La industria nacional se declara en “estado de crisis” y reclama acciones

Foto: En la Plaza principal de Cochabamba los pollos que murieron por falta de alimento, formaron una alfombra de protesta contra los bloqueos. Los Tiempos.-

Los industriales del país se declararon en “estado de crisis” por efecto de la pandemia del Covid–19 y la convulsión político social, demandan acciones al Gobierno para reactivar la demanda como el Compro Boliviano. 

A través de una declaración pública, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) en reunión de Consejo Nacional de Presidentes de las Cámaras Departamentales del sector, expresó este viernes que la industria que representa el 16% del Producto Interno Bruto (PIB), por impacto de la pandemia y la convulsión político social, viene experimentado una drástica contracción de su actividad económica y se declaró en “estado de crisis”. 

Expuso que a mayo de 2020, la tasa de crecimiento del PIB industrial descendió a -6,9% cuando a diciembre de 2019 registró un crecimiento de 3,19%, un descenso de más de 10 puntos porcentuales. “Se trata de la crisis industrial más profunda de los últimos 40 años que genera iliquidez y amenaza con transformarse en insolvencia de las empresas con efectos negativos sobre la inversión, producción y generación de empleo formal”. 

En los primeros 60 días de cuarentena rígida sólo el 20% de la industria nacional registró actividad económica generándose un serio perjuicio sobre la actividad manufacturera. En la posterior cuarentena dinámica y a más 140 días de declararse la emergencia sanitaria no se advierte la reactivación de la demanda y el aparato productivo industrial se encuentra en estado de recesión, observaron los empresarios.

“Para reactivar la demanda, durante los últimos cuatro meses, la CNI ha planteado al Gobierno Nacional propuestas de Política Pública que van desde diferimientos de pago de tributos, créditos, creación de Fondos de Garantías Estatales y la operación de retorno al trabajo con medidas de bioseguridad; Por su parte, las medidas aprobadas por el Gobierno como respuesta a las demandas del sector empresarial tienen escasa o nula aplicación y resultados para reactivar la demanda y la oferta del aparato productivo industrial”, sigue la declaración. 

En ese contexto de crisis industrial, demandaron en forma urgente la concreción de medidas gubernamentales que impulsen el “compro boliviano”. 

“Planteamos destinar el 20% de los sueldos y salarios a la adquisición de productos con sello Hecho en Bolivia. El 20% representaría alrededor de $us 200 millones que dinamizaría la demanda de productos nacionales que contribuiría a la reactivación de la industria nacional”.

Demandaron que las compras estatales se orienten a la industria nacional y se considere en las mismas las compras de materiales Hecho en Bolivia. Planteamos la modificación de las normas de compras y contrataciones estatales y dirigirlas con preferencia la producción nacional. 

Además solicitaron al Gobierno, generar y ejecutar políticas efectivas de lucha contra el contrabando y frenar las importaciones de productos farmacéuticos y otros sectores y el surgimiento de importadoras que no precautelan la salud de la población. Así como la apertura de las fronteras de forma regulada, puesto que el contrabando en las actuales condiciones tiene tendencia creciente en contra de la producción nacional. 

Exigieron también que el sector público a nivel nacional y subnacional honre sus obligaciones pendientes al sector privado para aliviar la iliquidez de las empresas. Y el funcionamiento del Fondo de Garantías Estatales (FORE) que a la fecha no se está efectivizando en las entidades financieras, lo cual no coadyuva a concretar el Plan Gubernamental de Reactivación del Empleo. 

“Sin programas de créditos con garantías estatales está en riesgo la producción y provisión de bienes industriales a la población. En el sector industrial manufacturero la mora en el sistema bancario supera los Bs 600 millones que requieren reprogramación”, advierten. 

Respecto a los bloqueos manifestaron que la conflictividad en el país ha afectado drásticamente no sólo la provisión de insumos, materia prima y distribución de productos de las empresas a las familias, sino ha puesto en serio riesgo el patrimonio empresarial, la integridad de los trabajadores y las fuentes de empleo. 

Finalmente, el sector industrial demandó al Ejecutivo ser partícipe del diálogo para superar los problemas económicos y sociales y generar seguridad jurídica para la inversión privada.

MAIP