Áreas protegidas en riesgo inminente por la pandemia y el abandono estatal

Por Zulema Alanes B.-

La pandemia del coronavirus ha acentuado la crisis que por más de una década ha colocado bajo extrema amenaza a las áreas protegidas a escala nacional, alertaron comunarios y dirigentes de esos territorios.


Según un reporte detallado de la situación de los parques Madidi, Kaa Iya, Iñao y Otuquis y de las reservas Pilón Lajas, Manuripi y Eduardo Avaroa al que tuvo acceso Cabildeo Digital, durante la crisis sanitaria no cesaron las incursiones ilegales, las actividades del narcotráfico, las quemas indiscriminadas y la explotación intensiva de recursos naturales, en medio de una gestión del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) que cortó los presupuestos, dejó impagos aguinaldos y salarios y destituyó a funcionarios clave aun de la prohibición por la crisis sanitaria.

Alex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) aseguró que “Entre todas las amenazas que asechan a nuestros territorios, como la construcción de represas, la prospección petrolera, la minería ilegal, la apertura de caminos y nuevos asentamientos, uno de los mayores peligros es la expansión de plantaciones de coca ilegal para el narcotráfico”.


German Góngora, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Manuripi, añadió que “lamentablemente en pandemia, esos riesgos se han acentuado por el total abandono estatal” y una errática gestión del Sernap que no se diferencia de la dinámica impuesta durante los 14 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) periodo en el que las Áreas Protegidas “sobrevivieron de milagro, por el impulso de los guardaparques y los comités de gestión de los pueblos indígenas”.

Cabildeo Digital intentó contactar al director del Sernap, Maikol Melgar, y verificó que desde hace varias semanas no asiste a sus oficinas en La Paz, y se ha replegado a Santa Cruz, donde radicaba antes de asumir ese cargo.

CRISIS ECONÓMICA, NARCOTRÁFICO Y EXTRACTIVISMO

La pandemia ha desestructurado la economía de los pobladores de las áreas protegidas. En el Manuripi, por ejemplo, que cubre entre el 30 y 35% de la producción de castaña de Bolivia, y cuenta con dos certificaciones, orgánica y de origen, los zafreros enfrentan una aguda crisis económica. 

“Nos hemos quedado con nuestra producción, no hemos podido vender, aunque desde hace 10 años tenemos convenio con la Empresa Boliviana de Almendra y Derivados (EBA), compraron a los intermediarios y, a través de ellos, a las grandes empresas”, dijo Góngora.

Sin mercado y con precios por los suelos, la situación en doblemente crítica, “este año están pagando 70,100, 120 bolivianos, el año pasado el precio mínimo era 480. EBA reservó 25.000 cajas, luego pidió 50.000, solo compró 3.000 cajas, los grandes comerciantes coparon el cupo. Nuestra economía depende en un 75% de la castaña, nos han dejado mal, nos hemos quedado con el 80% de nuestra producción. Las políticas de incentivo a los productores que anuncia el gobierno no llegan a los productores”.

La situación no es distinta en el Madidi y Pilón Lajas debido al cierre de todas las actividades turísticas. Villca recordó que “Gran parte de los recursos para la sostenibilidad financiera provenían del sistema de cobros por visitantes (SISCO) que generada, en promedio, 1.2 millones de bolivianos por año, pero por la pandemia no se están generando esos recursos”, y lamentó que “El destino turístico más biodiverso, que en febrero recibió la certificación internacional como destino mundial sostenible, no cuente con el impulso necesario ni de parte del gobierno central ni de los municipios. La gente sufre los impactos, muchos guías, cocineros, motoristas, choferes de las comunidades se han quedado sin empleo, tienen que buscar otras formas de sobrevivencia e incrementan la cacería para el sustento de las familias, y eso impacta en la biodiversidad”. 

