Una coalición de organizaciones de la sociedad civil que integran La Ruta de la Democracia, rechaza la Ley 1297, que fija un plazo de 90 días para llevar a cabo las elecciones generales, y demanda un diálogo entre todos los actores políticos para garantizar un proceso transparente e inclusivo.
El pronunciamiento, firmado por nueve instituciones, destaca que si bien las elecciones “no pueden postergarse eternamente” la crisis sanitaria obliga a acordar un plazo razonable para llevar adelante el proceso electoral en condiciones de bioseguridad adecuadas para evitar el contagio masivo con el coronavirus.
Plantea que “el espíritu de Ley 226 de 24 de noviembre de 2019, Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales, que faculta al órgano electoral para convocar a elecciones en 120 días, debe mantenerse, concediendo un rango de flexibilidad para que el propio Tribunal Supremo Electoral establezca la fecha de manera oportuna, según sus necesidades logísticas para cumplir y reprogramar adecuadamente el calendario electoral”.
La Ruta de la Democracia, se pronuncia en favor de “un diálogo urgente entre todos los actores políticos” que no debería centrarse en una fecha, sino en “buscar consensos” para garantizar que el Órganos Electoral Plurinacional (OEP) asuma la reconducción del proceso electoral, que se cumpla la obligatoriedad del voto, sin poner en riesgo de contagio y de muerte a los votantes, y que se asegure el ejercicio electoral de los votantes residentes en el extranjero.
El pronunciamiento plantea que es necesario responder si “¿existe la posibilidad técnica de cumplir con el calendario electoral en el plazo de 90 días, dando condiciones para que bolivianas y bolivianos ejerzan sus derechos y obligaciones, garantizando elecciones justas, transparentes, creíbles y de calidad?”.
¿Cómo puede prevenirse el eventual ausentismo de votantes y jurados electorales el día de la elección? ¿Cómo se implementará la capacitación a jueces, notarios y jurados electorales, sobre todo en el área rural?, son otras cuestiones sobre las que exige respuestas.
Respecto a la campaña electoral, pregunta si ¿Se está considerando las tensiones sociales que imposibilitarán a varios partidos políticos el desplazamiento a ciertas regiones del país, para realizar campaña y capacitar a sus delegados en materia de control electoral? ¿No deberían los partidos contar con el tiempo suficiente para adecuar sus programas electorales a la situación económica post COVID-19?
Cuestiona también ¿Cómo puede garantizarse la transparencia del proceso electoral, sin misiones de observación electoral nacionales o internacionales?
Sobre el impacto de la emergencia sanitaria en el proceso electoral, interroga ¿Cuál será el tratamiento del material electoral, para evitar que sea un foco de contagio? ¿Cómo se garantizará que el escrutinio continué siendo público sin poner en riesgo a las autoridades y ciudadanos? ¿Cuál será el protocolo de bioseguridad para transportar actas y material electoral a los Tribunales Electorales Departamentales en observancia a las debilidades evidenciadas en la cadena de custodia en la elección del 20 de octubre del 2019?
Por último, cuestiona si “dadas las dificultades planteadas por le emergencia sanitaria, ¿es factible la realización de la DIREPRE (Difusión de Resultados Preliminares)?”.