la que tienen países más desarrollados, como los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que representa barreras de acceso importantes. Por otro lado, y debido a la pandemia, la atención de otras enfermedades se ha pospuesto o interrumpido, lo cual empieza a reflejarse en un exceso de mortalidad que señala los profundos efectos del desplazamiento tanto de la oferta como en la demanda de servicios.

Finalmente, en el informe se indica que el listado de medidas que sugieren ambos organismos descansa en la necesidad de articular las políticas de salud con las económicas, sociales, y productivas. Entre ellas destacan las de testeo, seguimiento de contactos y medidas de salud pública como cuarentenas o de distanciamiento social, y el fortalecimiento de los sistemas de salud, con un enfoque en la atención primaria de salud y garantizando el cumplimiento de las funciones esenciales de salud pública.

Estas medidas deberían ser acompañadas de políticas de Ingreso Básico de Emergencia (IBE), Bono Contra el Hambre y protección al sector productivo, que apoyan las medidas de salud. 

Junto a estas medidas inmediatas, se esboza un conjunto de planteamientos estratégicos para la reconstrucción con el reconocimiento de la salud como derecho humano y bien público garantizado por el Estado, el robustecimiento de la salud pública, la consolidación de sistemas de protección social universales e integrales, la implementación de una política fiscal progresiva y un gasto público suficiente, eficiente, efectivo y equitativo, aceleración en la transformación digital, la reducción de la dependencia regional de productos médicos importados y cambios en la matriz productiva, junto a un impulso de la inversión verde.

BOLIVIA FRENTE A LA CRISIS

Este panorama no es ajeno a Bolivia, pues el Banco Mundial pronosticó en su último informe que por la crisis sanitaria la economía boliviana se contraerá 5,9% este año, una cifra sin precedentes en más de tres décadas.

Los datos oficiales confirman preliminarmente esta proyección. A abril de este año, la actividad económica en el país ha decrecido un 5,6%, confirmando las proyecciones de los organismos internacionales sobre una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Asimismo, el último reporte del Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), todos los sectores, a excepción de la agropecuaria, comunicaciones y servicios de la administración pública, han registrado un decrecimiento.

Los sectores que más se han contraído son minería (-1,62%), transporte y almacenamiento (-1,22), industria manufacturera (-1,02), comercio (-0,95%) y construcción (-0,51%). Estos últimos sectores son precisamente los que generan más empleo en el país.

Frente a esos números, el Gobierno anunció en abril que destinará entre $us 431 y 500 millones al pago de varios bonos a familias para paliar la compleja situación económica generada por la pandemia de coronavirus.

La cuarentena, que comenzó el 17 de marzo, paralizó el aparato estatal, gran parte del comercio y la empresa privada, lo que llevó al Gobierno a aprobar bonos para ancianos, desempleados, embarazadas, discapacitados y padres de hijos en edad escolar.

MAIP