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La asamblea nacional constituyente se abstuvo de disolver la Asamblea Nacional, como había denunciado el presidente encargado Juan Guaidó, al tomar consciencia del costo político que esta decisión implicaría, afirmaron diputados.
Coincidieron en que la denuncia realizada por el presidente interino tuvieron efectos que lograron detener una acción de mayor magnitud por parte de la constituyente, debido a que encendió las alarmas ante la comunidad internacional, que se pronunció rápidamente.
La noche del domingo Guaidó afirmó que la instancia chavista tenía previsto disolver el Legislativo, continuar con la persecusión contra los diputados y convocar a elecciones parlamentarias adelantadas.
No obstante, en la sesión celebrada este lunes los constituyentes solo allanaron la inmunidad de los parlamentarios José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael Guzmán y aprobaron la continuación de juicio solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia por los delitos de traición a la patria, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, entre otros.
También crearon una comisión para evaluar la fecha para realizar las elecciones legislativas, previstas para 2020, que estará integrada por Diosdado Cabello, Francisco Ameliach, y María Alejandra Díaz.
Pese a insitir en la carencia de legalidad de las decisiones tomadas desde la ANC, por ser esta una instancia «inconstitucional, espuria e ilegítima», los parlamentarios reconocieron que han tratado de desarticular el cuerpo parlamentario persiguiendo a los diputados.
«Una decisión de esa naturaleza (disolver el Parlamento) no solo iba a ser condenada sino que iba a tener consecuencias de carácter internacional.
Entendieron que era un disparate bíblico, inadmisible e insensato», señaló el diputado por Un Nuevo Tiempo, William Barrientos.
A su juicio, de haber tomado esa decisión la ANC hubiera dado un golpe de Estado a la Constitución, dado a que eliminaría a la única instancia legítima que queda en el país: «Ya le han dado un golpe al estómago de los venezolanos, a las arcas del país y a las universidades. Han humillado y sumergido a la más profunda miseria al pueblo, pero la AN se mantiene firme».
Williams Dávila, de Acción Democrática, afirmó que con las medidas emanadas de la constituyente el régimen pretende eliminar al Parlamento por inacción y hacer creer al mundo que Guaidó y la fuerza opositora se están debilitando.
«La denuncia a tiempo tuvo un efecto disuasivo efectivo. La comunidad internacional prendió sus alarmas y impidió la continuación de un golpe», dijo.
Edwin Luzardo, de la Fracción 16 de Julio, retó a la ANC a que «se trague esta luz roja y disuelvan el Parlamento», como hicieron cuando se instalaron al margen de la Constitución y convocaron elecciones a pesar de ser un organismo ilegítimo.
«Lo disolverán para ellos por la fuerza, pero ante el mundo y el pueblo seguiremos siendo legítimos», subrayó.
Amelia Belisario, de Primero Justicia, instó a la cúpula gobernante a incorporarse a sus curules en la AN: «Cuando no tienes legitimidad, estás al margen de la ley y no tienes pueblo, es muy difícil tomar decisiones como la disolución del Parlamento».
Los legisladores afirmaron que continuarán su trabajo parlamentario pese al asedio del oficialismo y que buscarán mecanismos de funcionamientos les permitan continuar con su compromiso.
«No nos vamos a dejar disolver, desarrollaremos los mecanismos tecnológicos para que la Asamblea siga cumpliendo sus funciones», precisó Dávila.
Indicó que se deben establecer instrumentos de votación electrónica para aquellos diputados que se encuentran en asilados en embajadas, en la clandestinidad o en el exilio.
Agregó, además, que se tiene que iniciar una ofensiva extranjera e implementar un mecanismo de comunicación «para romper la hegemonía del régimen y difundir un mensaje coherente de cohesión».
//El Nacional//
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