Cocaleros del Trópico de Cochabamba, en un cabildo realizado esta tarde, en el que también estuvieron presentes dirigentes ejecutivos de El Alto, Norte Potosí y Yapacaní, determinaron un cuarto intermedio en sus movilizaciones y bloqueos en el país.
Además determinaron exigir que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe de forma inmediata lo que se denominó Ley de Garantías en favor de los dirigentes, autoridades electas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y en favor del ex presidente Evo Morales.
“Se declara el cuarto intermedio a partir del día de hoy 26 de noviembre de 2019 y se ratifica el estado de emergencia hasta que el Gobierno de facto cumpla con los acuerdos y compromisos asumidos recientemente con los sectores movilizados en el país”, indicó el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico, Andrónico Rodríguez.
Rodríguez exigió a la ALP la aprobación de la Ley de Garantías, “exigimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional y Órgano Ejecutivo la inmediata aprobación de la Ley de Garantías para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, civiles y políticos constitucionales en favor de las autoridades políticas, electas y dirigentes sindicales. Esta ley es de mucha importancia para nosotros principalmente, para quienes de manera ilegal están siendo perseguidos, acusados, encarcelados y también de nuestro hermano presidente Evo Morales”, agregó el dirigente cocalero.
Otra de las determinaciones del cabildo estuvo referida al pedido de renuncia de la presidenta Jeanine Añez, a quien calificaron como “de facto”, según reporte del diario Opinión.
El cabildo pidió duras sanciones contra los policías que se amotinaron en el país y los motoqueros, con los que se enfrentaron en reiteradas oportunidades en la ciudad de Cercado, Cochabamba.
Al respecto, políticos en Cochabamba, afirmaron que si bien la determinación de cuarto intermedio contribuye a pacificar el país, las solicitudes de renuncia de la presidenta y de aprobación de la “Ley de garantías” constituyen demandas que están fuera del contexto nacional actual y que en el caso de aprobación de dicha Ley, se busca más la impunidad de Evo Morales y otras autoridades que ejercieron funciones en el anterior Gobierno, aspectos que no contribuyen a la pacificación.
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