Pero otros problemas también amenazan la región. El riesgo del narcotráfico es uno de ellos y, según el vocero de la Contiocap, “En la frontera Perú-Bolivia se han incrementado los cultivos ilícitos de coca, en el sector de San Fermín, se tiene fuerte tráfico de narcóticos”. Y los guardaparques confiaron a Cabildeo Digital que “La ruta del narcotráfico ingresa al Parque Nacional Madidi, campamentos de guardaparques como el de Colorado han sido evacuados por amenazas de clanes de narcos, cada vez estamos retrocediendo por falta de presencia del Estado”.

Con la apertura de caminos, dijo Villca, la minería es otra de las fuertes amenazas, “las aguas del rio Beni están totalmente contaminadas, la contaminación pasa por Mapiri, Guanay, desde el río Kaka, donde están las dragas chinas se contamina las áreas protegidas”.


Además, dijo, debemos mencionar lo que ocurre en el Parque Nacional Otuquis, que “está siendo prácticamente arrasado por el fuego, y aunque dicen que el fuego ingresó desde Brasil, no debemos perder de vista los intereses de las grandes corporaciones, especialmente soyeros, y están usando el fuego como medio para abrirse paso y seguir expandiendo el extractivista”. 

El presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Manuripi, dijo que antes, en medio de muchas limitaciones y falta de presupuesto, “coordinábamos acciones con el Sernap, pero el actual director no atiende llamadas, no responde las cartas. Hemos advertido que la frontera es zona roja, los peruanos incursionan ilegalmente en la Reserva y sacan madera, recolectan castaña, y que nadie puede controlar porque no hay recursos, pero no tenemos respuesta, desde febrero nunca hemos podido hablar con este señor”.


CAMBIOS DE DESTINO Y DESPIDOS, EN MEDIO DE LA PANDEMIA


En Bolivia, este 31 de julio, Día Internacional del Guardaparque, los más de 300 guardaparques distribuidos en los 22 parques y reservas nacionales del país, no tienen mucho que celebrar, al contrario, tienen muchos motivos para asegurar que el balance no es muy alentador.

Luego de varios meses de acefalía, los cargos directivos del Parque Nacional Madidi y de la Reserva Pilón Lajas, fueron designados sin concurso de méritos y encomendados a empresarios locales con evidentes conflictos de intereses. Aunque el Sernap dispuso el repliegue de gran parte del personal y el cierre de los parques y reservas al turismo, las amenazas latentes en esos territorios obligaron a los guardaparques a retomar sus actividades, aunque su trabajo se vio seriamente afectado por la falta de presupuesto para gastos operativos y por la ausencia de efectivos policiales y militares para apoyar los patrullajes de control. 

Aun cuando no dejaron de trabajar durante la pandemia, muchos fueron despedidos, otros fueron cambiados de destino y debieron asumir los costos de traslado a sus nuevos centros de operaciones. 

Según el relato de los guardaparques que pidieron a Cabildeo Digital mantener sus nombres en reserva por temor a represalias, “se vive una situación de inseguridad laboral e incertidumbre sobre el futuro de la institución porque ante cualquier reclamo las autoridades aseguran que es inminente el colapso financiero de la institución, aunque para las nuevas designaciones se han fijado salarios superiores a los 16.000 bolivianos”.

Informaron que al menos el 70% de los guardaparques son eventuales, en muchos casos desde hace 10, 15 y 20 años, sin ningún tipo de prestaciones ni beneficios sociales. “En el Madidi de 26 guardaparques, solo seis son personal permanente, 20 son eventuales, y en Pilón Lajas, de cinco, cuatro son eventuales”, dijo Villca.


En el caso del Manuripi, Góngora informó que tanto la directora como el jefe de protección fueron despedidos, “actualmente estamos sin cabeza y contamos con sólo siete guardaparques para controlar un territorio de 747.000 hectáreas”.

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Áreas protegidas en riesgo inminente por la pandemia y el abandono estatal
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