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Por Zulema Alanes B.-
La muerte de un recluso en puertas del Hospital San Juan de Dios, activó todas las alertas en el Recinto Penitenciario de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz, y desnudó las condiciones de total indefensión y abandono en el que se encuentra la población carcelaria del país.
“Esa tragedia pudo evitarse”, aseguró a Cabildeo Digital Susana Saavedra, directora de Fundación Construir, y recordó que el pasado 9 de abril, demandaron a la presidenta Jeanine Añez que decrete el indulto carcelario.
Y efectivamente fue una muerte trágica. La red Unitel mostró el momento en que José A.A., se desplomó sin vida en las escalinatas del bus de la penitenciaría que lo transportó hasta el hospital y relató que pedía oxígeno porque no podía respirar, pero no lo auxiliaron. Luego simplemente gritó que no podía ver y se desplomó, cayó al piso, ya sin vida. Recién entonces apareció el personal del hospital con dos bolsas negras para recoger el cuerpo. Fue el tercer privado de libertad de Palmasola que perdió la vida en cuatro días.
Saavedra recordó que la petición formulada por la Plataforma Ciudadana por la Justicia y los Derechos Humanos, advertía que sólo con el indulto se podía aliviar el hacinamiento carcelario que en la actual crisis sanitaria se constituye en la peor amenaza para la salud y la vida de las personas privadas de libertad.
Detalló que “la capacidad de las cárceles de todo el país ha sido sobrepasada en 269%, lo que equivale a que los 48 recintos carcelarios que tienen una capacidad para 6.769 personas, a diciembre de 2019 albergaban a 18.208 personas privadas de libertad”.
Foto: Defensoría del Pueblo
En la petición de indulto carcelario, también le recordaron a la Presidenta del Estado, que “el 64% de las personas privadas de libertad no cuentan con condena, están con detención preventiva”.
Un decreto sin reglamento y con muchas restricciones
El 30 de abril, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el decreto presidencial de indulto y amnistía por razones humanitarias, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
“Yo les hago una súplica a las autoridades judiciales, qué están haciendo, qué están esperando para liberar a esa gente. La Presidenta ha hecho su gestión para el indulto, el parlamento ha aprobado el indulto, qué hacen las autoridades judiciales” arengó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, la mañana del martes en conferencia de prensa luego de la muerte de tres reclusos de Palmasola.
Foto: Defensoría del Pueblo
Sin embargo, horas más tarde el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, admitió que el Gobierno no aprobó el reglamento del referido decreto lo que impide ponerlo en práctica.
“Hasta este viernes o máximo hasta el lunes de la próxima semana tendremos el reglamento”, dijo en una entrevista en la Red Uno.
Estimó que al menos 2.000 privados de libertad se beneficiarán con la amnistía y el indulto en todo el país, “es un dato aproximado porque sin reglamento es difícil establecer con precisión quiénes resultarán beneficiados”.
En opinión de Susana Saavedra, ese cálculo es errado porque “el decreto tiene serias restricciones y limitaciones, por tanto tomando en cuenta las estadísticas del 2019, solo el 3,3% de la población carcelaria estaba comprendida como mayor de 58 años, lo que hace pensar que quienes se beneficiarán con el indulto y la amnistía no superarán las 629 personas”.
Según el decreto presidencial la amnistía será concedida a adultos mayores que se encuentren con detención preventiva o medidas sustitutivas a dicha detención y el indulto beneficiará a los adultos mayores con sentencia ejecutoriada, con beneficio de extramuro, detención domiciliaria o libertad condicional.
Saavedra dijo hay delitos que no tienen derecho a indulto e insistió en la necesidad de “incluir el beneficio a quienes están privados de libertad por otras causales, para beneficiar al menos a un 30% de la población carcelaria, sin tomar en cuenta, obviamente, delitos graves como homicidio, violación, infanticidio o feminicidio”.
El hacinamiento puede provocar una catástrofe
Según Susana Saavedra, la crisis generada en la cárcel de Palmasola debía ser tomada como una advertencia, “la situación puede derivar en una catástrofe”.
Dijo que “Palmasola alberga a 5.700 reclusos, registra altos niveles de hacinamiento, nos llama la atención que el gobierno no haya tomado todas las medias de bioseguridad necesarias para proteger la salud y la vida de estas personas privadas de libertad, al igual que en las cárceles de La Paz y Cochabamba, lo que no significa que en el resto la situación no sea crítica”.
Dados los altos niveles de hacinamiento, “medidas como la suspensión de visitas, la fumigación y desinfección, pueden ser absolutamente insuficientes”, advirtió debido a la extrema vulnerabilidad de la población carcelaria.
“Ni siquiera tienen la nutrición adecuada para resistir la infección con el virus”, dijo Saavedra, y recordó que “el monto del prediario asignado para la alimentación, en promedio es de Bs. 8 lo cual es insuficiente para proporcionar una nutrición adecuada y garantizar su salud, y la alimentación no es diferenciada para mujeres en estado de gestación”.
Además, habría que tomar en cuenta que “un estudio realizado el 2019, muestra que, en promedio, el 77% de la población carcelaria no cuenta con un seguro de salud y que más de 4.000 personas padecen alguna enfermedad, pero no reciben tratamiento, sea porque el recinto no cuenta con un centro de salud, por falta de acceso a medicamentos o por carecer de recursos económicos, condiciones que aumentan el riesgo de contagio con el Covid99 y de un desenlace fatal”.
Foto: Defensoría del Pueblo
La realidad de la población privada de libertad es reflejo de los problemas estructurales en la administración de justicia y del sistema penal que abusa de la detención preventiva como única solución a los problemas de criminalidad en el país.
Por último, a la par de ejecutar el decreto de indulto y amnistía, Saavedra señaló que el gobierno debía “abstenerse de utilizar el sistema penal como medida de control al cumplimiento de la cuarentena”
Reporte de Unitel
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